Varios empleados de la Cámara han denunciado una ola de presiones y amenazas para que renuncien a sus puestos de manera anticipada y sin compensaciones justas. Lo más impactante es que, a pesar de su fama de defensora de los trabajadores, Susana Prieto no ha hecho nada para intervenir o alzar la voz en defensa de los derechos de sus compañeros laborales. Según los trabajadores afectados, Prieto Terrazas ha ignorado completamente las súplicas y quejas de aquellos que enfrentan esta injusticia.

La desilusión entre los empleados de la Cámara de Diputados ha alcanzado niveles críticos, y muchos se sienten engañados por una figura que supuestamente estaba dedicada a protegerlos. En lugar de defender sus derechos y luchar contra las injusticias, Prieto Terrazas ha optado por el silencio y la indiferencia, una actitud que ha dejado a los trabajadores en una situación vulnerable y desprotegida.

Las críticas hacia Susana Prieto Terrazas no se han hecho esperar. Activistas y colegas legislativos han señalado que esta situación revela una doble moral alarmante en su comportamiento. Mientras que en sus discursos se presenta como una ferviente defensora de los derechos laborales, en la práctica parece que su compromiso con los trabajadores es inexistente.

La situación ha generado una ola de indignación y protestas entre los trabajadores, quienes exigen una respuesta inmediata y contundente de Prieto Terrazas. «No podemos quedarnos callados mientras alguien que se autoproclama defensora de los trabajadores nos traiciona de esta manera», expresó uno de los líderes de la protesta. «Exigimos justicia y respuestas por parte de Susana Prieto.»

Este escándalo amenaza con derrumbar la imagen pública de Susana Prieto Terrazas y podría marcar el inicio del fin de su carrera política. La falta de acción y su aparente desprecio por los trabajadores que dice representar han dejado una mancha imborrable en su trayectoria, y ahora enfrenta la posibilidad de una investigación formal que podría poner en jaque su posición en la Cámara de Diputados. ¿Será este el fin de la carrera de una política cuya fachada de defensora de los derechos laborales ha sido desmantelada por su propio abandono? El tiempo y la justicia lo dirán.

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“Consideramos que son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoma el sentido social de la Constitución de 1917, así que consideramos que es un paquete de reformas que habrá de discutirse ampliamente y que puede llegar a mejorar y a consolidar el bienestar de nuestra gente”, dijo el mandatario durante la presentación de las reformas que ya están en la Cámara de Diputados.

Podrían reformar más instituciones

Desde hace varios meses el presidente advirtió que propondría extinguir a la mayoría de los organismos constitucionalmente autónomos, regresar sus funciones a las Secretarías de Estado y otras instancias. Ayer, propuso eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Sin embargo, la reforma administrativa de AMLO está dividida en dos partes, mientras que la primera se enfoca en estas instituciones “creadas durante los gobiernos neoliberales”, la segunda también considera la eliminación, fusión o integración de al menos 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas a fin de simplificar las estructuras orgánicas de las dependencias.

“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, señala la iniciativa enviada por AMLO, la cual contempla, pues, los siguientes cambios:

• Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados(Comar): se convertiría en una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación (Segob)
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): sería una unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
• Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNIC): pasaría a unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
• Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables: se convertiría en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un órgano administrativo desconcentrado de la Sader
• Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP): sería una unidad administrativa de la Sader
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali): pasaría a ser unidad administrativa de la Secretaría de Cultura
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): sería unidad administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC): sería unidad administrativa de la Semarnat
• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee): se transformaría en unidad administrativa de la Secretaría de Energía (Sener)
• Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve): sería unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS)
• Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes): sería unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam): pasaría a unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
• Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis): sería unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA): se eliminaría
• Dirección General de Publicaciones (DGP): pasaría como unidad administrativa al Fondo de Cultura Económica (FCE)
• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia): sería unidad administrativa de la Secretaría de Salud (Ssa) y junto con la Dirección General de Políticas en Salud Pública se crearía el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
• Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): se fusionarían en una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

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Con esta modificación a la Ley del Trabajo los permisos de paternidad pasarán de cinco a 20 días a partir del nacimiento del menor o en el caso de la adopción de un infante.

Los cambios legales aprobados por 409 votos a favor también estiman que, en caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido, el permiso podrá ser de hasta 30 días.

Estos nuevos beneficios serán aplicables a trabajadores del Estado mexicano como a los empleados formales del sector privado.

Para estos fines se reformó el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y, se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los cambios fueron enviados a su colegisladora, la Cámara de Senadores, para su análisis, discusión y posible aprobación, previo a su oficialización.

En la discusión del dictamen, el diputado coordinador del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez, sostuvo que en la actualidad el permiso por paternidad depende de la buena voluntad de los patrones.

Sin embargo, recordó que en octubre de 2021 el Poder Judicial aprobó un acuerdo para equiparar a 12 semanas las licencias de paternidad y maternidad, para que ambos puedan disfrutar del cuidado de la infancia.

“Hoy un trabajador que tiene un hijo o hija, tiene que pactar con el patrón un permiso de paternidad de cinco días, y como no es un derecho expresado en la Constitución, ni siquiera tenemos un registro de cuántas personas acceden o pueden ejercer este permiso de paternidad”, dijo.

En su oportunidad, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María del Rocío Corona, señaló que esta nueva disposición permitirá lograr una distribución equitativa entre hombres y mujeres en lastares de cuidado de un menor.

En esto coincidió la diputada del derechista Partido Acción Nacional (PAN), Berenice Montes, quien consideró necesario igualar las cargas de trabajo en el hogar y cerrar la brecha de desigualdad de género.

Además, se mostró a favor de fortalecer e incentivar los derechos laborales de los padres trabajadores, así como de las mujeres, para cultivar la relación de los hijos con los padres.

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Luego del retraso, en octubre se resolvió que el dictamen pasaría por los foros de parlamento abierto convocados por la Cámara de Diputados, que incluirían las voces de académicos, magistrados, empresarios, trabajadores y dirigentes sindicales. A lo largo de cinco foros, los participantes expresaron sus visiones, datos y propuestas sobre el dictamen y, finalmente, este miércoles se alcanzó el tan esperado consenso de todos los grupos parlamentarios que permitirá enviar el dictamen a su discusión en el pleno.

“En estos parlamentos abiertos llegaron varios expertos que nos dijeron que si trabajamos menos, producimos más. Los empresarios de este país que llevan años diciendo que necesitamos producir más, tienen buenas noticias: con la reducción de la jornada, vamos a producir más […] esa es otra de las bondades de la iniciativa. Y cuando ellos dicen que va a incrementar el costo en la nómina, este no rebasa el 2% del costo de los productos terminados a la venta del público. Estamos hablando de migajas para los empresarios”, dijo este miércoles la diputada Prieto Terrazas en el programa Parlamento En Vivo, de la Cámara de Diputados.

¿Qué se decidió sobre la reducción de la jornada laboral?

Este miércoles, el dictamen que reforma el artículo 123 constitucional, en materia de jornada y descanso laboral, finalmente fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló en X (antes Twitter) que hará llegar a la Mesa Directiva las conclusiones y los libros blancos del parlamento abierto en materia de reducción de la jornada laboral para continuar el trámite legislativo. La propuesta alista revisiones y correcciones para luego pasar a discusión en el pleno, y se espera que se vote antes del 15 de diciembre de 2023, fecha en que finaliza el actual periodo de sesiones.

De aprobarse en el pleno de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores votaría la iniciativa, y esta pasaría por dos fases: la modificación a la Constitución y los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para definir cuáles son las reglas para su implementación. En esa etapa, la iniciativa podría ajustarse con temas como la gradualidad de su implementación, o la flexibilidad de la norma.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tereso Medina Ramírez, hizo un llamado a los empresarios a ver la reducción de la jornada laboral como una inversión. “Organismos internacionales han dicho y han sostenido que no es cierto que trabajando más horas se tenga mejor productividad. Yo les hago un llamado a que vean esto como una inversión, y que mejor nos pongamos a platicar de capacitación, de educación, de formación, y un tema muy importante, de medición de la productividad para que esa medición se convierta en bonos reales y alcanzables, y mejoremos los salarios de los trabajadores”, dijo.

En redes sociales, la ciudadanía se ha movilizado bajo el hashtag #YoPorLas40Horas como muestra de apoyo a la aprobación de la iniciativa. Esta no es la única que pretende brindar mejores condiciones de trabajo a los mexicanos. Recientemente, se realizó un cambio a la tabla de enfermedades de trabajo que incluye treinta tipos de cáncer de origen laboral, estrés grave y enfermedades como la endometriosis. Además, existen iniciativas como la Ley Silla para que quienes trabajan de pie, puedan tomar descansos a lo largo de la jornada y evitar repercusiones a su salud.

La regulación de los tiempos de trabajo es una de las preocupaciones más antiguas en cuanto a legislación laboral. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya a inicios del siglo XIX se había reconocido que trabajar durante largos periodos suponía un peligro para la salud de las personas trabajadoras y sus familias. El primer convenio adoptado en 1919 por la organización limitaba las horas de trabajo y establecía periodos de descanso adecuados para los empleados con el fin de garantizar la productividad en las empresas y, al mismo tiempo, cuidar la salud física y mental de los trabajadores.

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A pesar de que el 3 de noviembre los senadores mexicanos aprobaron por unanimidad la reforma de los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, el acuerdo para ampliar las vacaciones en México, aún en discusión, podría cambiar.

Hasta ahora se sabe que es posible que los diputados mantengan los 12 días de vacaciones pagadas después de cumplir el año de trabajo, pero a diferencia de lo que se había planteado en el Senado que obligaba a los trabajadores a tomar los días de manera continua, seis de los 12 serán de golpe y el resto dependería de la negociación que el trabajador y el patrón tengan.

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El sector empresarial también ha propuesto que la aplicación sea de manera escalonada, misma que otorgaría a los trabajadores nueve días en 2023 y uno más cada año hasta llegar a los 12 para 2026.

Lo que permanecería en la reforma es que las vacaciones aumentarán dos días después de cada año cumplido hasta llegar a un máximo de 20 y que aquellos trabajadores que estén en un empleo con contrato vigente que no favorezca sus derechos tendrán la facultad de solicitar un nuevo dictamen en su contrato individual o colectivo.

Los empresarios están reacios a aceptar porque el aumento de las vacaciones traerá consigo el aumento de las primas vacacionales y se deberá suplir al personal que descanse.

Se espera que la Cámara de Diputados discuta la reforma para que su implementación se lleve a cabo a partir del 1 de enero de 2023 o al siguiente día de su publicación del año 2023.

Por más de 50 años, los trabajadores en México han tenido un periodo vacacional de seis días con la Ley Federal del Trabajo vigente desde abril de 1970. En el pleno, el presidente de la Junta de coordinación política, Ricardo Monreal, aseguró que la aprobación del proyecto es histórica y “un acto de justicia para la clase trabajadora mexicana”.

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La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), dijo que México tiene los periodos de vacaciones más cortos del mundo, por lo que la aprobación de esta reforma es una deuda histórica con la clase trabajadora de México.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, los seis días de México, efectivamente, colocan al país latinoamericano como uno de los que menos vacaciones otorga a sus empleados. Solamente China y Filipinas con cinco días y Liberia con cinco días y medio están por debajo de las vacaciones actuales que establece la ley mexicana. Nigeria y Tailandia tienen los mismos días de vacaciones anuales pagados que México.

En Estados Unidos no existen los días libres remunerados establecidos en la ley; las vacaciones quedan sujetas a una negociación entre el empleado y el empleador de acuerdo con su Acta de las normas del trabajo equitativo de 1938. Según datos del Banco Mundial, otros países como Palau, Micronesia, Gambia, Tonga e Islas Marshall no cuentan con días libres remunerados.

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De los 189 países miembros que integran el Banco Mundial solamente son los mencionados los que están por debajo o a la par de México en este derecho laboral; por arriba de los seis días que actualmente se encuentran operativos, hay países como Hong Kong con siete días, Singapur también con siete días, Puerto Rico con nueve, Honduras y Japón ambos con 10.

A pesar de que se planea el ajuste de los 12 días, en realidad esta cifra de vacaciones pagadas solo pone a México a la par de países como Argentina, Belice, Vietnam o Mozambique.

Otros países que, a pesar de la reforma tienen más días de vacaciones que México son Perú con 13 días; Israel con 14; Bolivia, Colombia, Guatemala, Venezuela y Chile con 15 días; Tanzania con 20; Egipto con 21; España, Panamá y Rusia con 22; Brasil e Italia que tienen 26 días o Francia y Nicaragua con 30 días de vacaciones pagadas, por mencionar algunos.

De acuerdo con los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los mexicanos acumularon un promedio de 2.128 horas trabajadas anuales (cifra que se obtiene del número total de horas efectivamente trabajadas por año dividido por el promedio de personas empleadas por año). Esto coloca a la nación latinoamericana como el país con más horas trabajadas perteneciente a la organización; en contraste, es también México el país menos productivo.

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De este modo, países como Costa Rica, Chile, Colombia, Estados Unidos, España o Japón acumulan menos horas. Los últimos datos muestran que Costa Rica, por ejemplo, tiene un promedio de 2.073 horas trabajadas, Chile 1.916, Colombia 1.964, Estados Unidos 1.791, España 1.641 y Japón 1.607, por mencionar algunos.

A la espera del nuevo dictamen que promete que los mexicanos inicien el 2023 con buenas noticias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) declaró que esta reforma podría mejorar las condiciones laborales y propiciar el aumento de la productividad laboral; sin embargo, los esfuerzos aún no serían suficientes para que el país se encuentre dentro de los parámetros que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció en 1970; según el convenio C132 de la OIT, las vacaciones deberían consistir, por lo menos, en tres semanas laborables por un año de servicio y una fracción no menor a dos semanas laborables ininterrumpidas.

Fuente: El País https://elpais.com/mexico/2022-12-08/las-vacaciones-en-mexico-contra-el-resto-del-mundo-fuera-de-las-recomendaciones-internacionales.html.

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Las recetas contra la inflación suelen conllevar efectos secundarios. Los países de medio mundo han elevado a marchas forzadas sus tasas de interés ante la imparable escalada global de los precios. El Banco de México (Banxico) ha sido uno de los más expeditivos con 10 subidas consecutivas en poco más de un año para dejar el listón en el 8.5%, récord histórico. La contrapartida, además de un previsible enfriamiento de la actividad económica, ha sido una crecida de los costes de la deuda: un 30% más que el año pasado, según las previsiones del Gobierno presentadas esta semana en el proyecto de presupuestos para 2023.

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El aumento obligará a tirar de déficit, que crecerá más de medio punto según el mismo proyecto, y así cuadrar las cuentas de uno de los presupuestos más expansivos de los últimos años, con los que Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar el pulso del gasto social después del bache de la pandemia. El propio presidente salió al paso este fin de semana culpando de la coyuntura a los gobiernos anteriores: ”En crisis decidieron salvar, rescatar las pérdidas de los bancos y las pérdidas de las grandes empresas y convirtieron las deudas de ellos en deuda pública”.

Pese al reproche del presidente, en el esbozo de los presupuestos no aparece una subida del monto de la deuda pública, que se mantiene en el límite del 50% del PIB. Lo que crece es el coste financiero de esa deuda. Es decir, los intereses y comisiones que debe pagar el Gobierno federal y las empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para amortiguar el golpe, la secretaría de Hacienda prevé que el déficit suba en 215.000 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2022, hasta llegar un 3.6% del PIB.

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Las estimaciones concretas del comportamiento bursátil de los títulos de deuda son también elocuentes. Las posiciones extranjeras en deuda mexicana a corto plazo —los llamados Cetes— se encarecerán notablemente. En los papeles a 28 días, la tasa subirá casi el doble hasta el 8,9%. Otra indicador es la comparación del peso del coste financiero de la deuda en relación a otras partidas. Este mismo verano, el apartado dedicado al pago de intereses supera al previsto para el gasto público.

El Gobierno pretende precisamente aumentar el techo de gasto para el año que viene. El proyecto de presupuesto presentado este jueves ante la Cámara de Diputados contempla un desembolso total de 8,3 billones de pesos, un 11% más en términos reales que lo aprobado para este año. La política social se llevará casi la mitad, 3,9 billones de pesos, un aumento del 9%. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, definió el paquete como “equilibrado, responsable y realista” durante la presentación. La Cámara de Diputados, donde el Gobierno cuenta con mayoría, debe aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre.

Fuente: El País.

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Yon de Luisa y Mikel Arriola, presidentes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Liga MX, respectivamente, fueron cuestionados este jueves por los diputados por la violencia que se generó en el partido disputado entre Gallos Blancos y Atlas el pasado 5 de marzo.

Fue un espacio para que pudiéramos precisar las medidas para terminar con las barras, pero estas requieren de implementación. Lo que hoy le explicamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación”,

explicó Arriola tras la reunión privada con los miembros de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

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El pasado 5 de marzo, en el Estadio Corregidora de Querétaro hinchas del equipo local y el Atlas protagonizaron una batalla multitudinaria que dejó 26 heridos y 27 detenidos, dos de los cuales salieron libres por falta de pruebas.

Las imágenes de la pelea en Querétaro dieron la vuelta al mundo y provocaron reacciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió más responsabilidad a los directivos del balompié, y la citación de los diputados a De Luisa y Arriola, máximas autoridades del fútbol en el país.

Hemos dicho que es el principio del fin de las barras. Ya no se permiten menores de edad en la zona de las barras, ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de los clubes y nos comprometimos con los diputados a seguir informando e implementando”,

añadió Arriola, antiguo político.

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El excandidato a alcalde de Ciudad de México reveló que entre los compromisos que platicaron con los diputados es que antes de finalizar marzo los integrantes de las barras de los equipos de la Liga Mx ya estarán registrados con credenciales y que se tiene como plazo hasta el inicio de la próxima temporada tener en funcionamiento el ‘Fan ID’ en todos los estadios de la primera división.

“Es inédito que tengamos esta reunión. Los coordinadores de los partidos opinaron, tomaron nota, todas las preguntas se respondieron. Nos pusimos de acuerdo para enfrentar un fenómeno social que no puede poner el prestigio de una nación ni de una ciudad como Querétaro”,

sentenció Ruben Moreira, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política.

Fuente: López Doriga.

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Una iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad de México por encima de empresas particulares entró en fase de discusión en la Cámara de Diputados con el inicio del llamado Parlamento Abierto.

En este contexto, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, visitará el país el jueves y viernes, y se reunirá con varios integrantes del Gabinete, entre ellos con su homóloga Rocío Nalhe, el canciller Marcelo Ebrard, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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El Ejecutivo adelantó que durante el encuentro agradecerá a la funcionaria estadounidense la autorización del gobierno de Joe Biden para la compra por parte de México de una refinería Shell en Texas, pero además le explicará los motivos de su propuesta de reforma al sector eléctrico.

“Se van a tratar todos los temas, siempre es así, no hay ningún tema intratable o vedado, todos los temas, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica; si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión, se la voy a dar con mucho gusto. Y otros temas que puedan salir”,

dijo López Obrador.

En tanto, en la Cámara de Diputados dio inicio el Parlamento Abierto, en el que especialistas, empresarios, gobernadores y funcionarios expresarán sus posturas sobre la propuesta presidencial.

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El diputado del PRI, partido de oposición, Rubén Moreira señaló que se abrirá “un gran debate nacional sobre el futuro de la electricidad” en México.

Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha señalado que empresas estadounidenses, respaldadas por Washington, tienen preocupaciones sobre la reforma, ya que han hecho inversiones de miles de millones de dólares en el vecino país.

Fuente: Voz de América.

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