La Fiscalía General del Estado informó este martes que la agresión ocurrió el 24 de marzo minutos antes de las 9 de la noche, cuando el menor y su acompañante fueron interceptados por otro vehículo.

La comunidad de San Antonio Matute del municipio de Ameca se encuentra consternada después de que un niño fue asesinado por sujetos desconocidos quienes lo agredieron con una arma blanca.

La Fiscalía Estatal informó este martes que el 24 de marzo a las 20:51 horas, el menor y un adulto transitaban en un vehículo por la carretera Guadalajara-Ameca.

La Fiscalía detalló que al ir pasando por la ranchería El Quelite, en la comunidad de San Antonio Matute, el vehículo fue interceptado por varios sujetos desconocidos que iban en un carro.

De éste descendieron varios hombres con el rostro cubierto, quienes los agredieron con una arma blanca y luego se dieron a la fuga.

Ambos fueron auxiliados y posteriormente trasladados a un hospital, en donde recibieron atención médica; sin embargo, el menor murió.

La dependencia de procuración de justicia indicó que la Fiscalía Regional ya inició una carpeta de investigación.

El menor fue identificado como Ángel Gabriel y vivía en la comunidad donde fue agredido. A través de redes sociales, los habitantes de San Antonio Matute y de la región Valles han pedido que el caso no quede impune, con el hashtag #JusticiaPara Ángel y #ConLosNiñosNo.

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“Hubo un abuso de autoridad, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, dijo en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

El jueves 7 de marzo, policías estatales de Guerrero tuvieron un incidente con normalistas de Ayotzinapa. La primera versión de las autoridades estatales fue que en un retén detectaron que el vehículo en donde viajaban un grupo de normalistas era robado, por lo que les ordenaron detenerse.

Los jóvenes les dispararon, por lo que los policías estatales respondieron la agresión, causando la muerte de uno de los normalistas, además de que detuvieron a otro.

«No quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo, se está avanzando y deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes y estoy dedicado a eso, yo estoy conduciendo la investigación».

La versión de los estudiantes es que los jóvenes se dirigían a su escuela en Tixtla para las actividades del 98 aniversario de la institución, se detuvieron en una tienda para comprar cigarros y sin motivo fueron agredidos por los policías, con saldo de un muerto y un detenido.

Esta mañana en entrevista radiofónica con Grupo Fórmula, el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, acusó que la policía de Guerrero torturó a Osiel, el estudiante detenido, para autoinculparse de portar un arma.

El presidente López Obrador aseguró que sí se va a reunir con los padres de los normalistas, pero sin abogados ni intermediarios.

“No les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones, supuestamente de derechos humanos, porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, no han actuado con rectitud y quiero hablar con los papás de manera directa».

Además, dijo que la Fiscalía General de la República ya tiene el caso del joven normalista asesinado el jueves de la semana pasada y habrá justicia, pidió a familiares y periodistas que esperen las investigaciones.

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Los hechos ocurrieron pasadas las 15:00 horas del jueves 15 de febrero, cuando el empresario del sector minero recibió un impacto de bala a quemarropa por parte de dos sujetos que previamente habían fingido ser comensales.

Los hechos quedarían captados en video por una cámara de seguridad, en donde se ve a Aguilar Vera degustando sus alimentos junto a otras seis personas. Pese a la hora, el establecimiento tenía pocos comensales.

A un lado de la mesa del empresario minero estaban sentadas las dos personas que segundos después le quitarían la vida. Los dos sujetos portaban gorras y cubrebocas para evitar ser reconocidos. Uno de ellos vestía una sudadera gris y jeans, mientras que otro portaba una playera blanca de manga y pantalones de mezclilla.

En el clip se ve cómo los sicarios se susurran algo al oído, sin quitarle la vista a la víctima. Al de playera blanca se le ve impaciente e incluso se le ve cruzándose de brazos para no mostrar su nerviosismo. Ambos sólo observan a los meseros y se aseguran de cometer el asesinato en el momento que más les beneficie.

Segundos después vuelven a susurrarse algo y es entonces cuando los dos sujetos se levantan de sus asientos: los dos con pistola en mano se acercan a la mesa de su víctima. El que realiza el disparo a la cabeza de Óscar Octavio Aguilar es el de sudadera oscura, mientras que su cómplice al ver que “el trabajo está hecho” es el primero en salir del restaurante.

Los acompañantes del empresario tienen varias reacciones: unos se levantan rápidamente del lugar y buscan cubrirse tras escuchar disparos; a otros sólo se les ve tensar su cuerpo; mientras que uno más, que estaba junto a Aguilar, se encuentra desconcertado, voltea a ver a los asesinos y luego a su acompañante.

Aunque el clip sólo dura 29 segundos, bastaron cinco segundos a los sicarios desde el momento que se levantaron de sus asientos hasta que dispararon, quitándole la vida de forma instantánea.

Qué dijeron las autoridades

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes dio a conocer que el empresario asesinado y sus acompañantes se hallaban en el establecimiento buscando llegar a un acuerdo, como parte de un litigio por derechos de autor que se llevaba a cabo en Zacatecas, relacionado con una patente de explosivos para minería, y por el cual existía una disputa económica considerable.

El titular de la Secretaría, Manuel Alonso García, explicó que desde el año 2019 Óscar Octavio Aguilar Vera estaba inmerso en un juicio en Zacatecas por la propiedad intelectual de una fórmula de explosivos utilizada en la minería, la cual él reclamaba como suya, pero que había empezado a ser utilizada por terceros.

Alonso García detalló que, por orden judicial, ambas partes del conflicto fueron instruidas a negociar y alcanzar un acuerdo en un espacio que fuese considerado neutral, motivo por el cual eligieron dicha localidad aguascalentense para sus reuniones, siendo esta la tercera ocasión que se citaban en el mismo restaurante.

Subrayó la posibilidad de que el móvil del crimen estuviera relacionado con las tensiones alrededor de este caso legal, en el cual había más de 70 millones de pesos en disputa por los derechos de autor del mencionado producto.

Como respuesta al homicidio, fuerzas de seguridad estatales implementaron un operativo en busca de los responsables, sin que hasta ahora se haya proporcionado información sobre su paradero.

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La fiscalía general de esta urbe del centro del país confirmó que se encontraron los restos de Jesús Ociel Baena junto a los de otra persona, a la que la prensa local y grupos defensores de la comunidad LGBTQ+ identificaron como su pareja.

El fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega dijo en una conferencia de prensa que las víctimas presentaban heridas aparentemente causadas por un cuchillo o algún otro objeto punzocortante.

“No hay huellas ni indicios para poder determinar que una tercera persona diferente a los fallecidos estuviera en el lugar del crimen”, declaró.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del país, Rosa Icela Rodríguez, señaló en conferencia de prensa que las autoridades investigaban los hechos y aún se desconocía “si se trata de un homicidio o fue un accidente”. Algunas investigaciones de homicidios en México han sido minimizadas rápidamente por las autoridades, que las han calificado como crímenes pasionales.

Alejandro Brito —director del grupo Letra S, que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+— dijo que la presencia de Baena en redes sociales lo convirtió en un blanco, e hizo un llamado a las autoridades para que tomen en consideración ese contexto durante su investigación.

“Fue una persona que recibió muchos mensajes de odio, de amenazas de violencia, hasta de muerte. Entonces, es imposible investigar estos hechos violentos sin tomar en cuenta el contexto”, dijo Brito. “Elle, magistrade, estaba rompiendo ese círculo de invisibilidad en que estaba encerrada esta comunidad”. 

Baena era una de las figuras más visibles de la comunidad LGBTQ+ en un país en el que a menudo se agrede a las minorías, y ya había recibido amenazas de muerte.

Baena, una persona abiertamente no binaria, hizo historia en octubre de 2022 al asumir el cargo de magistrade del tribunal electoral del estado de Aguascalientes. Se cree que fue la primera persona no binaria en Latinoamérica en asumir un cargo judicial. Baena rompió otra barrera en junio pasado, cuando formó parte de un pequeño grupo de personas en recibir los primeros pasaportes no binarios emitidos en México.

Baena publicaba con cierta regularidad fotografías en las que aparecía con falda, zapatos de tacón alto o con un abanico con los colores del arcoíris dentro de las oficinas del tribunal, además de realizar labores de activismo en redes sociales, donde tenía cientos de miles de seguidores.

“Soy persona no binaria, no me interesa verme mujer ni tampoco hombre, esa es una identidad, es mía y para mí, para nadie más”, escribió Baena en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, en junio pasado. “Soporten”. 

Apenas semanas antes de su muerte, Baena recibió un certificado del tribunal electoral en el que se le reconocía con el pronombre de género neutro “maestre”, un importante paso en el idioma español, que tradicionalmente tiene pronombres masculinos y femeninos.

Aunque Brito dijo que México había dado pasos importantes para reducir los niveles de violencia contra la comunidad LGBTQ+ en las últimas décadas, su grupo registró un repunte de actos violentos en 2019, documentando al menos 117 asesinatos de lesbianas, homosexuales, bisexuales o personas transgénero en el país. Muchos de ellos fueron homicidios grotescos, incluidos apuñalamientos y asesinatos en público.

Brito dijo que le preocupaba que la muerte de Baena pueda provocar más violencia contra la comunidad LGBTQ+.

“Si se trató de un crimen motivado por el prejuicio, ese tipo de crímenes siempre tienen la intención de lanzar un mensaje a las comunidades a las que pertenecían las víctimas. Siempre”, dijo Brito. “Y el mensaje es de intimidación. Para decir: miren lo que les puede pasar si se hacen públicas sus identidades”.

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