En medio de la incertidumbre y crisis económica, la intención de la IP alemana por invertir en México despuntó durante los primeros meses del 2022, sin embargo, observan con preocupación la política económica que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el aumento del crimen y la violencia.

De acuerdo con la encuesta de primavera “World Business Outlook” realizada por la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (DIHK), 9 de cada 10 empresarios asegura que la inseguridad está igual o peor respecto a los últimos seis meses, y que afecta el desarrollo de los negocios.

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Ante el agravamiento de la violencia, el empresariado alemán agregó la variable de la inseguridad a la encuesta para evaluar el impacto en sus negocios, luego de que “el 55% de los empresarios ha observado un deterioro en la situación de la seguridad en los últimos seis meses”, mientras que el resto considera que sigue igual respecto al otoño del 2021, sostuvo Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa).

Al ser cuestionados sobre cómo ha afectado el crimen y/o la violencia en el país a su negocio en los últimos 6 meses, el 39% respondió que perciben un mayor impacto, pues la situación de seguridad se ha deteriorado y el 16% sostuvo que han tenido un impacto mucho mayor. Mientras que el 37% consideró que la situación de seguridad no cambia.

La Camexa cuenta con 750 empresas agremiadas, entre ellas Volkswagen, Audi, Bosch, BMW, del ramo automotriz, así como farmacéuticas, agroalimentarias, aerolíneas como Lufthansa, entre muchas otras.

El directivo del organismo mexicano-alemán mencionó que el optimismo con respecto al desarrollo de los negocios de la propia empresa es aún mayor con respecto a la economía del país en su conjunto, de 51% contra el 19 por ciento.

Y es que consideran que la política económica dictada por el actual gobierno es otro de los mayores riesgos en el desarrollo económico de su empresa en los próximos doce meses, en el que 60% de los encuestados lo observan con preocupación, respecto al 53% que respondieron durante el otoño del 2021.

El marco de política económica y los precios de las materias primas continúan siendo motivo de preocupación”, sostuvo Johannes Hauser.

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Entre los principales problemas que observan en el corto plazo por la situación de Ucrania y Rusia son las interrupciones en la cadena de suministro y logística (con 61%); mayores costos de energía, materias primas y trabajos preliminares (58%); falta de materias primas e insumos (52%); parada de producción y producción reducida.

Pese a ello, el optimismo se manifiesta en las intenciones de inversión.

Fuente: El Economista.

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Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

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De una amarga Navidad a una agria cuesta de enero. Así se resume el impacto que ha tenido la inflación en el bolsillo de los mexicanos en las últimas semanas y que amenaza con seguir exprimiendo el valor de peso en los siguientes meses.

El villano favorito es el limón, cuyo precio ha rebasado los 80 pesos por kilo en algunas regiones del país y quitado el sabor a muchos platillos y alimentos preferidos de los consumidores.

“El limón es una fruta que yo requiero diario. No hay pozole sin limón y no hay caldo sin limón”,

comentó en entrevista Mariana Cruz Arrieta, quien vende pozole, caldo de gallina y antojitos mexicanos en el Pueblo de Santa Fe de la Ciudad de México.

El precio del limón en 2022

La microempresaria detalló que en un día en el que no hay mucha venta utiliza hasta 3 kilos de limón: “Nunca nos había tocado que estuviera tan caro y no puedo disminuir la cantidad de limón que le doy a mis clientes”.

“Nosotros no podemos decir ‘hoy no compro limón’, pues es básico para los tacos; sigue estando caro y sí nos afecta al bolsillo”,

comentó por su parte Enrique García Flores, taquero del Mercado Santa Fe.

Ambos comerciantes señalaron que el kilo de limón de primera, en la Central de Abastos, ha costado hasta 45 pesos, cuando antes del aumento oscilaba entre 15 y 20 pesos.

“Hay limones más chiquitos, pero no nos gustan”,

dijo García.

“Las amas de casa y las familias tienen un patrón de consumo diferente. Las familias tienen una canasta básica y hay una canasta familiar. Hay cierto segmento de la población que ve en el limón un elemento básico en su dieta”,

explicó Pablo López Sarabia, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey.

“Una cosa es la inflación que medimos los economistas. Otra cosa es la inflación que percibe el ama de casa. Estos precios impactan a cualquiera, de manera directa o indirecta”,

agregó.

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El encarecimiento del limón es un duro golpe a las ganancias de los comerciantes. “Diario nos afecta unos 400 pesos. Es algo considerable”, señaló Enrique García. Mientras que Mariana dijo que en su negocio el impacto es de, al menos, un 40% más de lo habitual.

El 14 de enero, un kilo de limón llegó a costar 70.86 pesos, el precio más alto en lo que va del mes, mientras que en enero del año pasado era de 16.58 pesos, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural (Sader).

Sin embargo, en algunos establecimientos este fruto llegó a venderse en 80 pesos.

“El incremento en los precios de los alimentos es un tema sensible para los consumidores, pues estos son satisfactores de las necesidades más básicas de cualquier persona. Es por ello que la inflación tiene un efecto mucho más adverso sobre aquellos que perciben menos ingresos, pues les impide el poder adquirir incluso aquellos bienes y servicios más esenciales”,

dijo Alejandro Saldaña, economista en jefe de banco Ve por Más (BX+).

Factores del aumento del precio del limón

El aumento de precios promedio de los alimentos fue de 28% en el mundo durante 2021, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Esta es la cifra más alta en una década.

Aunque muchos países han registrado problemas de producción, como consecuencia del coronavirus, hay otros factores que tienen que ver con el aumento de precios, como el aumento de insumos como fertilizantes, combustibles y transporte; el cambio climático y las disrupciones en las cadenas de producción.

Además, agregó Pablo López Sarabia, hubo un cambio en los patrones de consumo, pues al estar en casa “la gente cocina más y demanda más productos”.

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En México entre enero y marzo es cuando suele registrarse una menor producción de limón. Al 31 de diciembre del año pasado la producción de limón fue de 2 millones 964,621.07 toneladas, según datos del SIAP.

De la producción total de limón del país -México es el segundo productor mundial de este cítrico, detrás de India-, se exporta alrededor del 30%.

Aunque la oferta no se ha modificado, la demanda sí, pues la gente ha aumentado el consumo de cítricos, particularmente de limón, en la temporada de frío para cuidar y proteger las vías respiratorias.

“No es lo mismo traer limón de Colima a Hidalgo que a la Ciudad de México, puede haber una variación de hasta 15 pesos en el kilo, algo que responde al aumento de los combustibles y al menos número de conductores para el transporte de productos»,

dijo el profesor del Tecnológico de Monterrey.

Otro punto a considerar es la inseguridad. En Michoacán, uno de los principales estados productores, es afectado por el crimen organizado sin que se tengan expectativas de una pronta solución.

¿Y si importamos limón?

Es verdad que una mayor oferta ayudaría a disminuir el precio del limón, sin embargo, por los costos de logística y las cadenas de suministro, no sería posible en este caso.

La mayor demanda del limón coincide con el invierno y el periodo de menor producción, pero una vez que pasen los fríos y se normalice la producción, los precios bajarán, aunque no será tan rápido.

“Si la escasez y los altos costos de insumos (fertilizantes) y servicios de transporte ceden más adelante en el año, conforme se corrigen los cuellos de botella en la economía mundial, pueda tener lugar una corrección en los precios del limón y otros bienes agropecuarios”,

anticipó Saldaña de BX+.

“Posiblemente no lo veamos (al limón) en niveles de 80, como lo tenemos, pero sí en niveles cercanos a los 40 (pesos), pero va a depender mucho de la producción de estados clave, como es el caso de Veracruz, Colima y Michoacán. Sobre todo, porque estamos en un entorno de pandemia y dislocación de las cadenas de suministro”,

concluyó Pablo López Sarabia.

Fuente: Expansión.

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Y de nuevo en Tijuana, el pasado domingo, encontraron el cadáver de la reportera Lourdes Maldonado con el rostro acribillado. Hace tres años acudió a una conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que temía por su vida. Los esquemas de seguridad fallan, una y otra vez, mientras los criminales, a menudo vinculados a los carteles de narcotraficantes, siguen impunes. Este martes una cadena de concentraciones en 23 Estados del país pedirá al Gobierno que actúe para proteger a los comunicadores y garantizar el derecho a la información.

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Pero la violencia contra los periodistas no es la única imagen terrible de ese caleidoscopio. Ciudad Juárez ha sido escenario, de nuevo, de un feminicidio que ha revuelto a una comunidad ya acostumbrada a convivir con ese abismo. El doble crimen de Tania y Nohemí, asesinadas y tiradas en la cuneta, encierra además todo el odio contra el colectivo LGTB+. Lo inhumano ha convulsionado también a Puebla, donde el cuerpo de un bebé de tres meses fue arrojado en el basurero de una cárcel tras haber sido robado en un cementerio de Iztapalapa, en Ciudad de México. Por este escalofriante caso, de momento, han sido detenidos 19 funcionarios del penal. Y más víctimas: el viernes dos turistas murieron en una balacera en un hotel cinco estrellas del parque temático Xcaret en la Riviera Maya.

Política y diplomacia

A pesar de la brutalidad de la semana, México ha tenido otros dos focos informativos. Uno estrictamente político, por el nombramiento de 16 nuevos embajadores y altos cargos en plazas clave en América Latina y Europa. El presidente eligió a personas de confianza, pero sus designaciones -entre las que figuran ex dirigentes del PRI y un historiador acusado de acoso sexual, Pedro Salmerón, que ha provocado una enorme indignación- se configuran como un campo de batalla interno de Morena, el partido que sostiene al Gobierno.

Fuente: El País.

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Reina se pasea cansada y sudorosa por la Calle República de Colombia, en el Centro Histórico de Ciudad de México, cargada con bolsas negras llenas de juguetes. Esta mujer menuda, de 38 años, las lleva con esfuerzo, pero camina a prisa, a la caza de más productos que debe comprar a un precio más barato aquí en la capital que en Ecatepec, donde vive. Allá los expondrá en su puesto de tianguis, a la espera de que la gente se anime a adquirir los juguetes como regalo de Día de Reyes. Este año, sin embargo, se ha topado con un incremento de precios que tiene su explicación —según los comerciantes consultados— por la inflación que afecta a México, pero también por las dificultades en las importaciones de los productos debido a la pandemia, principalmente desde China, un enorme productor de estos objetos que son el deleite de los niños.

“Este año los precios se elevaron demasiado”, afirma la comerciante. “Todo ha aumentado y por eso vengo hoy [por el martes] porque mañana [víspera de Reyes] aumentarán más los precios”, dice Reina.

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México ha sufrido una constante escalada de precios, registrándose en noviembre el índice de inflación más alto en 20 años, al alcanzar este el 7,37%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las alzas han golpeado con mayor fuerza las tarifas eléctricas, con un aumento mensual de 24,16%, pero también a alimentos como el tomate verde (71,8%), chiles frescos (30,6%) y el jitomate (25,3%). La misma institución registra también un incremento en los precios de los juguetes de hasta un 6%, una de las más altas registradas en años recientes. Estas alzas han sorprendido a economistas y superan los pronósticos del Banco de México, que situaba el índice de precios en un 3%.

“Hoy he invertido en estos juguetes 2.500 pesos, pero he comprado menos que el año pasado”, explica Reina. “Esta temporada también se nos bajaron las ventas, pero la gente sigue comprando en los tianguis y bazares, aunque tengo que trabajar el doble para poder sacar un poquito más de dinero, o al menos lo que se invierte”, agrega.

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La República de Colombia es esta mañana cálida de enero un hormiguero sofocante. Los comerciantes gritan atrayendo clientes: “¡Pásele, todo a mitad de precio!”, “¡Venga, güerito, a cien pesos los juguetes!”, “¡Rebajas, rebajas, pregunte!”. Los vendedores ambulantes ofrecen la mercancía con insistencia y miles de personas se mueven con lentitud de romería en esta avenida disminuida por los enormes puestos de productos, en los que personajes de Toy Story disputan la atención de los andantes con robots, figuras de Pokémon, muñecas desangeladas, imitaciones de Barbie y centenares de peluches rechonchos y otros hasta grotescos. En una esquina privilegiada de esta avenida rodeada de casas coloniales venidas a menos está Francisco Ramírez, de 53 años, un robusto comerciante que cuenta con tres puestos de juguetes, en los que emplea a integrantes de cuatro familias. Mientras ellos gritan las mercancías y las ofertas, Ramírez empaca en cajas de cartón lo que la gente va pidiendo, algunos incluso arrebatan los objetos de las manos de otros, en busca de la chuchería que seguro ha pedido el nieto, hijo o sobrino.

“Para mí las ventas están bien, porque tenemos una línea de ofrecer productos de buena calidad al mejor precio”,

dice Ramírez.

Las ventas van tan bien que él afirma que ha vendido entre 30.000 y 40.000 pesos al día.

Este comerciante, sin embargo, tiene quejas. Acepta que ha tenido que elevar los precios de los productos debido a las dificultades en las importaciones debido a la pandemia, principalmente porque se les ha hecho más difícil traerlos desde China.

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“La mercancía está detenida en los grandes países, que no permiten que llegue hacia acá y acuérdate que mientras más detenido esté el producto, pues obviamente más caro. Y el tema de la inflación afectado también”,

comenta Ramírez.

Si los comerciantes se quejan, los asalariados que recorren la República de Colombia se llevan la peor parte: tienen que hacer piruetas con la economía familiar para no decepcionar a los niños que esperan que los Reyes Magos le lleven el juguete que con ansiedad pidieron por haber sido tan buenos. Luis Fernández, de 32 años, es de Tabasco, la misma tierra que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es electricista y dice que con la pandemia su trabajo se ha reducido mucho, mientras que los precios de la comida y los servicios sí han aumentado. Fernández critica a López Obrador, que en sus conferencias matutinas ha minimizado el aumento en la inflación y ha afirmado que la economía se recupera a grandes pasos. “El aumento es muy notorio. En mi Estado la canasta básica está súper alta, te gastas 1.000 pesos en cinco cosas, no sé por qué el presidente no lo ve”, afirma el hombre. Fernández tiene un hijo de ocho meses y otro de dos años. Para este último ha comprado un triciclo de plástico, que le ha costado 1.000 pesos, a los que debe sumar el costo del traslado hasta la capital. ¿Ha valido la pena? “Sí”, responde enfático.

“En Tabasco es más caro”,

afirma.

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Mientras Fernández se pierde en las calles repletas de andantes del centro histórico cargando el juguete a la espalda, Daniel Pérez, un joven muy delgado de 24 años, se pasea por los puestos para hallar el regalo que espera en casa su hijo de un año y siete meses. Este contador público de profesión ha venido a esta calle a buscar el juguete porque lo puede encontrar más barato, dice, si compara los precios con los centros comerciales o puestos especializados de otros puntos de la ciudad.

“Trato de planificar los gastos con mi esposa para estas fechas poder comprar el regalito”,

dice el joven, quien afirma que cada vez más se aprieta el cinturón debido al aumento en los precios de todos los productos.

“Este año el precio de los juguetes ha aumentado bastante”, dice Pérez. “Creo que el próximo año aumentarán más”,

afirma el joven, quien ha gastado 600 pesos en el regalo de su hijo, justo el presupuesto programado.

A pesar del aumento, él sigue una tradición que desde niño le ilusionaba.

“Es muy bonita y quiero inculcarle ese espíritu a mi hijo; que reciba sus regalos en estas fechas es muy lindo”,

dice.

Fuente: El País.

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Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades.

Los cuerpos se encontraban tendidos en un camino cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico.

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La fiscalía estatal señaló que los cinco hombres tenían heridas de arma blanca en el rostro y cuello, lo que suponía que les habían cortado la garganta.

Los cuerpos también fueron localizados en una zona en donde existen disputas territoriales entre grupos del narcotráfico. En el área también hay actividad de las autodefensas, que en ocasiones están vinculadas al crimen organizado.

Además el martes, las autoridades informaron que los restos óseos encontrados en noviembre en en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, pertenecen a 25 personas distintas.

Buscadores voluntarios encontraron 14 fosas comunes en un matorral que contenían huesos, algunos de ellos calcinados, y cuerpos en descomposición. Los restos estaban tan revueltos que les tomó más de un mes a los investigadores determinar el número de cuerpos.

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Grupos voluntarios de búsqueda, conformados por familiares de personas desaparecidas, encontraron las fosas comunes cerca de una autopista al oeste de Hermosillo, capital del estado.

Sonora ha sido escenario de disputas por las rutas del narcotráfico entre facciones del Cártel de Sinaloa, aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, y un grupo aliado del capo Rafael Caro Quintero.

Fuente: Voz de América.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que en México se vive una crisis forense y que actualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario presentó un informe sobre las acciones que ha realizado el Gobierno de México en materia de Derechos Humanos, en el que se reconoció que no solo se vive una crisis forense, sino humanitaria y de violación de derechos.

“Existe una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”,

confesó el subsecretario.

Bajo este contexto, señaló que actualmente hay más de 90 mil reportes de personas desaparecidas, por lo que se tiene la intención de construir un Centro Nacional de Identificación Humana para atenuar esta crisis forense.

“Se han construido tres centros de identificación humana, con un alto nivel en sus capacidades; y cinco centros de resguardo temporal”

informó.

Asimismo, Encinas dio a conocer que hasta el mes de noviembre de 2021, se han realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en 28 estados y destacó la inversión de 6 mil 103 millones de pesos en las capacidades institucionales en materia de Derechos Humanos.

Violencia a mujeres y periodistas

Respecto a la infraestructura para atender la violencia hacia las mujeres, el subsecretario señaló un crecimiento significativo. “Se ha planteado la construcción de nuevos centros y en enero tendremos certeza de dónde serán construidos” puntualizó.

De 2019 a la fecha se han construido 26 Centros de Justicia para las Mujeres, con una inversión de 312 millones 713 mil 959 pesos, informó el subsecretario. Además, prometió enfrentar el matrimonio obligado en la Montaña de Guerrero.

Sobre la violencia a comunicadores dijo que hay más de 90% de impunidad en los homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos. Además, informó que el 45% de las agresiones contra periodistas y/o defensores de Derechos Humanos proviene de autoridades municipales.

Fuente: El Financiero.

La entrada Crisis forense en México: Hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes se publicó primero en México 24 siete.

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Según indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en un comunicado, el suceso tuvo lugar en Ciudad Cuauhtémoc, 550 kilómetros a norte de Ciudad de México, en una carretera federal.

Además de los nueve colgados se localizó otro cadáver sobre el asfalto. Todos eran hombres.

El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son dos de las organizaciones criminales que se disputan el control de Zacatecas, una región donde la violencia ha crecido considerablemente este 2021 porque es clave en el tránsito de los tráficos ilegales, sobre todo del fentanilo, la droga más letal y lucrativa del momento.

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Según cifras del gobierno federal, en los nueve primeros meses de 2021 se registraron en México más de 25.000 asesinatos una cifra un 3,4% menor que en el mismo periodo del año previo pero que muestra que el nivel de violencia se mantiene más o menos en los mismos niveles desde el inicio de la actual administración en 2018.

Fuente: Los Angeles Times.

La entrada México: Hallan 10 cuerpos en Zacatecas, 9 colgados de un puente se publicó primero en México 24 siete.

El gobierno mexicano anunció el miércoles la activación de un batallón de más de un millar de militares en el estado sureño de Quintana Roo luego de los recientes ataques armados en la Riviera Maya, una de las joyas del Caribe mexicano, que dejaron cuatro fallecidos, entre ellos dos turistas extranjeras.

A partir del 1 de diciembre comenzará a operar en la Riviera Maya y otros municipios de Quintana Roo un batallón de 1,445 elementos de la Guardia Nacional como parte de un plan de apoyo para reforzar la seguridad en la región turística, que incluirá la instalación de un cuartel en la localidad de Tulum, anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, desde la ciudad sureña de Cancún.

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Durante la conferencia presidencial matutina, Sandoval dijo que en el plan participará también una unidad especial de la Armada con un centenar de elementos y se reforzarán las labores de inteligencia para hacer frente a las organizaciones delictivas.

El reforzamiento de la seguridad en Quintana Roo se da luego de los violentos eventos ocurridos el 20 de octubre en Tulum que dejaron dos turistas extranjeras fallecidas y otros tres heridos de bala. El 4 de noviembre, en una playa de la Bahía Petempich de Puerto Morelos, perecieron dos hombres tras un ataque armado en medio de decenas de turistas de unos 15 hombres presuntamente vinculados con bandas de narcomenudeo, según indicaron las autoridades.

Por los eventos fueron detenidas al menos 11 personas supuestamente vinculadas con organizaciones criminales.

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“Eso no se puede repetir. Tenemos que evitar que eso suceda. Por eso es el plan para reforzar la seguridad”,

dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los hechos violentos ocurridos en Tulum y Puerto Morelos.

La imagen de Cancún y la Riviera Maya, dos de las joyas turísticas de México por los miles de visitantes locales y extranjeros que reciben cada año, se ha visto golpeada por los recientes incidentes violentos que han sido asociados a bandas vinculadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos, que se disputan el control de la venta de droga al por menor no ya en zonas marginales sino en plena playa y en los hoteles más exclusivos.

A inicios de mes el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que las autoridades han detectado que en Tulum y Puerto Morelos operan 12 bandas de narcomenudeo.

Las políticas de seguridad desarrolladas por López Obrador durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionadas por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo aplican acciones aisladas, con el apoyo de los militares, que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad.

Fuente: Al día Dallas.

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Entre las personas secuestradas la madrugada del martes en el hotel Sol y Luna del municipio de Matehuala había 22 extranjeros, que fueron rescatados en un lugar «despoblado» y a los que llevarán a la capital del estado para que reciban atención médica y psicológica, así como alimentación, según el reporte de las autoridades.

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Entre los extranjeros hay haitianos y cubanos, según el fiscal del estado, quien explicó que en un principio se les había informado que también había venezolanos.

Entre ellos estaban los menores y la mujer embarazada, a quien la Cruz Roja ya atendió de manera preventiva.

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La investigación para dar con el paradero de los responsables está en curso. La fiscalía afirma que presuntamente usaron camionetas para llevarse a las personas del hotel.

Además, las autoridades se comunicarán con las familias de las personas que fueron secuestradas «para evitar sean víctimas (de) algún delito que afecte su patrimonio como puede ser una extorsión», dijo la Fiscalía.

Fuente: CNN en español.

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