“Posiblemente hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada, pero no se puede decir que participó el Ejército en la desaparición de los jóvenes, hasta ahora no hay pruebas”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en Michoacán.  

Esto después de que el pasado 1 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo nuevas órdenes de captura contra los ocho soldados vinculados con el caso Ayotzinapa que había sido liberados en enero pasado por una jueza federal tras considerar que no había riesgo de fuga.

Los ocho son procesados por el delito de desaparición de personas; estaban destacamentados en Iguala la noche de la desaparición de los normalistas y se les vincula con la delincuencia organizada.

Aunque el mandatario reconoció la responsabilidad del Estado en el caso, argumentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no estuvo involucrada. En cambio, arremetió en contra de quienes critican a la institución.

“La intención no es castigar a presuntos responsables del Ejército, sino ir en contra de la institución”, dijo.

Incluso, mostró diversos documentos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y firmados por su ex secretario ejecutivo y hoy senador mexicano, Emilio Álvarez Icaza, en los que se conceden medidas cautelares a favor de los estudiantes normalisas y sus familias, sin que se haga alusión a las fuerzas armadas.

Los padres y madres de los 43 estudiantes argumentan que la Sedena no ha entregado todos los documentos sobre la desaparición de sus hijos y exigen que se abran sus archivos.

En cambio, López Obrador ha sostenido en diversas ocasiones que los militares ya entregaron “todo” y ha respaldado al Ejército.

El año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció que saldría del país tras denunciar que las Fuerzas Armadas han obstaculizado las indagatorias sobre el caso.

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Uno de ellos, miembro de la Secretaría de Defensa, informó a la AP que el jueves por la tarde ya se habían cumplimentado las órdenes de aprehensión contra los ocho elementos por el cargo de delincuencia organizada.

Por su parte, un funcionario de la Fiscalía General de la República confirmó las detenciones, pero no los cargos. Ambos hablaron a condición de guardar el anonimato por no estar autorizados a comentar el tema públicamente.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero del sur del país, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes de la escuela normal rural de la localidad de Ayotzinapa, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.

La decisión de la jueza —con la que revocó la prisión preventiva a los militares por medio del pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados— fue duramente criticada, y no sólo por los abogados de las víctimas. 

El gobierno y la fiscalía sorprendieron entonces con una airada condena al fallo de la magistrada, y la fiscalía anunció que lo recurriría y que interpondría acciones jurídicas por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo interpretó como un nuevo ejemplo de jueces que benefician a criminales, declaración que no sorprendió porque sus críticas al Poder Judicial son continuas. Siempre ha dicho que la participación de elementos de las fuerzas armadas en el caso Ayotzinapa se reduce a un puñado de elementos.

Sin embargo, la nueva detención suscita más preguntas que respuestas sobre cómo se investiga este caso, que aunque este gobierno se ha referido a él como “un crimen de Estado”, ha tenido muchas irregularidades desde que comenzó. 

No deja de sorprender que los ocho militares detenidos de nuevo forman parte del grupo cuya detención se pidió en 2022, luego se retiró —en teoría por carecer de elementos—-, pero posteriormente volvió a pedirse por el delito de desaparición forzada ante la presión de los abogados de los padres de los estudiantes. 

La participación de las fuerzas armadas en el caso está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó la actuación de los militares.

Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades, ya que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.

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“La atención del caso Ayotzinapa, de 43 estudiantes desaparecidos, sigue siendo una prioridad del Estado mexicano. No se ha escatimado ni se escatimarán esfuerzos hasta lograr la memoria, la verdad la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias en este caso que tanto lacera a la sociedad mexicana”, dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García.

El representante de Exteriores fue el jefe de la delegación oficial que representó hoy a México en el Examen Periódico Universal, un ejercicio de revisión de las políticas, avances y temas pendientes en derechos humanos al que todos los países miembros de Naciones Unidas deben someterse cada cierto número de años.

Las familias de las víctimas del caso Ayotzinapa creen que las fuerzas de seguridad no han proporcionado toda la información que tienen sobre lo que pasó con los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, aunque el gobierno y las fuerzas armadasaseguran que han colaborado en todo lo que han podido.

Por otra parte, la delegación de México respondió a varios países que expresaron preocupación sobre la gestión de la migración y señaló que en 2023 se rompió el récord de solicitudes de refugio y de otros tipos de protección internacional.

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Varios comentarios de cercanos a los manifestantes revelaron que la concentración podría permanecer en el lugar hasta el próximo lunes, cuando está prevista una reunión en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), o bien hasta el martes, día en que se conmemoran nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Los padres de los estudiantes levantaron una carpa donde estarán acampando frente a este complejo como expresión del reclamo al Ejército del país norteamericano para que entregue la información necesaria y así dar con el paradero de los más de 40 estudiantes normalistas desparecidos.

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Los hechos ocurrieron en la manifestación frente a la embajada de Israel de varios cientos de jóvenes vándalos y los padres delincuentes de los 43 estudiantes desaparecidos también delincuentes secuestradores de camiones, en el 2014 para exigir a Israel que extradite al exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien vive desde 2019 en ese país.

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El gobierno incapaz de Andrés Manuel López Obrador ha solicitado reiteradamente a las autoridades israelíes que extraditen a Zerón, en un intento por tener un chivo expiatorio. Este supuestamente, enfrenta cargos por torturas, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en el caso de los 43 vándalos de la normal rural de Ayotzinapa que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la población sureña de Iguala, estado de Guerrero.

Un grupo de delincuentes, con los rostros cubiertos con camisetas, pintó varios grafitis en la fachada de la sede diplomática, con frases como “ni perdón ni olvido” y “muerte a Israel”, y destruyeron cámaras de seguridad.

El incidente fue condenado justamente por el embajador de Israel en México, Zvi Tal, quien indicó, en un mensaje leído frente a la sede diplomática, que los hechos vandálicos “no tienen relación alguna con el caso de Ayotzinapa” y sostuvo que a pesar del “dramático evento” su gobierno sigue creyendo en el futuro de la relación diplomática.

Sobre la solicitud de extradición de Zerón, el embajador dijo que lsrael “debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales” mientras examina la petición de México.

La manifestación se da pocos días después que el gobierno anunció la detención de tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y fue mencionado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, mentiroso al servicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo señaló a petición de su jefe el presidente más autoritario, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los estudiantes.

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En su último informe, la Comisión de la Verdad, grupo conformado por lacayos del gobierno Obradorista, calificó el caso de Ayotzinapa de “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Poco después de la difusión del informe, la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Tras el anuncio, en un acto de autoritarismo y de injusticia por el gobierno actual, apresado el exprocurador general Jesús Murillo Karam.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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