Un ambiente de seguridad para las y los periodistas debe permitir que quienes ejercen esta profesión puedan generar, recabar y difundir información, en apego a las metodologías y la ética de la labor, sin correr el riesgo de sufrir daños físicos, psicológicos, emocionales ni profesionales. Así lo planteó la organización Reporteros Sin Fronteras en su Índice Mundial de la Libertad de Prensa. De acuerdo con dicha clasificación, este ambiente no existe en México.

El país gobernado por Andrés Manuel López Obrador ocupa el lugar 179 en la lista de 180 países clasificados de acuerdo con el ambiente de seguridad que hay para las y los profesionales del periodismo, ubicado sólo por encima de Birmania, un país del sudeste asiático que, actualmente, vive un fuerte conflicto civil derivado de un golpe de estado.

Al fondo de esta clasificación, además de México y Birmania, se encuentran Eritrea, Yemen, Corea del Norte, Siria, Irán, China, Bangladesh, Afganistán y Vietnam.

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De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), esta evaluación se realizó a partir de análisis cuantitativos, al hacer un recuento de los ataques cometidos contra periodistas, y análisis cualitativos, a través de entrevistas con especialistas en periodismo y en la defensa de los derechos humanos.

Las preguntas utilizadas para realizar la investigación por parte de RSF pretendían indagar en la ocurrencia de agresiones, amenazas y daños a periodistas en el último año. Una de las preguntas compartidas por la organización fue “¿Se ha asesinado a periodistas en los últimos 12 meses?”.

En este punto es conveniente recordar que, tan solo de enero a junio de 2022, en México se han registrado 11 asesinatos de periodistas, de los cuales tres han ocurrido en Veracruz (José Luis Gamboa Arenas, Sheila Johana García Olivera y Yesenia Mollinedo Falconi), dos en Michoacán (Roberto Toledo y Armando Linares) y dos más en Baja California (Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado). Cabe destacar que los tres estados están gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Además de la categoría de seguridad, Reporteros Sin Fronteras consideró cuatro indicadores más para evaluar la situación de los países y determinar su calificación en términos de libertad de prensa: contexto político, marco legal, contexto económico y contexto sociocultural. Aunque la evaluación de México en términos de seguridad para periodistas es la más baja de los cinco indicadores, ninguno refleja un escenario realmente favorable.

El contexto político, en el que se analizó el nivel de apoyo y respeto a la autonomía de los medios frente a las presiones de los actores políticos de cada país, México tuvo una calificación de 58.18 de 100 puntos, lo que lo ubicó en la posición 82 del listado.

Por otro lado, para calificar el contexto económico se consideró la corrupción al interior del ambiente periodístico, así como la dificultad para crear un medio de comunicación y los obstáculos relacionados con anunciantes y socios comerciales. En dicha categoría, México tuvo una evaluación de 43.37/100 y ocupó el lugar 84.

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Respecto al marco legal, México cayó hasta el puesto 91 con un puntaje de 65.79. En este indicador se evaluó el grado en que el periodismo se puede ejercer con libertad y sin censura o sanciones legales, así como el nivel de acceso a la información y la impunidad para quienes cometen actos de violencia contra periodistas.

En cuanto al contexto sociocultural, que estudia las presiones o ataques sociales a la prensa por cuestiones de género, clase, origen étnico o religión, México se ubicó en la posición 121, con una calificación de 59.50.

De manera general, Reporteros Sin Fronteras posicionó a México en el lugar 127, con 47.57 puntos, y determinó que en el país existe una “situación muy difícil” en cuanto a la libertad de prensa. Y aunque esto significó una escalada en la lista respecto al informe de 2021 (en el que ocupó el puesto 143), la calificación de 2022 es menor a la del año anterior (53.29).

Fuente: Infobae.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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Mientras que se preparan, en su pueblo, para despedir al octavo periodista mexicano asesinado en lo que va del año, muchos de sus colegas protestan en Morelia —en el occidente del país—, y le reclaman al presidente más protección y que los crímenes no queden impunes.

“El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias”,

dijo el miércoles el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay indignación… hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos”, agregó y advirtió ante el mandatario: “les van a faltar balas, somos muchos”.

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En tanto, en el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían “Gobierno pacifista no mata periodistas” y “Prensa, no disparen”.

Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos el martes en su domicilio de Zitácuaro, un mes y medio después de que mataran a otro compañero del mismo medio, Roberto Toledo, mientras se preparaba para hacer una entrevista.

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Por su parte, López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia, le envió sus condolencias a la familia de Linares y repitió que en su gobierno no hay impunidad, pero volvió a hablar de las “mentiras” de los medios y de periodistas “mercenarios”.

“No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos”, afirmó. Además, “el finado no aceptó la protección” oficial.

Linares, sin embargo, había denunciado amenazas y tras la muerte de su compañero el 31 de enero le dijo a The Associated Press que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia.

“Las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas”, aseguró el miércoles en un comunicado el colectivo “Ni Uno Más Michoacán”, que también denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda su profesionalidad y desestimaron las amenazas contra Monitor Michoacán, un medio que, entre otras cosas, denuncia casos de corrupción.

“En México la protección surte efecto tres días y luego se les olvida”, se lamentó Magdalena Alonso, propietaria del Noticiero al Aire Zitácuaro, localidad de donde era Linares.

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México es el país más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés). “Los matan en zonas de guerra, los matan en áreas donde políticos y criminales están coludidos”, dijo su representante en México, Jan-Albert Hootsen, en referencia a dos periodistas que fueron asesinados también el martes en Ucrania.

“En un mundo donde la desinformación y la manipulación de cada narrativa es un objetivo brutalmente perseguido por quienes tienen el poder y están dispuestos a usar la violencia letal, los periodistas son considerados objetivos legítimos y la impunidad es la herramienta más poderosa para silenciarlos”,

denunció Hootsen.

El presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera dijo que en ningún asesinato había involucrados servidores públicos, sino que son crímenes cometidas por bandas de delincuentes.

Fuente: Dallas News.

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Al confirmar que 252 comunicadores han sido asesinados de 2006 a la fecha (55 de ellos en el actual sexenio), el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, urgió a reformar el artículo 73 constitucional para expedir la ley general en la materia y fortalecer la protección a dichos grupos.

“Con esa reforma ya podríamos generar una postura institucional esta misma semana, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y trabajar en conjunto para que, en el segundo periodo ordinario de sesiones, a más tardar en septiembre, ya podamos presentar una iniciativa de ley general”,

señaló.

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En reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la referida comisión en el Palacio de San Lázaro, el funcionario precisó que los años con mayor número de asesinatos contra periodistas fue 2012, con 23, seguido de 2010, 2018 y 2020, con 20 cada uno de esos años.

Detalló que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101 asesinatos contra periodistas; en la administración de Enrique Peña Nieto, 96, y en la de Andrés Manuel López Obrador, 55.

“De los 252 asesinatos que tenemos documentados de 2006 a la fecha, hablamos de 220 periodistas hombres y 32 mujeres”,

dijo.

Irazoque informó que al día de hoy mil 559 personas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección, lo que representa un aumento de 95 por ciento con respecto a las 798 que se encontraban registradas al comienzo de la actual administración.

Del total, 515 son periodistas (140 mujeres y 375 hombres), y mil 44 defensores de derechos humanos (565 mujeres y 479 hombres).

El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señaló los elementos centrales de la ley general, como la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esa materia y la creación de un sistema nacional de prevención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

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“Hay que decirlo con todas sus letras: el mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y la claridad de los demás órdenes de gobierno, la situación no se va a revertir y es allá adonde tenemos que apuntar”,

dijo.

Admitió que el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen.

Fuente: Milenio.

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«Hemos visto las amenazas que se han hecho contra periodistas en México, es un hecho»,

dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada al respecto por Efe en su rueda de prensa diaria.

La portavoz reaccionaba así al comentario de López Obrador de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, debía estar «mal informado» cuando denunció, en un tuit, que hay un «alto número» de periodistas asesinados en México este año.

«El secretario Blinken estaba expresando su preocupación de parte de Estados Unidos sobre esos abusos (contra periodistas en México). Estaba hablando sobre los hechos que hemos visto sobre el terreno»,

subrayó Psaki.

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Este martes, Blinken escribió en su cuenta de Twitter que el «alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes».

«Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad»,

añadió.

López Obrador aseguró este miércoles que creía que Blinken «está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe».

«Lo que él está sosteniendo no es cierto», dijo el presidente mexicano en su conferencia de prensa matutina, en la que agregó que «no hay impunidad, no son crímenes de Estado».

Añadió que su Gobierno está «atendiendo» esos crímenes y opinó que al secretario de Estado estadounidense sus asesores «lo están engañando o lo están utilizando».

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El presidente aseguró que dio instrucciones al canciller, Marcelo Ebrard, para que envíe a Blinken una relación de todos los casos de periodistas asesinados en México.

La semana pasada, el Gobierno mexicano presentó un informe sobre las investigaciones de asesinatos a periodistas y manifestó su respeto a quienes ejercen el oficio. De forma paralela, lamentó que se utilicen los asesinatos de periodistas para fomentar una campaña mediática contra su Administración.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo del mundo y suma ya cinco reporteros asesinados en lo que va de 2022, una cifra elevada que ha conmocionado a la nación.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024). EFE

Fuente: Swiss Info.

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La presentadora de televisión y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michell Simon, fue hallada sin vida el martes al sur de la capital mexicana, según informaron las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de que su cuerpo fue encontrado, envuelto en sábanas, por trabajadores que trataban de apagar un incendio en la carretera Picacho-Ajusco.

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Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y la policía está llevando a cabo inspecciones e interrogatorios a testigos en el lugar, dijo el portavoz policial Ulises Lara López en Twitter. Familiares y amigos de la periodista, originaria del sureño estado de Veracruz, denunciaron su desaparición el pasado viernes y la han identificado tras el hallazgo del cadáver por los tatuajes que portaba en los brazos.

La Fiscalía ha informado de lo sucedido a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha indicado que trabaja en la hipótesis de que se trata de un feminicidio, aunque no descartan otras líneas de investigación..

Periodista deportiva

Además de haber aparecido en programas de televisión del ámbito deportivo, la periodista era también conocida por su faceta más artística. Había llevado a cabo trabajos como actriz, bailarina y animadora que promocionaba en sus redes sociales.

Era una gran aficionada al fútbol, el boxeo, la lucha libre y especialmente el béisbol, deportes sobre los que realizaba crónicas en varios medios de comunicación. La joven, de 29 años, se trasladó en 2013 de Coatzacoalcos a la capital para cumplir su sueño de ser periodista deportiva.

Asimismo, Michell Simon se había mostrado crítica en múltiples ocasiones con los prejuicios hacia las mujeres que trabajan en la industria del cine con desnudos. Según explicó en una entrevista que le realizaron hace unos meses y que se compartió en Youtube, ella misma empezó a compartir contenido sensual en diciembre del pasado año en su propio perfil de OnlyFans. «En algún momento (las críticas) me afectaron, pero ya después no hice caso», había llegado a afirmar en alguna ocasión. Este hecho le habría costado algunas enemistades y críticas en su entorno.

Sexta periodista asesinada

Se trata de la sexta trabajadora de medios asesinada en México este año, unas cifras que evidencian un preocupante ascenso de este tipo de crímenes. El pasado año, en todo 2021, un total de siete periodistas fueron asesinados, según documenta Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión.

Los grupos de protección de los medios y los activistas sostienen que los grupos criminales y las bandas de narcotraficantes, así como los funcionarios corruptos, molestos por el trabajo de los reporteros, son sospechosos de llevar a cabo muchos de los asesinatos.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el martes que la cantidad de periodistas asesinados en México este año es preocupante. «Me uno a los que piden mayor protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de quienes dieron su vida por la rendición de cuentas de la verdad», dijo Blinken en el mensaje en Twitter.

Periodistas en la ciudad fronteriza norteña de Tijuana realizaron protestas la semana pasada para instar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a poner fin a la violencia contra los trabajadores de los medios.

Fuente: El Periódico.

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El asesinato de un periodista en el estado de Michoacán conmocionó nuevamente a México y al mundo. El reportero Roberto Toledo fue baleado el último lunes (31.01.) por tres sujetos en el estacionamiento del edificio de la redacción del portal Monitor Michoacán donde trabajaba. Con él, ya son cuatro los comunicadores asesinados en el país en las primeras cuatro semanas de 2022.

Días antes, la organización Artículo 19, que defiende la libertad periodística en el mundo, contabilizaba 148 periodistas mexicanos asesinados desde el 2000 hasta la fecha. 28 de esos crímenes ocurrieron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018. DW habló con Paula Saucedo, oficial del programa Protección y Defensa de la oficina mexicana de Artículo 19, que, además del reciente asesinato, ha seguido los casos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

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DW: Señora Saucedo, el director del portal Monitor de Michoacán ha declarado que su medio ya venía recibiendo amenazas. ¿Por qué exactamente y quién se podría haber incomodado con el trabajo de Toledo?

Paula Salcedo: Lo que sabemos hasta el momento es que, por lo menos, desde el 27 de enero el equipo recibía amenazas. Fue justo tras publicar un video en la página de Monitor de Michoacán, que cubría principalmente algunos casos de detenciones arbitrarias y extorsión que habría realizado la Policía Municipal en Zitácuaro. Roberto Toledo colaboraba de distintas formas en el medio, saliendo a reportear o tomando fotografías. Pero es muy importante mencionar que las amenazas iban contra todo el medio. Por eso es esencial que en las investigaciones se incluya la labor informativa del medio, no importando de qué manera colaboraba Roberto Toledo.

Ante las amenazas, ¿sabe usted si el periodista o sus colegas estaban tomando algunas medidas de seguridad?

Al parecer había entre ellos un cierto tipo de monitoreo y el mismo 27 de enero querían contactar al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación. Pero, desafortunadamente, no lo hicieron antes del lunes, cuando asesinaron al periodista. Ahora ya están en contacto con las autoridades. Sin embargo, justo en este punto, hay un problema del Mecanismo, al que le falta un enfoque más preventivo, porque muchas veces para recibir protección se tiene que haber recibido una agresión.

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¿Qué significa para México el asesinato del periodista Toledo, el cuarto en apenas un mes?

Hoy en día ser periodista en México significa muchos riesgos y se ejerce en un contexto bastante hostil. En Artículo 19 registramos que cada 14 horas un periodista es atacado por ejercer su labor. Existe una estigmatización contra el periodismo, principalmente llevada a cabo por el presidente y otros servidores públicos, además de la precarización en la que se ejerce la labor. Por todo esto, el periodismo en México está bajo asedio y amenaza constante. Y cuando la prensa de un país está en esa situación, la democracia de ese país también está en juego o es una democracia simulada. No se puede hablar de democracia sin una prensa libre.

La Fiscalía de Michoacán informó que ya realiza investigaciones para determinar si el homicidio de Toledo está relacionado con su actividad periodística o con el despacho de abogados en el que también colaboraba. ¿Cree usted que, de cierto modo, se minimiza el caso emitiendo pronunciamientos prematuros?

Una de las principales cosas que establece el protocolo homologado para investigar crímenes contra la libertad de expresión es que se tiene que respetar la línea de investigación. Para eso es muy importante que las autoridades se abstengan de emitir juicios sobre los casos hasta que las líneas de investigación no estén agotadas. Porque si desde un comienzo se está delimitando, restringiendo o ignorando la labor informativa del medio, difícilmente van a llegar a conclusiones robustas.

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Precisamente algo parecido ocurrió tras el asesinato del periodista Margarito Martínez, el 17 de enero en Tijuana, sobre el cual las autoridades comunicaron que, según los primeros datos, podría tratarse de problemas personales entre vecinos…

Estas declaraciones pueden estigmatizar al periodista y desvirtúan la investigación. De esta forma re victimizan y sacan conclusiones sin siquiera haber pasado muchas veces 24 horas de los crímenes. Siendo honestos, ojalá así de rápido avanzaran las investigaciones en México, pero eso no ocurre.

Teniendo en cuenta experiencias parecidas en los últimos meses, ¿por qué las autoridades mexicanas no ofrecen ayuda rápida cuando un periodista alerta que está siendo amenazado?

Como dije, las autoridades no tienen un enfoque preventivo. Además, hay una gran burocratización dentro de los Mecanismos, como de otras instancias estatales, para brindar protección. Muchas veces, cuando se conjuga la necesidad de los medios de sacar varias notas y más fuentes de ingresos, debido a la precarización de los medios, es difícil para muchos periodistas cumplir con los requisitos que solicitan las autoridades para que se les brinde protección. El Estado está obligado a proteger no solo a la prensa, sino a cualquier persona en territorio mexicano.

Precisamente, el actor que más agrede a la prensa en México es el Estado y sus funcionarios públicos. Entre un 40 y 45 por ciento, en promedio anual, de las agresiones a comunicadores están directamente vinculadas a servidores públicos. Y la mayoría de los periodistas que son atacados cubren temas de corrupción y política, como en el caso de Toledo, Maldonado, Martínez y Gamboa.

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¿Qué seguridad da estar inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas, como lo estaba Lourdes Maldonado? Ella, incluso, le llegó a decir cara a cara al presidente López Obrador «Temo por mi vida”.

El Mecanismo de por sí es necesario, pero es insuficiente. Por ejemplo, este no tiene las facultades que tienen las fiscalías. Y la impunidad, justamente, permite la reproducción de esta violencia. Atacar a un periodista en México es muy barato. No hay garantías de que no vuelva a ocurrir, no hay reparación al daño y no hay acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, difícilmente los mecanismos van a poder implementar todas las cuestiones necesarias para prevenir la violencia, cuando hay otras autoridades de los tres niveles de gobierno que no están actuando.

Además de abstenerse de estigmatizar a la prensa y rechazar públicamente estos crímenes, las autoridades tienen que fortalecer los mecanismos de forma financiera y técnica. Sin olvidarse de las fiscalías, donde, por ejemplo, no hay capacidades forenses porque están saturados.

Fuente: DW.

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