La escasez de combustibles en algunas estaciones de servicio del país se debe a retrasos de suministro y no a un desabasto generalizado.

Al respecto, Santiago Arroyo, especialista del sector gasolinero, calculó que es un número pequeño el de estaciones de servicio que adolecen de estos inconvenientes.

“Nosotros calculamos que alrededor del tres por ciento de las estaciones de servicio de la región noroeste, centro y la península de Yucatán son las que tienen estos problemas de escasez, pero no es un tema generalizado, no hay riesgo de desabasto en el país”,

aclaró.

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El especialista indicó que las estaciones afectadas se encuentran en regiones donde existen complejidades de suministro.

“Hablamos desde Hermosillo hasta Sinaloa, Nayarit o en la Península; son áreas complicadas ya que el suministro se realiza por rueda, en cambio, este tipo de dificultades son difíciles de encontrar en la región del Bajío, ya que tienen líneas de suministro más robustas permitiendo que siempre haya producto”,

abundó.

Sin embargo, el experto consideró que las autoridades deben poner atención ya que estos problemas podrían incrementarse y generar problemas de desabasto en el futuro.

“Si el Gobierno sigue frenando a la iniciativa privada, podría llegar un momento en el que Pemex no pueda satisfacer la demanda, y en un plazo de seis o siete meses veremos estos escenarios de escasez”,

dijo.

Subsidios al IEPS y falta de permisos a la importación

El consumo nacional de gasolinas y diésel ronda los 980 mil barriles diarios.Sin embargo, durante los últimos años fueron expirando permisos para importar combustibles al grado de pasar de más de mil permisos en 2018 a tan solo 70 en abril de 2022, señaló Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético.

De estos 70 permisos vigentes, 60 le corresponden a Pemex y a sus filiales, mientras que solo hay 10 permisos para particulares.

“Bajó el volumen de producto importado que ingresaba al país”,

indicó el especialista.

De esta forma, Pemex tiene la responsabilidad de satisfacer gran parte de la demanda nacional, aunque solo entre 25 y 30 por ciento de las gasolinas salen de sus refinerías, mientras que el resto debe importarlas.

Otro problema es el subsidio a los combustibles, que durante las últimas 12 semanas ha sido del 100 por ciento.

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Para que los importadores privados puedan acreditar este subsidio, deben cumplir una serie de requisitos, pero estos suelen ser trámites muy lentos.

“Los importadores privados están dejando de importar volúmenes considerables, ya que en el subsidio ellos salen perjudicados: pueden comprar el combustible a un determinado tipo de cambio y cuando van a acreditar el subsidio, el tipo de cambio ya varió, además de que Pemex logra acreditarlo en automático mientras que para los privados puede llevar hasta tres meses”,

apuntó Marcial Díaz.

Fuente: El Financiero.

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En medio de la incertidumbre y crisis económica, la intención de la IP alemana por invertir en México despuntó durante los primeros meses del 2022, sin embargo, observan con preocupación la política económica que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el aumento del crimen y la violencia.

De acuerdo con la encuesta de primavera “World Business Outlook” realizada por la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (DIHK), 9 de cada 10 empresarios asegura que la inseguridad está igual o peor respecto a los últimos seis meses, y que afecta el desarrollo de los negocios.

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Ante el agravamiento de la violencia, el empresariado alemán agregó la variable de la inseguridad a la encuesta para evaluar el impacto en sus negocios, luego de que “el 55% de los empresarios ha observado un deterioro en la situación de la seguridad en los últimos seis meses”, mientras que el resto considera que sigue igual respecto al otoño del 2021, sostuvo Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa).

Al ser cuestionados sobre cómo ha afectado el crimen y/o la violencia en el país a su negocio en los últimos 6 meses, el 39% respondió que perciben un mayor impacto, pues la situación de seguridad se ha deteriorado y el 16% sostuvo que han tenido un impacto mucho mayor. Mientras que el 37% consideró que la situación de seguridad no cambia.

La Camexa cuenta con 750 empresas agremiadas, entre ellas Volkswagen, Audi, Bosch, BMW, del ramo automotriz, así como farmacéuticas, agroalimentarias, aerolíneas como Lufthansa, entre muchas otras.

El directivo del organismo mexicano-alemán mencionó que el optimismo con respecto al desarrollo de los negocios de la propia empresa es aún mayor con respecto a la economía del país en su conjunto, de 51% contra el 19 por ciento.

Y es que consideran que la política económica dictada por el actual gobierno es otro de los mayores riesgos en el desarrollo económico de su empresa en los próximos doce meses, en el que 60% de los encuestados lo observan con preocupación, respecto al 53% que respondieron durante el otoño del 2021.

El marco de política económica y los precios de las materias primas continúan siendo motivo de preocupación”, sostuvo Johannes Hauser.

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Entre los principales problemas que observan en el corto plazo por la situación de Ucrania y Rusia son las interrupciones en la cadena de suministro y logística (con 61%); mayores costos de energía, materias primas y trabajos preliminares (58%); falta de materias primas e insumos (52%); parada de producción y producción reducida.

Pese a ello, el optimismo se manifiesta en las intenciones de inversión.

Fuente: El Economista.

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Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

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Y de nuevo en Tijuana, el pasado domingo, encontraron el cadáver de la reportera Lourdes Maldonado con el rostro acribillado. Hace tres años acudió a una conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que temía por su vida. Los esquemas de seguridad fallan, una y otra vez, mientras los criminales, a menudo vinculados a los carteles de narcotraficantes, siguen impunes. Este martes una cadena de concentraciones en 23 Estados del país pedirá al Gobierno que actúe para proteger a los comunicadores y garantizar el derecho a la información.

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Pero la violencia contra los periodistas no es la única imagen terrible de ese caleidoscopio. Ciudad Juárez ha sido escenario, de nuevo, de un feminicidio que ha revuelto a una comunidad ya acostumbrada a convivir con ese abismo. El doble crimen de Tania y Nohemí, asesinadas y tiradas en la cuneta, encierra además todo el odio contra el colectivo LGTB+. Lo inhumano ha convulsionado también a Puebla, donde el cuerpo de un bebé de tres meses fue arrojado en el basurero de una cárcel tras haber sido robado en un cementerio de Iztapalapa, en Ciudad de México. Por este escalofriante caso, de momento, han sido detenidos 19 funcionarios del penal. Y más víctimas: el viernes dos turistas murieron en una balacera en un hotel cinco estrellas del parque temático Xcaret en la Riviera Maya.

Política y diplomacia

A pesar de la brutalidad de la semana, México ha tenido otros dos focos informativos. Uno estrictamente político, por el nombramiento de 16 nuevos embajadores y altos cargos en plazas clave en América Latina y Europa. El presidente eligió a personas de confianza, pero sus designaciones -entre las que figuran ex dirigentes del PRI y un historiador acusado de acoso sexual, Pedro Salmerón, que ha provocado una enorme indignación- se configuran como un campo de batalla interno de Morena, el partido que sostiene al Gobierno.

Fuente: El País.

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Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades.

Los cuerpos se encontraban tendidos en un camino cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico.

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La fiscalía estatal señaló que los cinco hombres tenían heridas de arma blanca en el rostro y cuello, lo que suponía que les habían cortado la garganta.

Los cuerpos también fueron localizados en una zona en donde existen disputas territoriales entre grupos del narcotráfico. En el área también hay actividad de las autodefensas, que en ocasiones están vinculadas al crimen organizado.

Además el martes, las autoridades informaron que los restos óseos encontrados en noviembre en en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, pertenecen a 25 personas distintas.

Buscadores voluntarios encontraron 14 fosas comunes en un matorral que contenían huesos, algunos de ellos calcinados, y cuerpos en descomposición. Los restos estaban tan revueltos que les tomó más de un mes a los investigadores determinar el número de cuerpos.

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Grupos voluntarios de búsqueda, conformados por familiares de personas desaparecidas, encontraron las fosas comunes cerca de una autopista al oeste de Hermosillo, capital del estado.

Sonora ha sido escenario de disputas por las rutas del narcotráfico entre facciones del Cártel de Sinaloa, aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, y un grupo aliado del capo Rafael Caro Quintero.

Fuente: Voz de América.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que en México se vive una crisis forense y que actualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario presentó un informe sobre las acciones que ha realizado el Gobierno de México en materia de Derechos Humanos, en el que se reconoció que no solo se vive una crisis forense, sino humanitaria y de violación de derechos.

“Existe una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”,

confesó el subsecretario.

Bajo este contexto, señaló que actualmente hay más de 90 mil reportes de personas desaparecidas, por lo que se tiene la intención de construir un Centro Nacional de Identificación Humana para atenuar esta crisis forense.

“Se han construido tres centros de identificación humana, con un alto nivel en sus capacidades; y cinco centros de resguardo temporal”

informó.

Asimismo, Encinas dio a conocer que hasta el mes de noviembre de 2021, se han realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en 28 estados y destacó la inversión de 6 mil 103 millones de pesos en las capacidades institucionales en materia de Derechos Humanos.

Violencia a mujeres y periodistas

Respecto a la infraestructura para atender la violencia hacia las mujeres, el subsecretario señaló un crecimiento significativo. “Se ha planteado la construcción de nuevos centros y en enero tendremos certeza de dónde serán construidos” puntualizó.

De 2019 a la fecha se han construido 26 Centros de Justicia para las Mujeres, con una inversión de 312 millones 713 mil 959 pesos, informó el subsecretario. Además, prometió enfrentar el matrimonio obligado en la Montaña de Guerrero.

Sobre la violencia a comunicadores dijo que hay más de 90% de impunidad en los homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos. Además, informó que el 45% de las agresiones contra periodistas y/o defensores de Derechos Humanos proviene de autoridades municipales.

Fuente: El Financiero.

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Según indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en un comunicado, el suceso tuvo lugar en Ciudad Cuauhtémoc, 550 kilómetros a norte de Ciudad de México, en una carretera federal.

Además de los nueve colgados se localizó otro cadáver sobre el asfalto. Todos eran hombres.

El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son dos de las organizaciones criminales que se disputan el control de Zacatecas, una región donde la violencia ha crecido considerablemente este 2021 porque es clave en el tránsito de los tráficos ilegales, sobre todo del fentanilo, la droga más letal y lucrativa del momento.

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Según cifras del gobierno federal, en los nueve primeros meses de 2021 se registraron en México más de 25.000 asesinatos una cifra un 3,4% menor que en el mismo periodo del año previo pero que muestra que el nivel de violencia se mantiene más o menos en los mismos niveles desde el inicio de la actual administración en 2018.

Fuente: Los Angeles Times.

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El gobierno mexicano anunció el miércoles la activación de un batallón de más de un millar de militares en el estado sureño de Quintana Roo luego de los recientes ataques armados en la Riviera Maya, una de las joyas del Caribe mexicano, que dejaron cuatro fallecidos, entre ellos dos turistas extranjeras.

A partir del 1 de diciembre comenzará a operar en la Riviera Maya y otros municipios de Quintana Roo un batallón de 1,445 elementos de la Guardia Nacional como parte de un plan de apoyo para reforzar la seguridad en la región turística, que incluirá la instalación de un cuartel en la localidad de Tulum, anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, desde la ciudad sureña de Cancún.

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Durante la conferencia presidencial matutina, Sandoval dijo que en el plan participará también una unidad especial de la Armada con un centenar de elementos y se reforzarán las labores de inteligencia para hacer frente a las organizaciones delictivas.

El reforzamiento de la seguridad en Quintana Roo se da luego de los violentos eventos ocurridos el 20 de octubre en Tulum que dejaron dos turistas extranjeras fallecidas y otros tres heridos de bala. El 4 de noviembre, en una playa de la Bahía Petempich de Puerto Morelos, perecieron dos hombres tras un ataque armado en medio de decenas de turistas de unos 15 hombres presuntamente vinculados con bandas de narcomenudeo, según indicaron las autoridades.

Por los eventos fueron detenidas al menos 11 personas supuestamente vinculadas con organizaciones criminales.

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“Eso no se puede repetir. Tenemos que evitar que eso suceda. Por eso es el plan para reforzar la seguridad”,

dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los hechos violentos ocurridos en Tulum y Puerto Morelos.

La imagen de Cancún y la Riviera Maya, dos de las joyas turísticas de México por los miles de visitantes locales y extranjeros que reciben cada año, se ha visto golpeada por los recientes incidentes violentos que han sido asociados a bandas vinculadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos, que se disputan el control de la venta de droga al por menor no ya en zonas marginales sino en plena playa y en los hoteles más exclusivos.

A inicios de mes el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que las autoridades han detectado que en Tulum y Puerto Morelos operan 12 bandas de narcomenudeo.

Las políticas de seguridad desarrolladas por López Obrador durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionadas por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo aplican acciones aisladas, con el apoyo de los militares, que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad.

Fuente: Al día Dallas.

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En Sinaloa, la tierra donde gobierna el Cartel de Sinaloa, el 30 de junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un tono indolente y casi sarcástico, reiteró las supuestas bondades de su política de «abrazos no balazos” hacia los carteles de la droga en México. Mientras, éstos aumentan día a día su violencia dejando una estela de miles de víctimas en todo el país.

«Cuando dije abrazos no balazos hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia, es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”,

dijo el Presidente en el territorio de Ismael «El Mayo” Zambada el jefe del Cártel de Sinaloa, dos días antes de la consulta popular a la que él mismo convocó para enjuiciar a ex presidentes por actos de contubernio u omisión, como ahora hace él.

«Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”,

añadió el mandatario con descarnada demagogia.

La realidad es que los programas sociales de AMLO para contrarrestar la pobreza, que según él son la causa de la inseguridad, han fracasado. Según la información dada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una institución del propio gobierno, aunque en 2020 aumentaron las dádivas gubernamentales- repartidas en un contexto de opacidad- éstas en concreto no compensan la disminución de ingresos de las familias ni evitaron el aumento de pobres en México a causa del COVID-19.

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Más allá de los programas sociales, en la estrategia de la política de «abrazos no balazos” está incluida la negociación con los carteles de la droga de la llamada pax mafiosa o paz narca, como se reveló en esta columna en el mes de junio pasado.

A la par que el gobierno hace esas negociaciones, el partido político de AMLO, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), gobierna en más territorios dominados por el narco.

Mientras el Presidente dice en el discurso que «el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, los carteles de la droga en México se frotan las manos ante la política de «abrazos” que les permite incursionar en  un nuevo y muy jugoso negocio: el aumento de producción del fentanilo para su consumo en México.

El fentanilo y similares es el peligroso opioide sintético que aumenta la adicción y ha provocado en Estados Unidos una epidemia que ha causado en los últimos tres años decenas de miles de muertos por sobredosis. Tan solo 2019 causó la muerte de más de 36 mil personas.

De acuerdo con información obtenida por fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y México, está aumentando la venta local de esta droga sintética.

Si el gobierno de AMLO continúa con su política de total tolerancia hacia los carteles de la droga, en el mediano plazo México, además de la crisis de violencia e impunidad, podría enfrentar una epidemia como la de EU.

La crisis que viene

El Departamento de Estado de EU ha comenzado a detectar con alarma el aumento de la producción y consumo del opioide sintético en México.

De acuerdo con información obtenida de fuentes del Departamento de Estado de EU y confirmada directamente por informantes de la Guardia Nacional de México, el aumento de producción de esta droga sintética y su bajo costo de elaboración, han hecho que los carteles ya no solo dediquen el fentanilo y similares al consumo foráneo, sino que han comenzado a distribuirlo en México mezclándolo con todo tipo de drogas.

La información obtenida asegura que en México se vende mariguana, heroína, cocaína y metanfetaminas, mezclada con opioides sintéticos, en la gran mayoría de casos sin conocimiento del consumidor.

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Aunque las áreas de inteligencia y combate al narcotráfico en México tienen también esta información, hasta ahora el gobierno de AMLO no ha implementado alguna acción preventiva o advertencia a la sociedad mexicana.

Si ni siquiera existen campañas nacionales masivas contra el consumo de drogas en general, menos existen sobre el riesgo que conlleva consumir cualquier tipo de droga mezclada con fentanilo u otro opioide sintético.

El riesgo para la población aumenta luego de que en junio pasado la Suprema Corte de Justicia dio los últimos pasos para la legalización de la siembra, recolección, transportación y distribución de la mariguana para uso lúdico personal. Muchos ven a la marihuana como una droga blanda ‘inofensiva’, pero desconocen que ahora en el mercado para consumo nacional, los carteles están mezclando ésta con opioides sintéticos. Los usuarios no sólo pueden volverse más adictos, sino que corren el riesgo de morir.

Los carteles de la droga mexicanos utilizan el fentanilo y similares porque hacen su negocio criminal más redituable. Al mezclarlo con una droga matriz puede compensar la falta de calidad y pureza, la hace más potente. Genera mayor adicción en el usuario, y como su producción es menos costosa, aumenta las ganancias económicas al multiplicar su volumen.

La más mínima variación en el gramaje de fentanilo y similares al momento de mezclarlo con otra droga puede causar depresión respiratoria y un paro cardíaco fulminante.

El diagnóstico

Aunque el gobierno federal encabezado por AMLO ha frenado todos los acuerdos de cooperación en materia antidrogas con el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Plan Mérida, ese país aún mantiene cooperación con gobiernos estatales en materia de capacitación a sus diversos cuerpos de seguridad.

Esto les ha permitido detectar el aumento del fentanilo en el mercado de consumo nacional y la falta de entrenamiento por parte de las autoridades para hacer los operativos de decomiso y destrucción, y para salvar la vida de las personas intoxicadas o recuperar los cuerpos de las personas muertas por sobredosis de este químico.

Si bien desde 2018 comenzó a haber indicios en México del consumo doméstico de fentanilo en la frontera norte, ahora, gracias al intercambio de información con autoridades locales, el gobierno de EU tiene detectado la existencia de laboratorios clandestinos de producción y consumo local en: Sonora, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Morelos, Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua, y que diversas drogas mezcladas con fentanilo están circulando ya en el mercado nacional.

Tuve acceso a uno de los documentos que forman parte del entrenamiento que distintas fuerzas del orden de EU están dando a las policías locales.

En dicha presentación se advierte que «Grupos delictivos han encontrado un mercado nuevo en la producción de fentanilo con ganancias que superan a la venta de drogas tradicionales como cocaína, metanfetamina, marihuana o heroína”.

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Se afirma que el fentanilo y similares es indetectable para los consumidores de drogas tradicionales. Para las propias autoridades también, porque no tiene ningún olor o característica particular que permita identificarlo.

«Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína”,

se afirma en el documento.

El efecto en el consumidor es demoledor: «El fentanilo se une a los receptores del cerebro que controlan las emociones y el dolor (superdepresivo/ superadictivo). Produce un estado de euforia y relajación y los efectos pueden incluir: nausea, vomito, confusión, somnolencia y depresión”.

Se afirma que el uso del fentanilo por parte de los carteles de la droga es doblemente más peligroso que otras drogas porque «la dosis letal de fentanilo es de 2 miligramos para un adulto de 100 kilogramos”.

Las propias características del fentanilo y similares hacen que los operativos del  gobierno para desmantelar los laboratorios clandestinos en donde se produce, sean más peligrosos. Y se afirma que en México ya ha habido casos de oficiales intoxicados, e incluso que han muerto al estar en contacto con la sustancia, por no tener las precauciones debidas.

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Se recomienda que en cada operativo se actúe como si hubiera presencia de fentanilo para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales. Advierten del tipo de equipo especializado que debe ser usado para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales, el cual otrora era proporcionado a través del Plan Mérida.

En el documento del Departamento de Justicia de EU se afirma que en diciembre 2018 en la Ciudad de México se decomisó un taller donde fabricaron tabletas de fentanilo M-30 con una maquina industrial con la capacidad de producción de miles de tabletas  por hora. Era solo el inicio.

En 2019 se encontró otro laboratorio en Monterrey, Nuevo León. En la Ciudad de México se encontró en un vehículo 32 kilos de Clorhidrato de Monohidrato, precursor para producir el fentanilo.

Y en el documento al que se tuvo acceso se muestran diversas fotografías de diferentes decomisos de opiáceos sintéticos realizados por la recién creada Guardia Nacional de AMLO, incluso en 2020.

La producción y comercialización aumentó aún más con la crisis del COVID-19.

Entre más abrazos, más negocios

Durante su gira a finales de julio en Sinaloa, AMLO aseguró que en México la producción de cultivos de amapola y mariguana está disminuyendo drásticamente y que el fentanilo no se produce en México sino que viene de otros países. Pero la realidad aplasta la demagogia.

Hace apenas unas semanas, la Oficina Contra la Droga y el Delito de la ONU informó que México es actualmente es el tercer país con mayor superficie de cultivo del mundo, dedicada a la producción de la amapola, de la cual se extrae el opio.

Aseguró que, junto con Afganistán y Myanmar, México controla el 96 por ciento de la producción de todo el planeta.

Y el documento del Departamento de Estado de USA al que tuve acceso muestra que aunque en 2017 México comenzó a restringir la importación de «fenetil”, en 2020 han llegado al país otros precursores como: 4-Anilinopiperidina (4-AP), anhídrido propiónico y cloruro de propionilo, entre otros. Estos son nuevos pre-precursores de fentanilo que permiten que este sí produzca en territorio nacional tanto para consumo interno como externo.

Durante los últimos 20 años está probado en México que la fórmula de complicidad, permisividad y complacencia por parte del gobierno hacia los carteles de la droga, no más dóciles, sino los hace más violentos. No genera menos muertos ni desaparecidos.

Lo único que causan los «abrazos” de AMLO en las organizaciones criminales es la multiplicación de sus negocios y sus víctimas.

Fuente: Deutsche Welle.

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