En México, el 39 por ciento de la población en pobreza son niños, lo que representa un porcentaje más alto al 25 por ciento del promedio entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La elevada desigualdad entre la población infantil es una limitante para ascender en la movilidad social, por lo que se deben vincular las políticas públicas con el combate a la pobreza infantil, dijo Grainne Dirwan, experta en política del Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades de la OCDE.

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“La pobreza infantil es un problema muy grande que impide una infancia feliz y segura al no tener lo necesario para desarrollar su máximo potencial”,

sostuvo al detallar que invertir en el bienestar infantil es necesario para un futuro inclusivo.

“El bienestar infantil se puede usar para lograr una mayor prosperidad económica, cohesión social y estabilidad política”,

dijo y explicó tres ejes de acción: orientarse en el uso eficaz de los recursos; identificar áreas en donde la acción tendrá altos resultados y la medición del impacto de las políticas en la vida de los niños.

México y Turquía son los países con el porcentaje más alto de niños entre su población pobre, los cuales representan el 39 y 43 por ciento, respectivamente, mientras que en Finlandia es del 10 por ciento, siendo el porcentaje más bajo entre la OCDE, según su estudio “Cambiar las oportunidades de los niños vulnerables: construir posibilidades y resiliencia”.

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El reporte recomienda acciones de políticas para hacer la diferencia en la vida de los niños, conectar el bienestar de la infancia con políticas públicas como parte de una estrategia para sentar las bases hacia el crecimiento y bienestar a mediano y largo plazo.

De acuerdo con el estudio, los niños fueron los grandes perdedores de la pandemia, tanto en términos de educación como de salud. “Hay evidencia del incremento en la mortalidad infantil, impacto en la salud mental, pérdidas en habilidades socioemocionales, maltrato infantil”, señaló Diana Hincapié, Economista de la División de Educación del BID.

Las repercusiones de haber cerrado los centros educativos de preescolar tendrán un costos en la productividad de largo plazo, equivalente a tres puntos porcentuales del PIB, según un estudio para América Latina, citado por Diana Hincapié.

“Del tres por ciento del PIB pueden ser las pérdidas en productividad que vamos a experimentar por estos cierres”, señaló.

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En México, la inversión en la atención de niños de hasta seis años es apenas del 0.8 por ciento del PIB, cuando hay evidencia suficiente de que la inversión en esta edad tiene una rentabilidad anual del 10 por ciento, de acuerdo con el Pacto por la Primera Infancia.

“Ante la situación actual es esencial invertir en el diseño e implementación de políticas públicas y políticas empresariales dirigidas a la primera infancia para poder revertir el daño que la pandemia de COVID-19 ha dejado en la niñez, así como atender los rezagos anteriores a la llegada del virus”,

señaló Silvia Dávalos, directora general de Políticas Públicas y Comisiones del CCE.

El sector privado mexicano se ha comprometido con la atención a la primera infancia a través de la Red CCE por la Primera Infancia con más de 60 miembros, entre empresas y organismos, para promover mecanismos que detonen un cambio de cultura y reconocer el tema de primera infancia como estratégico para la competitividad y productividad nacional.

Una de las mejores inversiones sociales en México es la educación desde el alcance del gobierno, empresas, fundaciones y sociedad en general y el acceso a educación preescolar es uno de los grandes retos en el país con un 36 por ciento de los niños de 3 a 6 años que no asisten a la escuela, destacó Rocío Abud, directora general de Fundación Coppel.

Fuente: El Financiero.

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Va de lo sutil a lo evidente. Está en las goteras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los baches de las carreteras federales, en la deserción académica. Está, también, en el miedo que crece dentro de las mujeres en México por ser violentadas, tanto en la calle como en su casa. Está en el empleo, cada vez más precario, y en la dificultad por encontrar medicamentos se evidencia el deterioro de la vida en México.

En los últimos años ha habido un deterioro en la vida de los 127 millones de mexicanos, ocasionado, en parte, por la pandemia de la COVID-19; por ajustes al gasto del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los datos lo respaldan: cifras recabadas por el propio Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y analizadas por organizaciones independientes, muestran que ha habido un deterioro en salud, seguridad, infraestructura, bienestar y empleo.

Salud

El desabastecimiento de medicamentos, incluyendo el tratamiento de quimioterapias para niños con cáncer en el país, ha sido quizás el síntoma más visible del deterioro en el sistema de salud de los mexicanos, pero no es el único. Los hospitales sufren de falta de mantenimiento y de desabastecimiento de fármacos de otros tipos, no solo oncológicos.

Una investigación realizada por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa, para la cual consultaron iniciativas y reformas de ley así como documentos internos muestran que el desabasto de medicinas se dio a partir de que el Gobierno Federal, en una confrontación con empresas distribuidoras, deterioró el sistema de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social sin un plan piloto o estrategia que lo reemplace.

Con la desaparición del Seguro Popular, por decisión del Gobierno Federal, la población que se dijo beneficiaria de alguna institución pública de salud se redujo 14,7 millones de personas — al pasar de 102 millones en 2018 a 87 millones en 2020, de acuerdo con la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Por falta de dinero, por haberse automedicado o porque no era necesario, el número de personas que no buscó atención en salud al enfermar aumentó en 5,4 millones de personas entre 2018 y 2020.

Seguridad

La percepción de seguridad en el país ha mejorado ligeramente en el último año… Entre los hombres. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI el 66,6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. El porcentaje representa una mejoría con respecto del 68% registrado en diciembre de 2020, pero la percepción de inseguridad entre las mujeres ha sido persistentemente alta. En junio, el 71,3% de las mujeres dijeron que se sienten inseguras en su ciudad, comparado con el 60,1% de los hombres.

A principios del año, el Gobierno Federal informó que en 2020 los casos de homicidio doloso cayeron 0,4% en relación con 2019, una tendencia que continúa en lo que va del año. Es decir, de acuerdo a los datos más recientes de la Comisión Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos se han mantenido a niveles similares a 2019, sin mayores incrementos. El problema es que 2019 ha sido el año más violento para el país, si se mide por número de homicidios.

Además, la pandemia empeoró la situación de violencia familiar y de género. Mientras los homicidios en general se han sostenido, en los primeros cinco meses del año los feminicidios han incrementado un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la secretaria de Seguridad Pública en una conferencia de prensa en junio. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Las violaciones también aumentaron, en un 30% en comparación con los mismos meses de 2020. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326,634 casos de violencia de género en un año, entre mayo de 2020 y el mismo mes en 2021.

Infraestructura

Carreteras federales, hospitales y, de manera particularmente evidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muestran ya un enorme deterioro en los últimos tres años por falta de mantenimiento. Miles de escuelas, vacías por la pandemia, han sufrido más de 7.000 robos de material escolar y saqueos de tuberías y cables, entre otros materiales.

Más allá de la pandemia, este deterioro en la infraestructura que forma parte de la vida diaria de los mexicanos, tiene que ver con dos decisiones del presidente López Obrador. La primera es que el mandatario ha asignado al ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción y el mantenimiento de muchas obras Federales, incluyendo bancos, una extensión del aeropuerto en Santa Lucía y canales de riego, entre otras. No solo no es el Ejército una constructora especializada, sino que también está a cargo de tareas como administración de aeropuertos y aduanas, instalación de cajeros en la red del nuevo Banco del Bienestar, la siembra de árboles y detención de migrantes.

La segunda decisión del presidente que contribuye a este deterioro es haber recortado el gasto para priorizar sus obras emblemáticas, como el turístico Tren Maya y una refinería en su natal estado de Tabasco, asignando la mayor parte de su presupuesto en infraestructura a estos. Además, ha dado preferencia a inyectar con recursos a la emproblemada Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo. Esto se ha traducido a una considerable caída en la inversión pública, motor de la economía.

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Mientras la inversión privada se contrajo casi 5% en el primer trimestre del año y en comparación con el mismo trimestre el año anterior, la inversión pública mostró mayor debilidad, con una caída de 6%. De acuerdo con un análisis de datos trimestrales del especialista Eugenio Sánchez, desde que empezó el sexenio de López Obrador no ha crecido ni la inversión pública ni la privada. Es, hasta ahora, el único periodo presidencial en el que ha habido nueve trimestres consecutivos de bajas en la inversión y el que ha tenido las caídas más pronunciadas. De acuerdo con sus estimaciones, durante el primer trimestre del 2021 la inversión pública fue 33% menor que la del último trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto y 61% menor a su máximo histórico, alcanzado en 2010.

“La inversión representa un motor fundamental para la economía, ya que permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos para la población”, apuntó en un reporte el centro de investigación independiente México ¿Cómo Vamos? (MCV).

“En la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 el gobierno no ha utilizado la inversión como medida contracíclica para la recuperación económica. La inversión pública como porcentaje del PIB se encuentra en sus niveles más bajos para un primer trimestre de año desde 2001. En contraste, en crisis como la de 2008-2009 se observa un fuerte impulso por parte de la inversión del gobierno”, agregaron los expertos de la organización.

Bienestar

La medición del bienestar sigue siendo un tema abierto en la academia, pero MCV ofrece una aproximación: el índice de progreso social (IPS). El indicador toma en cuenta factores como el acceso a agua y saneamiento, la nutrición, el acceso a información y la libertad personal y de elección, entre otros. El último reporte para 2020 muestra que entre 2011 y 2020 el índice ha subido, pero este incremento se ha desacelerado en los últimos años. Entre 2015 y 2020, el puntaje aumentó en 1.02 puntos, mientras que, entre 2011 y 2015, el incremento fue casi tres veces mayor, de 2.48 puntos.

“La fuerte caída en la economía mexicana a raíz de la crisis ocasionada por el Covid-19 en 2020 inevitablemente causará estragos en el bienestar de las personas y en el progreso social del país”, aseguran los autores del reporte de MCV, ”lo cual se reflejará en las próximas ediciones del Índice de Progreso Social”.

Si se considera el acceso a la educación como fuente de bienestar, la pandemia ya tuvo un impacto negativo en este rubro. El Inegi reveló en marzo que más de cinco millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia. En el ciclo escolar actual, aseguró el instituto, se inscribieron 32,9 millones estudiante, es decir, el 60,6% de la población de entre 3 a 29 años.

Empleo

Con la publicación de los datos recabados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo salió a la luz un panorama desolador para el empleo en México. De los empleos que se perdieron por los confinamientos obligados de la pandemia, restan 2,3 millones por recuperar. Los vacíos se encuentran, mayoritariamente, en las zonas urbanas. Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo han sido los estados con más deterioro en este aspecto, mientras en el norte y la zona del Bajío, los empleos ligados al comercio exterior ya se recuperaron. Esto ha exacerbado la desigualdad en el país.

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Para todos, sin embargo, el empleo se ha vuelto más duro. La encuesta arroja que 25% de la población económicamente activa trabaja en condiciones inadecuadas, ya sea por que trabaja más de las horas que es recomendable o porque el trabajo ahora está peor pagado que antes de la pandemia. Esto se compara con el promedio histórico que ronda entre el 12% y 13%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Quizás una de las decisiones más ampliamente celebradas del presidente López Obrador ha sido el incremento del salario mínimo, el cual ha hecho por decreto desde que asumió el poder a finales de 2018. Esto sin duda había comenzado a impactar de manera positiva la pobreza laboral, la cual refiere a tener un ingreso que no alcanza para comprar la canasta alimentaria básica. En el 2019 hubo una ligera caída, sin embargo, la pandemia borró la ganancia y empeoró la situación. De acuerdo con un análisis del CEEY, 13 millones de mexicanos cayeron en pobreza laboral por la pandemia, mostrando un mayor deterioro en la calidad de vida de los mexicanos.

Fuente: El País.

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Las personas en situación de pobreza son aquellas que tienen una o más carencias sociales y menores ingresos al valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria, es decir, 2 mil 520 pesos en las zonas rurales y 3 mil 559 pesos en las zonas urbanas.

En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, resaltó que la población en situación de pobreza extrema aumentó de 7.0% a 8.5% de 2018 a 2020, al pasar de 8.7 a 10.8 millones de personas.

Quienes se encuentran en pobreza extrema es porque tienen de tres a seis carencias sociales e ingresos por debajo de la canasta alimentaria, es decir, mil 299 pesos en las zonas rurales y mil 702 pesos en las zonas urbanas.

Las seis carencias sociales que mide el Coneval son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, así como el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

La carencia social con mayor cambio entre 2018 y 2020 fue la de acceso a los servicios de salud.

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En 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 20.1 millones de personas no tenían acceso a los servicios de salud y, en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y año en que comenzó la pandemia de COVID-19, el número aumentó a 35.7 millones, es decir, un incremento de 15.6 millones de personas con esta carencia.

Fuente: Latinus.

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