El General Luis Cresencio Sandoval dio a conocer que el Gobierno de México analiza la posibilidad de que la Sedena fabrique las armas que utilizan las policías mexicanas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este vienes, el secretario de la Defensa Nacional afirmó que el objetivo es no depender del extranjero para poder adquirir armamento que sirva para equipar a las policías de todo el territorio nacional.

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“Hay un proyecto que dentro de nuestra industria militar para tener la posibilidad de fabricar armas, como lo hacemos actualmente para nuestra institución, para la policía”,

reveló el titular de la Sedena.

“De tal manera sería más fácil tener un control del armamento y las municiones, de todo lo que tiene que ver con las armas de la policía. No depender del extranjero para poder adquirir el armamento que requieren las policías, en lo cual se tardan demasiado tiempo, casi un año de puros trámites”,

argumentó.

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Este proyecto se dio a conocer después de que Luis Cresencio Sandoval asegurara que analizará la petición del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de entregar a las policías municipales las armas que son decomisadas a grupos criminales.

Al respecto, Sandoval explicó que por disposiciones legales, todas las armas decomisadas son destruidas. No obstante, reconoció la posibilidad de que se analicen algunos trámites legales que permitieran analizar esta propuesta.

Fuente: El Financiero.

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México es el «quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar«, dijo este miércoles (06.04.2022) el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Small Arms Survey calcula que «hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país a pesar de que las leyes mexicanas de posesión de armas son estrictas y solo existe una oficina administrada por el Ministerio de Defensa (…) para que los civiles puedan solicitar permiso y comprar armas de fuego», afirmó Celorio durante su intervención.

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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador calcula que «cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia nuestro país», añadió el experto con motivo de la conmemoración en la OEA del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.

Según cifras oficiales, entre el 70 y 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México «se rastrean a su origen» en Estados Unidos, lo cual -según Celorio- es un problema no sólo por la cantidad sino por sus características, puesto que muchas están diseñadas para uso militar. Esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, cuya consecuencia son «masacres que dejan decenas de muertos en un par de minutos».

Celorio declaró que México ha trabajado con Estados Unidos para combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas provenientes de territorio estadounidense, con éxito a nivel de aduanas en la frontera y en perseguir a los delincuentes, pero quedaba pendiente otro componente: las empresas que las manufacturan y distribuyen.

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En agosto de 2021, México puso una demanda civil por daños contra estas empresas por estimar que «sus actividades negligentes e ilícitas facilitan el tráfico de su producto cogenerando esta espiral de violencia», explicó Celorio, poniendo énfasis en que no es contra el Gobierno de Estados Unidos, la población estadounidense ni su sistema jurídico.

No obstante, «los Gobiernos tenemos la oportunidad de animar a nuestro sector privado para que se conduzcan con la debida diligencia, el debido cuidado, prevengan que sus productos causen un daño y que en el caso de armas y más de las armas de diseño para uso militar caigan en manos de criminales», agregó.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, aseguró que su país «reconoce su responsabilidad para cumplir con su parte en prevenir la exportación ilegal de armas de fuego a nuestros vecinos, y se compromete a trabajar con México, el Caribe, América Central y otros países de la región para detener el movimiento ilegal de armas de fuego a través de las fronteras».

Fuente: DW.

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El suceso en este municipio, bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dista mucho de ser una amenaza puntual.

En unas tres semanas, el Ejército mexicano desactivó al menos 250 explosivos caseros en esta zona conocida como Tierra Caliente, revelado como un auténtico campo minado para mayor terror de la población local.

Las minas antipersona, que recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados, se suman así al arsenal de los carteles mexicanos que han aumentado su poder y diversificado sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares y ejércitos en guerra.

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«Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas de lo que hay sobre tu cabeza», 

resume la situación para BBC Mundo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, donde en febrero se desplegaron efectivos del Ejército para tratar de recuperar su control.

En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.

De contar con viejas armas soviéticas en el pasado, los carteles pasaron a utilizar desde fusiles característicos de ejércitos en guerra hasta los drones con explosivos de tecnología más sofisticada, pasando por la fabricación de sus propios vehículos blindados o incluso submarinos. Y ahora, también minas improvisadas.

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Para Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores de dos libros sobre los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja «una escalada de violencia potencialmente indiscriminada».

«Representan amenazas potenciales significativas a las que el Ejército mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país»,

dice Bunker, entrevistado por BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó comentarios sobre este tema de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que desplegó efectivos para desactivar las minas en Michoacán, pero no obtuvo respuesta.

Según autoridades militares citadas por el diario El Universal, en el rastreo en la zona se encontraron minas fabricadas de modo casero, colocadas a unos 150 metros una de otra, y escondidas no solo a las afueras de las comunidades sino también en su interior.

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En un comunicado del 9 de febrero, la Sedena aseguró que «se logró restablecer la transitabilidad y la paz social» en Aguililla tras el ingreso de soldados al municipio «con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región», pero no hubo mención al hallazgo de las minas.

Sin embargo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado menos de un mes después.

«Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales (…) y se está avanzando, ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de Bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones», 

dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo logran estas armas?

Los expertos consultados sitúan el inicio de esta evolución y militarización de las armas del crimen organizado en México en el momento en que el Cartel del Golfo desplegó hace años por primera vez a exsoldados profesionales como parte de los Zetas, su antiguo brazo armado.

Aquello fue el detonante para que cuando un cartel intentaba sobrevivir y competir contra grupos rivales, optara por reforzar sus unidades utilizando armamento de grado militar, opinan los fundadores del sitio web de análisis de conflictos y grupos criminales en América Latina Small Wars Journal-El Centro.

En opinión de Bunker, «esto resultó en una ‘revolución militar de carteles’ que aún continúa».

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El origen de dichas armas pueden ser tres. En el pasado, los carteles mexicanos obtuvieron armas de arsenales de gobiernos centroamericanos como rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras, armas antitanque y granadas.

De un mercado ilegal más lejano llegaban armas de grado militar fabricadas en países como China, Rusia, Corea del Sur o Sudáfrica. Estas líneas de tráfico, sin embargo, no son hoy tan sólidas como cuando los cárteles estaban presentes en algunos puertos de México, apunta Bunker.

Por el contrario, un segundo e importante origen actual de estas armas continúa siendo Estados Unidos.

Del país con el que México comparte la frontera terrestre más transitada del mundo proceden miles de los rifles Barret calibre 50 o los fusiles semiautomáticos utilizados por los carteles, y que son compradas por intermediarios en aquel país para luego ser introducidas en México escondidas en vehículos.

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Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

Por ello, el Ejecutivo interpuso el año pasado una demanda contra un grupo de empresas estadounidenses de armas que sigue su curso.

«Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada», aseguró entonces el presidente López Obrador.

Esta procedencia de las armas fue visible en multitud de sucesos.

Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

Pero un tercer origen de estas armas es, sin embargo, el propio México.

Según Bunker, «los carteles han obtenido armas de funcionarios policiales, militares y gubernamentales corruptos. Incluso cuando las autoridades se incautan de armas de grado militar de los carteles, no siempre se destruyen y pueden volver a ellos por un precio acordado».

Fabricación propia

En los últimos años, los carteles han aumentado además sus conocimientos y capacidades para fabricar sus propias armas como las recientes minas terrestres improvisadas o drones armados. Una de sus principales fuentes de aprendizaje es la interacción con otros grupos criminales.

«A veces, eso se aprende en prisión. Tales habilidades tácticas de armamento se han transmitido de grupos como las FARC de Colombia al CJNG, por ejemplo, cuando los grupos cooperan y forman alianzas», destaca Sullivan.

De hecho, si hay algo que para los expertos representa esta militarización de las armas de los carteles y que es su mejor ejemplo de fabricación casera son los conocidos como «monstruos» o «narcotanques».

«Estos vehículos blindados han evolucionado desde solo tener puertos de armas desde los cuales pegar cañones de armas a monturas de armas fijas (para ametralladoras y rifles Barret calibre .50) a torretas blindadas giratorias que contienen estas armas», dice Bunker.

Otra muestra de este poderío son el uso de drones, que ha pasado de un uso como artefacto explosivo improvisado de detonación puntual a un elemento con capacidades de bombardeo aéreo.

El pasado enero, un video grabado desde un dron del CJNG permitió ver el momento en que el artefacto lanzaba varias bombas sobre un campamento en Michoacán, del que las personas huían despavoridas.

Poderío del CJNG

De hecho, el grupo liderado por el Mencho es, hoy por hoy, el cartel considerado más avanzado operativamente en su carrera armamentística.

Así se encargan de mostrarlo en videos en los que exhiben sin pudor, a plena luz del día e incluso a cara descubierta, parte de su equipamiento como cuando desfilaron en tanques caseros por Aguililla el año pasado entre gritos de «¡Pura gente del Mencho!» y «Ahora paseamos los de las 4 (letras, en referencia al CJNG)»:

«Estas ‘demostraciones de fuerza’ son una muestra de poder para impresionar a la población y a sus rivales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real», analiza Sullivan.

De cara al futuro, los expertos consideran que la especialización en armas vista actualmente en la región en disputa de Tierra Caliente podría extenderse a otras zonas de México donde los grupos criminales vean la necesidad de lograr una ventaja táctica.

«Una vez que allí haya un cartel definitivamente en control, la violencia e innovación serán menos pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica», pronostica Sullivan.

Además, recuerda que grupos colombianos que usaron minas terrestres como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales como el Clan del Golfo han interactuado en diversos grados con los carteles mexicanos. «Se puede esperar que las minas continúen proliferando», concluye el analista.

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Bunker remarca sin embargo que el Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros.

Uno de sus puntos débiles, sin embargo, es que «los carteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones del gobierno mexicano. Las unidades de la Secretaría de Defensa en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción si se despliegan en un área por periodos prolongados», alerta.

Fuente: BBC.

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Las 11 empresas de armas estadounidenses demandadas por el gobierno de México respondieron formalmente a Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, para solicitar que se desestimen los argumentos contra las compañías.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), divulgó un documento que enumera las respuestas de las armadoras, quienes cuestionan la legalidad de la demanda.

La SRE informó que en coordinación con otras dependencias federales, prepara los argumentos y la “evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías demandadas”.

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La Cancillería sostuvo que México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, las empresas entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero.

“Tales señalamientos se atenderán de manera precisa en el escrito de réplica y ante la corte. De ninguna manera se litigará este caso en los medios de comunicación”,

sostuvo la secretaría.

La demanda fue presentada el pasado 4 de agosto contra los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

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Las empresas tienen plazo hasta este lunes 22 de noviembre para presentar un recurso contra la denuncia, donde se les acusa de un comercio “negligente e ilícito” de armas.

México pide poner fin al “daño” que provocan esas empresas al “facilitar activamente el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga y a otros criminales” en el país.

Entre 70% y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, desde donde llegan anualmente más de medio millón de armas al país corroído por el narcotráfico, según la denuncia.

Fuente: Animal Político.

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El despacho de abogados Hilliard & Shadowen LLP cobrará un millón de dólares anuales al Gobierno de México para que lo defienda y represente en la denuncia interpuesta en tribunales de Estados Unidos en contra de 11 fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas.

“En el acuerdo que se ejecutará el 1 de enero de 2022, el gobierno de México y la Hilliard & Shadowen acordaron que los honorarios generales de la firma no excederán un millón de dólares por año”,

dice Steve Shadowen, socio fundador de Hilliard & Shadowen LLP en una carta enviada a Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, Texas.

La firma estadounidense no cobrará honorarios ni gastos al Gobierno de México, a pesar de que ayudaron en las fases de documentación y construcción del expediente para interponer la denuncia ante un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, dice el documento en poder de Forbes México.

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El gobierno y los abogados estadounidenses reconocen que la etapa de defensa continuará después de la expiración del acuerdo, que contempló la fase de preparación e interponer la denuncia en contra de los 11 fabricantes de armas.

Ambas partes acuerdan ejecutar un nuevo acuerdo de defensa el 1 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, el cual permanecerá vigente hasta el litigio en relación con la denuncia descrita.

El Gobierno de México acordó pagar a la firma las tarifas por sus servicios a la mitad de las tarifas por hora.

Las tarifas de los abogados Shadow y Brunell oscilan entre 950 dólares y mil dólares por hora, por lo que cobrarán entre 475 dólares y 500 dólares por hora por el tiempo de los defensores.

Las tarifas por hora estándar de los abogados junior oscilan entre 300 dólares y 500 dólares, por lo que cobrarán al gobierno entre 150 dólares a 275 dólares por hora.

Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Glock Ges.m.b.H, Sturm,Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms son acusadas de que sus armas están en manos de cárteles generando violencia en México.

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Según el argumento central del litigio presentado el 4 de agosto de 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las empresas demandadas son conscientes de que sus armas comercializadas son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.

Los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma, expone la denuncia de la SRE.

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, señaló que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. El monto de la exigencia será determinado en el juicio ante un tribunal federal de Massachusetts.

El canciller enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

Añadió como esencial que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito, y que las empresas cesen las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.

Le pegan al tráfico

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha embargado más automóviles y camionetas “chocolate” que armas cortas y largas en las aduanas instaladas desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana, Baja California.

Los agentes encargados de inspeccionar a los turistas estadounidenses y mexicanos radicados o de viaje por Estados Unidos han incautado más de 421,028 automóviles y vehículos en las 49 aduanas del 1 de enero de 2006 hasta el 1 de octubre de 2020, revelan cifras del SAT.

El organismo a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez logró retener más de 30,063 armas cortas y largas que no llegaron al crimen organizado o bandas de delincuentes de 2008 hasta los primeros días de 2020.

En 2006 y 2007 no registró ni una sola incautación de armamento por los recintos fiscales vigilados por videocámaras, tecnología de punta, así
como personal adscrito al SAT encargado de combatir el contrabando y el tráfico de mercancías.

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Durante el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador fueron embargadas 12,029 armas cortas y 18,034 armas largas que procedían de las tiendas en Estados Unidos.

“Las aduanas en México no tienen la capacidad técnica y no poseen la tecnología para detectar las armas en todos los cruces fronterizos. Yo cruzo la frontera muchísimo y las revisiones son aleatorias y muchas veces son abre la cajuela”,

señala Tony Payán, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice, en Texas.

El profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dice que los agentes de aduanas inspeccionan lo transportado en la cajuela y se enfocan en ver si llevan computadoras, electrodomésticos, televisores o cualquier producto tecnológico, porque el afán del SAT es recaudar y cobrar los impuestos.

“Aumentar las inspecciones de todos los vehículos, que viajan del norte al sur, requeriría de mucho más personal en las aduanas, mucha más inversión en instalaciones y mucha más inversión en tecnología que México sencillamente no tiene y no puede”, concluye Payán.

Fuente: Forbes.

La entrada México pagará 1 mdd al año para que lo defiendan ante fabricantes de armas en EU se publicó primero en México 24 siete.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) reveló un análisis que hizo y el cual concluye que México tiene 23 veces menos armas que Estados Unidos, pero el triple de homicidios dolosos.

Con base en la última encuesta de la organización Small Arms Survey, el CNSP dijo que en Estados Unidos hay 393.3 millones de armas de fuego en manos de civiles, 1.18 por habitante, y en México hay 16.8 millones, una por cada 7 habitantes.

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“Es decir, en la República Mexicana existen 23 veces menos armas que en Estados Unidos; sin embargo, su tasa de homicidios es del triple que en la Unión Americana”,

señaló la organización que encabeza Alejandro Desfassiaux.

Por ello, el propio Desfassiaux cuestionó y calificó como injustificada la reciente demanda que presentó el gobierno de México contra las armerías estadounidenses.

“La causa de la violencia no son los rifles per se, sino la incapacidad de las autoridades para controlar a las organizaciones criminales que los adquieren”,

afirmó el presidente fundador del CNSP.

Asimismo, advirtió de la forma en que se ha extendido la violencia en el país, donde la segmentación de los cárteles ha dado paso a 227 organizaciones delictivas en México.

Dijo que, según datos del gobierno federal, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 por ciento del PIB.

Agregó que esas armas representan el 70 por ciento de las que ingresan al país y el otro 30 por ciento proviene de otros países. “Aunque Estados Unidos dejara de vender (las armas), el crimen organizado recurrirá a otros proveedores y sólo cambiará dicha proporción; sin embargo, no se va a detener, pues el uso descontrolado de armas ilegales es sólo consecuencia de la violencia”, agregó.

Dijo que la segmentación de cárteles actuales ha dado paso a 227 organizaciones delictivas en México (según el último mapa criminal elaborado por Lantia Intelligence).

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Puntualizó que tan sólo Los Zetas operaron los últimos años en al menos 7 sitios de exterminio en Nuevo León, en los que se han encontrado más de 867 mil restos humanos, de acuerdo con información oficial.

“La violencia es tal, que todos los días se incrementan las protestas sociales genuinas, como la de un grupo de jornaleros de Guerrero que bloqueó la Autopista del Sol debido a que el crimen organizado no los deja trabajar”.

Fuente: El Financiero.

La entrada México tiene menos armas que EU… pero el triple de homicidios se publicó primero en México 24 siete.

La demanda, presentada ante una Corte Federal en Boston, EE.UU., señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales «negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».

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Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

En la presentación de la iniciativa, el gobierno especificó que no se trata de una demanda contra el gobierno de EE.UU., al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas y establecer regulaciones que «no han sido suficientes».

«No puede haber un incidente diplomático porque no es un litigio con el gobierno de EE.UU.», insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que la demanda no sustituye otros esfuerzos necesarios y reconoció que «México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera».

«Pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país», aseguró.

Impacto económico

El gobierno mexicano asegura que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México.

«Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50″,

criticó Ebrard.

Además, el canciller apuntó a que las compañías «están desarrollando diferentes modelos para el narco (…), están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso», aunque no ofreció más detalles.

La demanda, que es fruto de «dos años de trabajo», busca que las empresas demandadas compensen económicamente al gobierno de México con un monto que será determinado en el juicio.

La exigencia se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos citados por el gobierno, podrían ascender a hasta el 1,5% del PIB mexicano.

Qué se demanda a las empresas

Pero, según Ebrard, el objetivo principal del proceso no es un acuerdo económico sino que «se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes».

Así, pidió que las compañías desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, «disciplinar a sus distribuidores» al insistir en que no quedan exentas de responsabilidad del uso de las armas tras su venta.

También abogó por la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en medios enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.

«Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México», resumió.

A la espera de conocer cuál será la respuesta de estas empresas o de la propia Casa Blanca, el gobierno mexicano dejó claro que la demanda no busca interferir en la política estadounidense sobre armas y que el litigio involucra solo a empresas privadas.

También aclaró que el proceso no atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho de la población a poseer y portar armas, sino que se centra en los daños ocasionados en territorio mexicano donde rige una ley distinta.

«Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune»,

concluyó Ebrard.

Problema bilateral

El tráfico ilegal de armas es uno de los temas más complicados en la relación bilateral entre México y EE.UU. Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas ante sus serias dificultades de México por controlar su frontera.

Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego (en 1997, eran solo el 15%) y la mayoría proceden de EE.UU.

A través de su frontera sur cruzan ilegalmente a México cada año miles de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras escondidas en autos o camiones de carga.

Esto ha sido visible en multitud de ocasiones. Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Hace dos años, el gobierno de México dijo que en la década anterior habían entrado ilegalmente al país unos dos millones. Pero en ese período de tiempo, las autoridades solo confiscaron unas 193.000 armas.

La mayoría fue comprada en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para la venta.

La forma más común de operación es el llamado «tráfico hormiga», donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

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Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos, o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo, y que logran así superar la revisión de su historial. Son los conocidos como «compradores paja».

Fuente: BBC.

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