La violencia contra las mujeres en México, que cobra la vida de más de 10 de ellas al día, fue reconocida como un problema de Estado, pero para seguir avanzando, faltan muchas otras cosas, entre ellas recursos económicos, señaló este martes la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.

Entre otros pendientes está la cobertura de los servicios que brinda el Estado, que no es suficiente, así como tampoco la capacidad que tienen los servidores y servidoras públicas, ni los recursos, añadió.

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En un evento virtual de cooperación, Ferreto y Merike Blofield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA en inglés) participaron en la mesa “Violencia contra las mujeres en América Latina”.

Para el caso de México, Ferreto dijo que “sí hay cambios positivos” y señaló que el país “se ha dotado de todo un andamiaje jurídico e institucional que reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de Estado, como una responsabilidad del Estado”.

Puso como ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de leyes en las 32 estados que integran México, y señaló como “grandes avances la construcción de tipos penales y una serie de instituciones como institutos, centros de justicia y fiscalías especializadas para las mujeres”.

Dijo que todo ese andamiaje jurídico e institucional “es un gran avance y hay que reconocerlo como un esfuerzo del Estado”, pero recordó que ello “deriva de las exigencias de las organizaciones y de las víctimas”.

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Relató que en los últimos años las mujeres en México, como las de otros países latinoamericanos, se han organizado cada vez más para luchar contra la violencia de género y, para ello, hacen públicas las agresiones, exigen medidas de protección del Estado y buscan formas de ayudarse entre sí.

Recordó que en México fueron las propias madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hace algunos lustros, “quienes encabezaron la protesta y la indignación y las que dieron a conocer al mundo lo que ahí estaba sucediendo”.

La representante de AI dijo que una cosa importante “es que la cobertura de los servicios no es suficiente y la capacidad que tienes los servidores y servidoras públicas tampoco es suficiente”.

Señaló que diversas organizaciones internacionales y comités han señalado al Estado mexicano que “no basta con sensibilizar al personal de los servicios de atención, yo digo que la sensibilidad está muy bien pero que hay deberes y uno de ellos es investigar con perspectiva de género, si son sensibles o no ya es ganancia, pero hay que recordar que entre esos deberes está asignar a las fiscalías especializadas recursos suficientes”, apuntó.

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México afronta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.

El Gobierno mexicano registró mil 4 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2.66 por ciento más que en 2020.

Según organizaciones, el Estado comparte la responsabilidad de la violencia contra las mujeres debido a las inadecuadas medidas de protección y falta de investigación. Los agresores rara vez son perseguidos.

Fuente: El Financiero.

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A partir del pasado 21 de enero los ciudadanos venezolanos necesitan usar una visa para entrar a México, luego de que apenas unas semanas el gobierno mexicano anunciara la decisión. Pero no nada más, sino que en los pasados meses México implementó el requerimiento de visa para ciudadanos de Ecuador y también de Brasil.

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La decisión del gobierno mexicano se dio para reducir el número de migrantes venezolanos en el país, muchos de los cuales están de paso para cruzar a Estados Unidos. En el caso de Venezuela, México se suma a una la larga lista de países que ya han impuesto la visa como requisito, sobre todo después de 2015, cuando empezó a incrementarse la migración proveniente de Venezuela. En 2017, Panamá impuso la exigencia de una visa para los venezolanos, mientras que en 2018 se sumó Chile y para 2019 también Perú, Trinidad y Tobago y Ecuador.

Sin embargo, la medida se suma también a la decisión de suspender los acuerdos de no visado que México tenía con Brasil y Ecuador en meses pasados.

¿Por qué la decisión de México?

Al anunciar la medida, el gobierno mexicano dijo que se ha identificado un incremento sustancial de venezolanos que ingresan al país “con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”.

Asimismo, México dijo que se había incrementado la tendencia de ciudadanos venezolanos que estaba en tránsito para ir a un “tercer país”. Según el gobierno de México, se ha presentado un incremento de más del 1,000% el flujo de venezolanos, en comparación con los cinco años previos.

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre pasado ingresaron a través de aeropuertos mexicanos 160,379 venezolanos, cifra que supera en más del quíntuple el registro del mismo período del 2020, que fue de 29,789.

Las autoridades mexicanas, asimismo, han reconocido que ha habido un aumento en declaraciones falsas sobre los motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito, y algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

¿Ofrecer refugio y protección?

Diversas instituciones pidieron a México no implementar la medida. Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde decía que la mayoría de los venezolanos que huyen de su país “son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional”.

En los últimos años más de seis millones de personas han salido de Venezuela, huyendo de la compleja crisis social y económica que golpea a la nación sudamericana, según cifras de las Naciones Unidas.

Debido al incremento de salida de su país por parte de ciudadanos venezolanos, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzaron en diciembre pasado un plan regional por $1,790 millones en apoyo a las crecientes necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, y las comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

¿Presión de Estados Unidos?

Por otro lado, ha habido reportes que indican que la decisión del gobierno mexicano se debe a una presión por parte de Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters escribió que una persona cercana a las relaciones entre México y Estados Unidos dijo que Washington había pedido a México imponer restricciones de visa a los venezolanos, y señaló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se ha quejado del incremento de migrantes venezolanos que llegan al país.

El reporte de la agencia de noticias, publicado en noviembre pasado, agrega que otra fuente dijo que la presión por parte del gobierno estadounidense aumentó luego del verano pasado, cuando la llegada de venezolanos a Estados Unidos se había disparado.

Antes ya se había reportado que en octubre, el gobierno de Biden quería que México impusiera requisitos de visa a ciudadanos brasileños para complicar su camino a la frontera con Estados Unidos. Y en septiembre, México suspendió las exenciones de visa para ecuatorianos durante seis meses luego de un fuerte aumento en la llegada de ciudadanos de aquel país a la frontera de Estados Unidos

¿Qué pasó con Ecuador y Brasil?

Al igual que pasó con Venezuela, México suspendió recientemente los acuerdos de no visado con Brasily Ecuador para frenar el flujo de migrantes que van hacia Estados Unidos.

A partir del 11 de diciembre, los turistas brasileños deben presentar visa para entrar a México. El comunicado de la secretaría de Relaciones Exteriores de México decía que la decisión “obedece al incremento de flujos irregulares [de migración] y a que de manera lamentable, grupos delictivos lucran, con base en engaños, del interés de nacionales brasileños por migrar de manera irregular a Estados Unidos a través de México”.

Asimismo, a partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022 —por el momento—, los viajeros ecuatorianos que vayan a México deben pedir autorización previa a las autoridades migratorias para entrar al país. Según cifras que el gobierno mexicano dio a conocer entonces, solo uno de cada tres ecuatorianos identificados como turistas que llega a México, vuelve a su país. Además, la cantidad de viajeros ecuatorianos que llega a México no ha dejado de crecer desde que se se había eliminado el requisito de visa, en noviembre de 2018.

Fuente: Dallas News.

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Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”,

declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

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“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”,

precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

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El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

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Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

• A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.
• Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.
• A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.
• A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

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De manera paralela a la publicación del informe, Amnistía Internacional lanzó la campaña #HastaSerEscuchadas,con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

“Desde Amnistía Internacional seguiremos alzando la voz junto con las familias de las víctimas, acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño, hasta ser escuchadas”,

dijo Edith Olivares Ferreto.

Fuente: Amnistía Internacional.

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