En la conferencia mañanera del martes 20, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las perspectivas económicas de México en términos muy precisos: este año, dijo, el PIB crecerá entre 3.2% y 3.5%, y esas tasas se mantendrían en 2023 y 2024.

“Que tengamos crecimiento en el sexenio, a pesar de la pandemia (del COVID-19), va a ser algo excepcional”,

aseguró.

Pero, de acuerdo con datos duros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgados días antes, la excepcionalidad de la economía mexicana no es por su crecimiento, sino por su rezago respecto de otros países de la región.

En un estudio de la Cepal, México figura, junto con Cuba, Venezuela y Ecuador, entre las cuatro economías latinoamericanas que a finales de este año no han recuperado el PIB de antes de la pandemia. Las otras 15 ya lo han hecho, desde Argentina, Brasil y Chile, hasta El Salvador y Guatemala.

En el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, presentado el jueves 15, la Cepal estima que no será sino hasta 2023 cuando México recupere el PIB que registró el país en 2018, cuando López Obrador asumió la Presidencia.

“Vamos a tener un sexenio perdido y eso no será por la pandemia, sino por la política económica de López Obrador. La mayoría de las economías de la región están creciendo mucho más que México, y también fueron golpeadas por la pandemia. La pregunta es por qué. Y la respuesta es que tenemos una política económica que no detona los pivotes de crecimiento”,

dice el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), Fernando Gaona Montiel.

De acuerdo con el economista y doctor en administración pública, la narrativa del presidente sobre la economía es “un espejismo que no tiene ningún sustento en la realidad”.

Y esto, asegura a Proceso, “produce desconfianza entre los inversionistas”, un efecto contrario al que quizá busca el mandatario al referirse en términos optimistas a la evolución del PIB.

Considera que “no crecemos porque no hay inversión para crecer”, ni pública ni privada, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina que recuperaron muy pronto el PIB prepandemia.

De acuerdo con Gaona Montiel, otras naciones de la región “sí están haciendo su tarea para detonar el crecimiento”, lo que significa impulsar la inversión, el consumo real y el sector externo.

En México, en cambio, se ha impuesto “el austericidio”, que consiste en quitar dinero indiscriminadamente a todas las dependencias, aunque les haga falta, para destinarlo a las obras emblemáticas del gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, afirma el economista.

Dice que esos proyectos “ni agregan riqueza pública ni detonan el crecimiento porque no generan cadenas de valor”, por lo cual “están resultando bastante improductivos”. Además, hay en ellos “mucha opacidad, pues los contratos a privados se entregan de manera discrecional, sin competencia, por medio de adjudicaciones directas en la mayoría de los casos, y eso también mina la confianza de los inversionistas”, añade el experto.

Narrativa ilusoria

Según datos de la Cepal, México fue la única gran economía latinoamericana que no logró recuperar en 2021 el PIB perdido un año antes por efecto de la pandemia. Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú lo hicieron y en 2022 siguieron creciendo a tasas de hasta 8%, como en el caso colombiano.

Pero aquí en México, dice Gaona Montiel, en materia económica se ha impuesto desde el gobierno, desde las mañaneras, el discurso “de la ilusión, de los otros datos”, que contrasta con los datos duros de organismos como la Cepal, un centro de pensamiento crítico del modelo económico de mercado que cobró auge en América Latina desde los noventa.

Según el organismo regional, México acumulará en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrados (2019-2022) una caída del PIB de -0.8%, mientras que en ese mismo lapso América Latina habrá crecido un punto.

En ese mismo lapso, el ingreso per cápita de los mexicanos cayó en -4.7% y ni siquiera las optimistas previsiones económicas del gobierno para los dos últimos años del sexenio hacen prever que ese indicador cerrará en el terreno positivo. En 2018 llegó a 7 mil 524 dólares anuales y en 2023 cerrará en 7 mil 292 dólares, indican los datos de la Cepal.

López Obrador ha dicho que el crecimiento económico no significa necesariamente bienestar para la gente y que, en su sexenio, a pesar de la falta de expansión del PIB, se ha registrado una mejor distribución de la riqueza nacional.

Crecimiento y pobreza

Para Gaona Montiel, el crecimiento económico es necesario para combatir la pobreza, que es uno de los postulados centrales del gobierno de la 4T y una de las promesas de campaña del presidente.

“Pero para repartir la riqueza primero hay que generarla y eso no se hace con un discurso ilusorio”, afirma el economista.

Según proyecciones de la Cepal, México cerrará este año con una pobreza de alrededor de 35.4%, porcentaje similar al que dejó en 2018 Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno.

Esto significa que a lo largo de la administración de López Obrador, quien este mes cumplió cuatro años en el cargo, el número de pobres no se ha reducido en México, sino que ha aumentado en cerca de 1 millón de personas como resultado del crecimiento demográfico. Pasó de 44 a 45 millones de personas y, en términos porcentuales, México es el segundo país más pobre de América Latina, sólo detrás de Honduras, donde la pobreza llegó a 52.3%, según una tabla del Estudio Social 2022 de la Cepal, divulgado el mes pasado.

De acuerdo con los datos del organismo, la pobreza en México llegó en 2020 a 37.4% y a 9.2% la pobreza extrema, lo que implicó un aumento de casi dos puntos en ambos indicadores respecto a 2018.

El Instituto de Estudios sobre Desi-gualdad de México asegura en un estudio que López Obrador incluso destina menos recursos que Peña Nieto, en términos proporcionales al PIB, en el financiamiento de programas sociales federales.

Este año los programas sociales del gobierno contaron con un financiamiento equivalente a 4.7% del PIB y en 2023 llegarán a alrededor de 5%, porcentaje menor que el registrado durante los tres primeros años de la administración de  Peña Nieto.

El pecado capital

Gaona Montiel considera que “el pecado capital” de López Obrador fue haber eludido un tema fundamental para todas las economías latinoamericanas: impulsar una reforma fiscal progresiva que aumentara de manera importante el nivel de recaudación, el cual fue equivalente en 2020 a 17.9% del PIB, cuatro puntos por debajo del promedio de América Latina.

Con más recursos, el gobierno mexicano habría podido aumentar la inversión pública y destinar mayor financiamiento al combate de la pobreza y de la desigualdad, señala el investigador del Departamento de Economía de la UAM-Iztapalapa.

El gobierno del presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro logró aprobar el mes pasado en el Congreso una reforma tributaria que elevará la recaudación fiscal a 21% del PIB, con lo cual aumentará a niveles sin precedente el gasto social del país.

El presidente chileno, Gabriel Boric, también de izquierda, impulsa en el Congreso una reforma fiscal similar con el propósito de invertir más en educación, salud, vivienda y pensiones.

Gaona Montiel afirma que López Obrador, quien se asume como un mandatario de izquierda, debió hacer lo mismo en México. Para el país, agrega, habría sido más productivo que el presidente hubiera gastado su capital político en una reforma fiscal que en una reforma electoral, como busca hacerlo.

Fuente: Proceso https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/12/28/mexico-con-los-peores-numeros-de-la-pospandemia-299311.html

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Entrar a México para los colombianos es como lanzar una moneda al aire. Daniel Campos, de 24 años, prefiere no dar su nombre real por temor a posibles represalias de las autoridades. En junio de este año, asegura, fue secuestrado por Migración en Mexicali (Baja California). “Todo empezó cuando llegué al aeropuerto con mi familia. Estábamos mi hermana, mi sobrina de 10 años y mi cuñado. Íbamos de vacaciones”, recuerda. En Migración les quitaron el pasaporte y el celular. Los separaron del grupo y los metieron en el llamado “cuarto de rechazo”, una habitación donde los agentes examinan por última vez la situación legal de los viajeros antes de tomar la decisión de deportarlos o de dejarlos entrar en el país.

A Campos le salió cruz. Después de varias horas retenido, lo subieron junto a varios acompañantes a un autobús y los llevaron a Tijuana.

“Me metieron en el Instituto Nacional de Migración (INM), pero aunque al comienzo eso me dio tranquilidad porque pensé que era un lugar seguro, después al ver cómo me trataban sentí mucho miedo”,

cuenta.

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Una de las guardias de la institución le dijo que tenía que pagar para poder salir: “Me pidieron mil dólares por dejarme libre”. Cuando Campos aceptó, le presentaron a un supuesto abogado, que respondía al nombre de Rodolfo Muñoz. Lo primero que hizo el letrado fue preguntarle a qué se dedicaba en Colombia. La pregunta, señala Campos, solo tenía una intención: hacer un cálculo rápido de cuánto dinero ganaba, para pedirle más o menos por su libertad. Finalmente, le aplicaron la tarifa estándar: 1.000 dólares por entrar en México.

La Asociación de Colombianos en Tijuana denuncia que este abogado es cómplice del Departamento de Migración y que su trabajo consiste en extorsionar a los asustados viajeros para cobrarles por dejarlos libres.

Contactado por teléfono con el pretexto de hacerle una consulta para sacar a un familiar de Colombia, Muñoz se muestra dispuesto. “Es un procedimiento muy sencillo. Apenas estemos seguros de que no lo van a deportar, ahí hablamos de honorarios”, afirma.

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Cuelga y al rato vuelve a llamar:

—¿Oye, es un detenido colombiano nada más, no?

— Sí.

—Te lo dejamos en 800 dólares. Estamos cobrando 1.200 dólares por colombiano. Hasta por dos personas estamos cobrando 2.500, pero te hago una rebaja.

—¿Cómo podemos estar seguros de que lo sueltan?

—Mándame la mitad ahora y la otra mitad cuando lo hagan. Es muy importante asegurar la suspensión de la deportación.

Muñoz cuelga y llama a su contacto en Migración para mover la liberación.

Ante esta situación, la Cancillería de Colombia ha publicado una serie de recomendaciones para los colombianos que desean viajar a México. En la propia web se aclara que existe riesgo de que estos sean deportados aunque cumplan todos los requisitos para entrar en el país.

Las autoridades migratorias mexicanas se limitan a exponer, a través de un comunicado, que en el momento en el que llega una persona extranjera se le puede solicitar documentación para comprobar el motivo de su viaje. Defiende que la institución opera con una atención “de calidad” en sus operaciones para que, acorde a la ley, se permita el ingreso, la estancia, el tránsito y la salida de extranjeros. Este diario también pidió información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero que no obtuvo respuesta.

Secuestrado por migración

Santiago Angulo, de 25 años, fue en marzo de este año a la boda de su hermana. Cuando llegó al aeropuerto de Mexicali (Baja California) con toda su familia, unos agentes de migración los obligaron a hacer una fila diferente en cuanto vieron sus pasaportes colombianos. A pesar de que tenía todos sus papeles en regla y que era la tercera vez que iba a ese país, su entrada fue denegada. Fue solo el comienzo de su pesadilla. Su situación fue la misma que la de Campos apenas unos meses antes.

Los agentes lo subieron a él y a su novia a unos autobuses y los llevaron al INM. Antes, le dijeron a su familia que no se les ocurriera seguirlos por carretera. “Nunca nos dijeron por qué nos detenían, dónde nos llevaban o qué estaba pasando”, recuerda Angulo.

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De entre lo poco que vio, pudo leer un letrero que rezaba: “Vía a la Rumorosa”. Ahí supo que se los llevaban a Tijuana, en el Estado de Baja California. Angulo pudo contar ocho autobuses y unas 15 personas por cada uno, y asegura que la mayoría de ellas eran colombianas y de otros países de Latinoamérica. Estos transportes, explica, van y vienen del aeropuerto al menos un par de veces al día para trasladar a migrantes detenidos.

Nada más llegar a su destino les informaron de que los iban a deportar. Nunca les permitieron tener una entrevista con un agente o un abogado. En el centro de detención, Angulo y quienes llegaron con él tuvieron que quitarse los cordones y entregar sus maletas y su pasaporte. Finalmente, quedaron incomunicados.

La celda, recuerda, era de unos 10 metros cuadrados, y en ella tuvo que compartir espacio con decenas de personas que quedaron hacinadas. En su mente, grabado para siempre, ha quedado el olor de aquel lugar, que carecía de las mínimas condiciones higiénicas, pues los retenidos se ven obligados a buscarse la vida para hacer sus necesidades durante las horas que duró su cautiverio.

Entre 1.000 y 2.000 dólares para liberarse

Tras pasar la peor noche de su vida y no poder comer apenas, el cansancio acumulado, el hambre y el asco agudizaron el ingenio de Angulo, que empezó a preguntar aquí y allá qué había que hacer para salir. Sin darle demasiada importancia al hecho, como si se tratara de una rutinaria gestión administrativa más, le explicaron que los detenidos suelen pagar 2.000 dólares a los oficiales de migración para que los dejen salir y no los deporten.

Finalmente, tras 29 horas retenido sin explicación, pudo salir gracias a la ayuda de la asociación de colombianos que trabaja denunciando estos casos de violaciones de los derechos humanos en Tijuana. “Me sentí como si hubiera sido secuestrado”, dice como balance de lo que vivió.

En lo que va de año, México le ha negado el ingreso a 21.829 colombianos a pesar de que estos cumplen con todos los requisitos migratorios, según la Cancillería de Colombia. Esta cifra es tres veces mayor que la registrada durante el mismo periodo de 2021, cuando 5.238 colombianos fueron inadmitidos por las autoridades migratorias mexicanas.

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Por su parte, desde el INM mexicano defienden que el proceso de ingreso e inadmisión a México se da de conformidad a la ley y el reglamento en la materia, sin distinguir el país de origen y respetando los derechos humanos. La autoridad migratoria cifra en 1.101 el número de personas devueltas a Colombia.

Este lunes, los gobiernos de Colombia y México se reunirán para abordar las continuas denuncias de maltrato a viajeros colombianos por parte de las autoridades migratorias mexicanas y el preocupante aumento de inadmisiones a viajeros que cuentan con toda la documentación requerida. De manera oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano señala que la mesa de trabajo servirá para discutir “asuntos sensibles de carácter migratorio”.

El cuarto del rechazo y del terror

El sitio más temido por miles de viajeros sudamericanos en su ruta a México es el “cuarto de rechazo”, una pequeña habitación de la que se ha escuchado mucho y se ha visto poco. Al menos, hasta ahora. El conferencista y youtuber colombiano Pablo Rabelo logró colar una cámara oculta para denunciar las condiciones en las que fue retenido.

El bogotano iba a dictar una conferencia en la Ciudad de México. Viajó desde Lima, Perú, pero para su sorpresa, cuando llegó no lo admitieron. Lo llevaron a una sala en donde lo dejaron incomunicado y sin pasaporte. “Nunca me dijeron qué estaba pasando”, asegura.

Rabelo comenzó a grabar el lugar con una pequeña cámara escondida. En la grabación se ve una habitación con camarotes y unos orinales que debían repartirse más de una treintena de personas: “Cuando a usted le abren esa puerta, le golpea un olor a sobaco y un calor muy grande. Había un baño, pero no había papel y algunas personas orinaban en los basureros”.

“Pasas de ser un turista que viaja en primera clase a un criminal en cuestión de minutos”, asegura. La mayoría de las personas que estaban retenidas eran colombianas. Además, cuenta que no le dieron ni un vaso de agua y lo tuvieron sin comer durante 10 horas con la excusa de que eso le correspondía a la aerolínea.

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Un funcionario mexicano, que pide omitir su nombre, reconoció a EL PAÍS en marzo que la política migratoria del país es una fuente de reclamo permanente de parte de sus socios comerciales en la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú. Aunque la integración económica trajo la eliminación de los visados entre estos Estados en 2012, eso paradójicamente dio un mayor margen de discrecionalidad a los agentes del INM, explica la fuente. “Muchas veces, México se queja con Estados Unidos del trato que reciben sus migrantes mientras que con los países centroamericanos y sudamericanos los roles se invierten”, agrega.

Gabriel Ochoa, de 53 años, fue víctima de ello. Llegó al Aeropuerto de Ciudad de México para hacer una conexión y seguir hacia a El Salvador: “Cuando entregué mis papeles en migración, me trataron como a un preso”. Lo tuvieron retenido 24 horas hasta que logró que lo devolvieran en un vuelo. Tal fue su miedo y su angustia que en un primer momento vivió la deportación como una victoria, como el fin de una experiencia que ni por asomo quería repetir. Sin embargo, cuando se iba a subir al avión, unos agentes de seguridad lo acompañaron hasta su asiento para advertir al resto de pasajeros que aquel hombre había estado toda la noche retenido en el cuarto de rechazo.

Tras un día entero aterrorizado sin saber siquiera por qué, Ochoa sintió todo aquel miedo de vuelta en forma de suspicaces miradas lanzadas de cuando en cuando por el resto de pasajeros. Fue la particular venganza de unos agentes que lo habían declarado culpable de un delito que cada vez es más grave en los aeropuertos mexicanos: ser colombiano.

Fuente: El País https://elpais.com/america-colombia/2022-10-24/colombianos-denuncian-extorsiones-al-entrar-a-mexico-me-secuestraron.html.

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Las recetas contra la inflación suelen conllevar efectos secundarios. Los países de medio mundo han elevado a marchas forzadas sus tasas de interés ante la imparable escalada global de los precios. El Banco de México (Banxico) ha sido uno de los más expeditivos con 10 subidas consecutivas en poco más de un año para dejar el listón en el 8.5%, récord histórico. La contrapartida, además de un previsible enfriamiento de la actividad económica, ha sido una crecida de los costes de la deuda: un 30% más que el año pasado, según las previsiones del Gobierno presentadas esta semana en el proyecto de presupuestos para 2023.

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El aumento obligará a tirar de déficit, que crecerá más de medio punto según el mismo proyecto, y así cuadrar las cuentas de uno de los presupuestos más expansivos de los últimos años, con los que Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar el pulso del gasto social después del bache de la pandemia. El propio presidente salió al paso este fin de semana culpando de la coyuntura a los gobiernos anteriores: ”En crisis decidieron salvar, rescatar las pérdidas de los bancos y las pérdidas de las grandes empresas y convirtieron las deudas de ellos en deuda pública”.

Pese al reproche del presidente, en el esbozo de los presupuestos no aparece una subida del monto de la deuda pública, que se mantiene en el límite del 50% del PIB. Lo que crece es el coste financiero de esa deuda. Es decir, los intereses y comisiones que debe pagar el Gobierno federal y las empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para amortiguar el golpe, la secretaría de Hacienda prevé que el déficit suba en 215.000 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2022, hasta llegar un 3.6% del PIB.

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Las estimaciones concretas del comportamiento bursátil de los títulos de deuda son también elocuentes. Las posiciones extranjeras en deuda mexicana a corto plazo —los llamados Cetes— se encarecerán notablemente. En los papeles a 28 días, la tasa subirá casi el doble hasta el 8,9%. Otra indicador es la comparación del peso del coste financiero de la deuda en relación a otras partidas. Este mismo verano, el apartado dedicado al pago de intereses supera al previsto para el gasto público.

El Gobierno pretende precisamente aumentar el techo de gasto para el año que viene. El proyecto de presupuesto presentado este jueves ante la Cámara de Diputados contempla un desembolso total de 8,3 billones de pesos, un 11% más en términos reales que lo aprobado para este año. La política social se llevará casi la mitad, 3,9 billones de pesos, un aumento del 9%. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, definió el paquete como “equilibrado, responsable y realista” durante la presentación. La Cámara de Diputados, donde el Gobierno cuenta con mayoría, debe aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre.

Fuente: El País.

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En el marco de la celebración del Día Mundial sin Tabaco el gobierno mexicano endureció sus políticas contra los cigarrillos electrónicos, cuya importación y exportación estaba prohibida desde octubre pero que según las autoridades algunas empresas han evadido a través del comercio electrónico.

“La mayoría de las madres y los padres no saben el daño que ocasiona”, dijo López Obrador al mostrar un cigarrillo electrónico durante su conferencia matutina en la que firmó el decreto.

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A las críticas se sumó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien afirmó que es una “gran mentira” que los dispositivos electrónicos son menos dañinos o una alternativa al cigarro. “Presentan una propaganda en la que dicen que lo que hace daño es quemar el tabaco y producir humo, pero eso es falso. También los vapores son dañinos para la salud”, agregó.

El decreto se da a menos de dos semanas de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México declaró una alerta sanitara máxima por el riesgo a la salud que representa el uso de los llamados “vapeadores” en todas sus modalidades al contener sustancias tóxicas y carcinógenas.

La Comisión dijo en un comunicado que el acetato de vitamina E, utilizado como aditivo en la fabricación de cartuchos de los cigarrillos electrónicos, al calentarse “tiene el potencial de ser un irritante pulmonar, dependiendo de la concentración utilizada puede interferir en el funcionamiento normal del sistema respiratorio adhiriéndose al tejido pulmonar ocasionando la formación de trombos por la inhalación de esta sustancia”.

Al menos cinco millones de mexicanos, con edades comprendidas entre los 12 y 65 años, han utilizado alguna vez un cigarrillo electrónico, según cifras del gobierno.

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Durante sus más de tres años de mandato López Obrador ha promovido al menos dos decretos para limitar el uso de los cigarrillos electrónicos. En octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de una ley de control del tabaco que prohibía los cigarrillos electrónicos alegando que la regulación vulneraba la libertad de comercio, pero no ordenó regularizar su comercialización.

Con esta nueva normativa México se suma a otros países de la región, como Brasil, donde las autoridades sanitarias han impuesto limitaciones a la importación, comercialización y publicidad de los cigarrillos electrónicos.

En Panamá, a mediados del año pasado la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso y comercialización de los cigarrillos electrónicos, pero fue vetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo.

El Senado chileno aprobó en marzo del año pasado un proyecto de ley para modificar la Ley de Tabaco y regular la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos, en la que se prohíbe su venta a menores de edad, que está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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Este lunes 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló que hay más de 100 mil personas en México en esta situación. La cifra debería ameritar por sí misma toda la atención pública. También obliga a que el gobierno aclare lo que no nos dicen sus cifras: exactamente, ¿cuántas personas no se cuentan en estos registros?

Los datos disponibles nos permiten dimensionar el tamaño de una tragedia sin comparación en el mundo. Tan sólo entre 2006 y 2022, 83,761 personas han entrado al eufemismo de las estadísticas oficiales de ser consideradas personas desaparecidas o no localizadas. Desde 2006 en México todos los días desaparecen 14 personas para no volver a ser vistas.

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No hay excusa que alcance para justificar la irresponsabilidad de los gobiernos en México frente al aumento en el número de personas desaparecidas en los últimos tres sexenios. Aunque la ausencia de mujeres y hombres de todas las edades ha trastocado la vida de miles de familias y amigos, no ha habido gobierno que las localice y que tome acciones para prevenir que más personas desaparezcan. Tampoco ha resuelto las marcadas diferencias de género: el grupo de edad que menos regresa a casa son las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años. 

El Estado Mexicano nos ha fallado a todas y todos por su incapacidad para resolver qué sucedió con el paradero de estas personas, encontrar a los responsables y reparar el daño de cientos de miles de familias. Sin acciones coordinadas para que los diferentes gobiernos se hagan cargo de su responsabilidad, en México seguirá prevaleciendo la impunidad.

Miles de familias mexicanas exigen hoy una justicia que no llega. Cuando el gobierno les niega además un espacio público para conmemorar a las personas que les faltan, las revictimiza. Les niega la justicia y les impide la memoria.

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No habrá justicia en este país hasta que no sepamos qué pasó con cada una de las personas que los registros oficiales consideran como desaparecidas y no localizadas. No hay compromiso que no sea más que promesas vacías hasta que el Estado pueda garantizar búsquedas profesionales por los desaparecidos y no relegue su responsabilidad a las familias de las víctimas. No tendremos certezas sobre la dimensión del problema hasta que no conozcamos el número de personas que no se cuentan en estos registros. Ninguna autoridad en el gobierno puede estar tranquila hasta que a todas las familias se les garantice el derecho de saber qué pasó con los suyos. 

¡Hasta encontrarles no habrá justicia!

Fuente: .

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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