La recesión de Estados Unidos en el 2023 se ha convertido en el escenario central de la calificadora Fitch y anticipa que México será la economía más afectada en América Latina.

Esta previsión de una economía en contracción se hace más probable conforme se endurecen las condiciones monetarias de Estados Unidos, resaltaron en un análisis especial que no tiene impacto de calificación.

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Apenas en la víspera, la Fed impulsó un sexto incremento consecutivo en la tasa desde marzo, para dejarla en un rango de 3.75 a 4%; un nivel no visto desde el 2007. Además, incorpora un cuarto incremento subsecuente de 75 puntos base.

En el análisis de Fitch, liderado por Carlos Morales, explican que el principal canal de transmisión hacia México de esta recesión, se dará en la reducción de la demanda externa. Pero detalla que también se transmitirá vía remesas, turismo y precios de commodities.

Comercio, el impacto más duro

De acuerdo con el análisis, México, Paraguay, Chile y Perú, son las economías más dependientes de las exportaciones de la región. Según Fitch, las exportaciones representan 25% del PIB promedio en los tres países. El director en licencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el hemisferio occidental, Ilan Godfajn, precisó a El Economista que la proporción de exportaciones de México a Estados Unidos representa 40% del PIB.

Fitch estima que una reducción temporal de 1 punto del PIB en la economía de Estados Unidos motivará una reducción de 0.53 puntos porcentuales del producto para la economía de México.

Los economistas de la firma agregaron que la integración de los productos mexicanos en la cadena de suministro para Estados Unidos son estrechos, lo que hace más susceptible la escasez de insumos globales.

Nexos comerciales y recesión

En el análisis titulado “Latinoamérica y el Caribe vulnerables a la recesión de Estados Unidos”, observaron que desde que en las últimas dos recesiones de México, hasta antes de la pandemia, fue el estrecho vinculo comercial de ambos países lo que generó la contracción del PIB mexicano.

Una vez que se volvieron socios comerciales con el TLCAN, se estrecharon los vínculos y la recesión de Estados Unidos afectará más a México, generando un impacto directo sobre su demanda externa.

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos son principalmente productos manufactureros con énfasis particular en vehículos (25% de las exportaciones totales) y la escasez de semiconductores que comenzó en el 2021 ha tenido un gran impacto en las perspectivas de recuperación de México. De hecho, refieren que el Banco de México estimó una pérdida de 1 punto del PIB debido a las interrupciones de la cadena de suministro.

Remesas, el salvavidas

De acuerdo con los economistas de Fitch, las remesas se han convertido en un salvavidas para una porción importante de hogares en México y América Central.

Constituyen 50% del ingreso familiar mensual de los receptores y este porcentaje suele ser mayor en los hogares rurales. Los migrantes provenientes de México refieren en encuestas que suelen enviar hasta 31% de sus ingresos a sus familias en sus hogares de origen.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-el-mas-afectado-de-America-Latina-por-la-recesion-esperada-de-EU-en-2023-Fitch-20221102-0044.html.

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Con la política restrictiva la tasa real de México se convirtió en una de las dos más atractivas de los mercados emergentes latinoamericanos, lo que ha contrarrestado parcialmente la salida acumulada de flujos de capital, advirtieron economistas de Banco de México.

De acuerdo con ellos, la tasa real ex ante actual que ofrece México es de 3.62%, que resulta de la diferencia entre la tasa de política monetaria (8.50%) y la expectativa de inflación a 12 meses (4.89 por ciento).

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Se trata de la tasa real más alta que ha ofrecido México desde el 2008, cuando empezaron a utilizar la tasa como objetivo.

Este rendimiento positivo sólo es superado en la región por el que ofrece Brasil con una tasa de 8.16%, también descontando expectativas de inflación a 12 meses.

Pese a este mayor rendimiento, el director para América Latina en la calificadora Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño, matizó que México tiene que otorgar un mayor rendimiento ante el aumento del riesgo país.

Es decir, no puede suponerse que los inversionistas aceptarán este premio de forma permanente cuando las vulnerabilidades para fortalecer el atractivo para los inversionistas siguen ampliándose.

La prima de riesgo de México cotiza en 783 puntos, ha aumentado 52 puntos en los últimos 12 meses, aunque se ha moderado en 10 puntos desde el primer día hábil de enero.

Los mercados han sido complacientes hasta ahora con México, consignó el experto.

Pero no significa que seguirán pasando por alto las vulnerabilidades como su baja capacidad de crecimiento, las crecientes presiones presupuestales para utilizar recursos en programas sociales y subsidios; los riesgos fiscales y desequilibrios comerciales, entre otros, resaltó.

Se moderan salidas de capital

En un análisis que incluyó Banxico en su Informe Trimestral, evidenciaron que “la contribución positiva de este factor monetario interno ha ido aumentando” y ha ayudado a contrarrestar parcialmente la salida acumulada de flujos de capital.

La gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja explicó recientemente que en este año se ha moderado el ritmo de la salidas de capital de activos mexicanos respecto de la velocidad a la que se liquidaron en el 2021 y el 2022.

Las salidas de capital han sido mucho menores que en años anteriores y en agosto se observó una pequeña reversión”.

Información de Banxico confirma que en los primeros 24 días de agosto, inversionistas extranjeros tomaron activos de deuda mexicana por 8,172 millones de pesos. De mantenerse el flujo positivo en la última semana de agosto será el primer mes en un semestre con entrada de capitales al mercado.

Fuente: El Economista.

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La agencia Moody’s llega este jueves a México con Moody’s Local, plataforma que emitirá, para entidades domiciliadas en México, calificaciones crediticias locales e informes basados en metodologías específicas de mercado local.

A través de un comunicado, Moody’s indicó que esto tiene la finalidad de contar con referencias más cercanas sobre la calidad crediticia relativa de las obligaciones de deuda o de la capacidad de un emisor de acuerdo al contexto nacional.

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Actualmente Moody’s Local ya se encuentra operando en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Panamá y Uruguay, por lo que su llegada a México concluye la fase de expansión en los principales mercados de crédito de América Latina.

“En 2019, iniciamos un proceso de profundización de nuestro compromiso con los mercados financieros locales de América Latina con la introducción de Moody’s Local en la región”,

señaló Martín Fernández-Romero, managing director regional head de América Latina.

Moody’s destacó que el mercado de deuda local de México se destaca del resto de las economías de mercados emergentes y se posiciona como el segundo mercado de bonos locales más grande de América Latina.

“Nos complace haber alcanzado este importante hito hoy con el lanzamiento de Moody’s Local México y haber concluido nuestra expansión en los mercados de crédito locales en los que operamos en la región”,

añadió Fernández-Romero.

¿Qué es Moody’s?

Moody’s es una agencia de calificación de riesgo estadounidense, la cual se dedica a realizar la investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales como gubernamentales.

En el caso del sector mexicano, la empresa está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta cuenta con un equipo en distintos sectores, como: en el corporativo, instituciones financieras, finanzas públicas, aseguradoras, sociedades de inversión, financiamiento de proyectos y finanzas estructuradas.

De acuerdo con Moody’s, en México se han realizado más de 500 calificaciones.

Fuente: El Financiero.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado mucho de qué hablar tras su decisión de traer a 500 médicos cubanos, con el pretexto de la falta de especialistas en el país y su falta de voluntad de atender a los sectores de bajos recursos, pero en realidad ¿Cuántos médicos hay en México y cuál es el sector donde trabajan?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los médicos en México al segundo trimestre de 2021 son 305 mil 418 y de estos el 54 por ciento son hombres y el 46 por ciento mujeres.

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En la encuesta de la ENOE y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el rango de edad de los médicos en el país es de 24 a 44 años en ambos sexos. De cada 100 personas con esta ocupación 67 son médicos generales, mientras que el otro 33 por ciento cuentan con otra especialización.

Por otra parte, nuestro país cuenta con 2.4 médicos por cada mil habitantes, lo que significa un valor superior a la media de los especialistas con los que cuentan los países de América Latina y el Caribe.

¿Cuántos médicos trabajan en el sector público en México?

De acuerdo a las estadísticas del INEGI de cada 100 personas que trabajan como médico, 68 laboran en instituciones preferentemente públicas, 29 para empresas y tres en el sector informal. Mientras que 94 de cada 100 trabajan en el subsector de salud y asistencia social.

Para el personal médico en México el pago promedio por hora trabajada es de 122 pesos. El ingreso mensual de las personas con esta profesión es diferente según su posición de trabajo y nivel de instrucción.

Las personas que cuentan con un nivel de instrucción de licenciatura perciben un promedio mensual de 17 mil 422 pesos; con maestría 21 mil 041 pesos y los que tienen doctorado 26 mil 695 pesos en el mismo lapso.

Fuente: El Financiero.

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Después de 52 años sin cambios, la tabla de enfermedades de trabajo en México reconocerá nuevos padecimientos laborales. Pero la modificación no sólo incluirá la incorporación de 88 nuevas patologías, también se anexará información para un mejor diagnóstico, incluyendo una ficha técnica de cada enfermedad. Con esto, nuestro país tendrá el instrumento más avanzado en Latinoamérica.

“En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo quedará la tabla de enfermedades, en el 513 Bis que estamos proponiendo se anexará la tabla de valuaciones que se dejó fuera de la ley con la última modificación legal que se realizó”,

expresó Cointa Lagunes Cruz, directora de Normalización de Seguridad y Salud Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en entrevista con El Economista.

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El proyecto que trabajó la dependencia en conjunto con especialistas públicos y privados prevé que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publiquen las cédulas de cada padecimiento laboral, las cuales contendrán la descripción de la enfermedad, los trabajadores y ocupaciones a las que afecta y los exámenes de laboratorio para su diagnóstico.

“Es para que el médico del trabajo tenga más elementos para hacer su valoración. Esto es único en América Latina, son más de 1,000 páginas, por eso no las podemos publicar con la tabla en la Ley. Por eso, lo que se acordó es que las tablas van a la Ley Federal del Trabajo y las cédulas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para hacerlo vinculante”,

detallo.

Además de los instrumentos para el diagnóstico y la valuación de las enfermedades de trabajo, la propuesta contempla establecer en la LFT la obligación de las autoridades de revisar la tabla de enfermedades cada cinco años. De lo contrario, afirmó Cointa Lagunes, pueden “pasar 50 o 100 años” sin que se actualice la lista de padecimientos laborales porque no existe el mandato legal.

“Actualmente no existe la obligación. Está abierto para cuando se quiera hacer y para cuando haya el ánimo… y el ánimo vino 52 años después”,

puntualizó.

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El proyecto será enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su análisis y armonizará la lista de padecimientos laborales con la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entre otras patologías, reconoce al burnout como enfermedad de trabajo.

“En general, el beneficio al actualizar la tabla de enfermedades también se actualiza la valuación o la calificación que se le da tanto a las secuelas de una enfermedad como a un accidente de trabajo”,

apuntó la funcionaria federal.

Con la modificación de la tabla de enfermedades, expuso, tanto los médicos como las personas trabajadoras tendrán más certeza en el diagnóstico y las incapacidades por un padecimiento laboral, pues hasta ahora los profesionales en salud ocupacional califican los riesgos que no están contemplados textualmente en la LFT con base en similitudes, es decir, con patologías que sí están establecidas en el marco regulatorio.

¿Qué hay de nuevo?

En caso de aprobarse el proyecto, la tabla de enfermedades pasará de contemplar 161 a 194 patologías vinculadas con las actividades laborales. La clasificación de enfermedades infecciosas y parasitarias (donde se encuentra la COVID-19), y cánceres de origen laboral son los grupos que abarcan a poco más de la mitad de las nuevas enfermedades que se incorporarán a la LFT.

“Un aspecto muy importante es el de los cánceres de origen laboral; de cuatro que había definidos avanzamos a 26 nuevos. Con esto tendremos 30 cánceres de origen laboral, sobre todo los que derivan de la exposición a sustancias químicas. Por ejemplo, a los mineros que están expuestos a este tipo de contaminantes les ha provocado a su salud problemas como la neumoconiosis. Otro cáncer de origen laboral es el mesotelioma”,

explicó.

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Entre otras modificaciones destacadas se encuentra la incorporación de la ansiedad y el burnout, también llamado síndrome de desgaste ocupacional, como enfermedades laborales. Paradójicamente, el estrés laboral era reconocido por el Estado como una consecuencia de malos ambientes de trabajo a través de la NOM-035 de factores de riesgo psicosocial, pero no estaba considerado como una padecimiento en la Ley Federal del Trabajo.

“De las enfermedades que tienen que ver con los trastornos mentales, de una que estaba definida estamos agregando tres más, entre ellos el burnout y la ansiedad, que es sumamente importante en el mundo del trabajo y que no estaba reconocida como tal”,

indicó la funcionaria.

Otro avance importante es la incorporación de algunas enfermedades de la mujer como la endometriosis o la pérdida del embarazo. Esto último, detalló, se puede dar “en el caso de la exposición de trabajadoras a sustancias teratogénicas que pueden provocar afectaciones al producto o causar infertilidad femenina. Son trabajadoras expuestas a radiaciones ionizantes, que se exponen a rayos x, radioterapias, plantas de producción de isótopos radioactivos y otras fuentes de emisión de radiaciones gama”.

Fuente: El Economista.

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Un grupo de ciberdelincuentes hackeó a Mercado Libre y tuvo acceso no sólo al código fuente de la empresa, sino que también a los datos de aproximadamente 300 mil usuarios en México y América Latina.

Los indicios de este ataque comenzaron el domingo por la noche, cuando el grupo cibercriminal Lapsus$, conocido por vulnerar a Nvidia y Samsung, subió una encuesta en la que pedía elegir a su próxima víctima, siendo las opciones Vodafone, Impresa, Mercado Libre y Mercado Pago.

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En dicha encuesta aseguraron tener más de 24 mil repositorios de código fuente de la empresa de comercio electrónico y la plataforma de pagos.

Fue hasta el lunes por la tarde cuando Mercado Libre finalmente confirmó la efectividad del ataque y precisó que cerca de 300 mil usuarios en la región, pudieron verse afectados.

Recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre, Inc. ha sido objeto de acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo», fue parte del comunicado oficial.

La empresa dirigida por Stelleo Passos Tolda, aceptó que los ciberdelincuentes tuvieron acceso a los datos de cientos de miles de usuarios, pero dijo que no hay indicios de que tuvieran acceso a las contraseñas de usuarios, balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago, aunque eso estaba todavía por investigarse.

Acciones en picada

El hackeo tuvo impacto en el precio y el valor de capitalización de las acciones de Mercado Libre, ya que sus títulos se desplomaron 9.2% al cierre de la jornada del lunes, al ubicarse en 957.87 dólares.

Mercado Libre aseguró que está tomando medidas estrictas para evitar nuevos incidentes, sin embargo, analistas coincidieron en que sus problemas no han acabado y la información de los usuarios de esta plataforma seguirá en riesgo.

Particularmente porque Lapsus$ es un grupo cibercriminal que destaca por pedir un rescate para así no filtrar la información que roba de sus víctimas.

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Por ejemplo, a Nvidia le dio un plazo atender sus demandas y como prueba filtraron una porción de los datos robados, la cual contiene el código fuente e información confidencial de varios componentes de los drivers de las tarjetas gráficas de la empresa.

Fuente: Dinero en Imagen.

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Afines al presidente, ex dirigentes priistas y funcionarios. Andrés Manuel López Obrador ha puesto al frente de embajadas clave en América Latina y en Europa a varios cargos fieles sin experiencia en relaciones exteriores. La mitad de los 16 nombramientos anunciados este lunes por la Cancillería carecen de trayectoria diplomática de carrera y serán los encargados de representar a México en países como Nicaragua, donde ejercerá como embajador el escritor y periodista Guillermo Zamora, o Venezuela, con el activista de izquierdas Leopoldo de Gyves.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado la lista de nombres que, a falta de la aprobación en el Senado, renovarán los puestos diplomáticos en algunos países clave de América Latina, Oriente Medio, así como en Rusia, Portugal o en España. La escritora y ex diputada federal Laura Esquivel será la próxima embajadora en Brasil, la exgobernadora priista Claudia Pavlovich irá al Consulado de Barcelona y el historiador Pedro Agustín Salmerón a Panamá. Además, la Cancillería ha anunciado el concurso público, calificado de “especial”, de una decena de plazas.

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Los nombramientos encarnan las voluntades del presidente en política exterior, sobre todo en Latinoamérica. Zamora, por ejemplo, aterriza como representante de México en la Nicaragua de Daniel Ortega en un contexto político tenso por su casi nulo reconocimiento en el exterior y por las fricciones que han aflorado en el gabinete mexicano. Hace solo una semana, López Obrador exhibió sus diferencias con la Secretaría de Exteriores al conocer la noticia de que ningún funcionario de su Gobierno iba a acudir a la toma de protesta de Ortega, reelegido por cuarta vez en noviembre tras encarcelar a los candidatos opositores. El presidente anunció que sí se enviaría a alguien, desautorizando públicamente a la institución que lidera el secretario Marcelo Ebrard, y ofreciendo un espaldarazo a Ortega y a una elección celebrada entre acusaciones de fraude masivo y condenas internacionales.

El nuevo diplomático regresará a Nicaragua después de su etapa como reportero de guerra en el país. En 1985 fue corresponsal durante los primeros años de la Revolución Sandinista y en julio de 1979 presenció la caída del general Anastasio Somoza. Durante esos años, relató también la guerra de El Salvador junto a otros conocidos periodistas afines ahora al presidente como Epigmenio Ibarra. El nuevo embajador en el país que gobierna Ortega es autor de libros como Goebbels vs Hugo Chávez (Octavio Antonio Colmenares y Vargas,2011), donde arremetía contra la ideología del intelectual Enrique Krauze y comparaba las críticas contra Chávez a las que recibió Andrés Manuel López Obrador en 2006; y de otro titulado El Caso Conasupo: la leche radiactiva (Planeta, 1997), sobre uno de los escándalos más notorios del priismo, que consistió en el reparto público de leche contaminada con heces a las clases más populares en los noventa. Es coordinador del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, conformado por periodistas, escritores, intelectuales, artistas y científicos, desde donde se critica el neoliberalismo, la violencia e inseguridad.

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Para mantener los vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro, Exteriores ha designado como embajador en Caracas a un luchador social con amplia trayectoria en el sur del país, Oaxaca: Leopoldo de Gyves. México ha sido en los últimos años uno de los pocos países de la región en tratar de facilitar un entendimiento entre el chavismo y la oposición durante la grave crisis política y económica que sufre Venezuela. La última mesa de diálogo, instalada en Ciudad de México el pasado verano, quedó suspendida después de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro.

Con una carrera política de activismo social de izquierdas paralela a la que emprendió López Obrador desde Tabasco, Leopoldo de Gyves en los setenta se opuso al PRI como partido hegemónico en el poder; en 1981 ganó la presidencia municipal de Juchitán, al lado del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Entre 1985 y 1988 ganó un escaño en la Cámara de Diputados.

Después, se unió al y PRD y se convirtió, a finales de los noventa, en diputado local en el Congreso de Oaxaca. Fue también uno de los líderes más visibles en el movimiento de maestros opositores a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto (que gobernó México entre 2012 y 2018). Y a la llegada de López Obrador al poder, manifestó su respaldo a la Cuarta Transformación. En 2021 aspiró a la candidatura de Morena en Oaxaca, para las elecciones de junio que viene, aunque el proceso interno se lo arrebató el senador Salomón Jara.

Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona

Exteriores ha nombrado también a la reconocida escritora y exdiputada federal, Laura Beatriz Esquivel, en la Embajada de México en Brasil. Y a la exgobernadora de Sonora, del PRI, Claudia Pavlovich, al Consulado de México en Barcelona. Para la representación diplomática en Rusia, la secretaría ha anunciado al filósofo y actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas. Y Norma Pensado, hoy embajadora de México en la Federación de Rusia, a la Embajada de México en Dinamarca. Aún no hay noticias, sin embargo, sobre el plácet del Gobierno español para que Quirino Ordaz Coppel, designado por López Obrador el pasado septiembre, pueda asumir su puesto de embajador en Madrid. La Cancillería está a la espera de la formalización del nombramiento que, según aseguraron a EL PAÍS fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, se está tramitando.

A la lista se agregan Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, propuesto para la embajada en Portugal. Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente, a la embajada de México en Rumania. El priista Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, a República Dominicana. Y Carlos Peñafiel, actual embajador en República Dominicana, a Corea.

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Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de Exteriores en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales, en la frontera con Estados Unidos. María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, y temas políticos con países europeos de la Secretaría de Exteriores, a la oficina de Azerbaiyán. Al historiador Pedro Agustín Salmerón, a la Embajada en Panamá. Y el actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, ha sido nombrado como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo.

Fuente: El País.

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Detrás de unicornios como Kavak, Rappi, GBM, Bitso, Clip y Konfío está la firma japonesa SoftBank, la cual ha actuado como uno de sus inversionistas más importantes, y la empresa aún ve muchas oportunidades para inyectar capital en emprendimientos de México y Latinoamérica, sobre todo en los sectores fintech, ecommerce, software, salud, educación y criptomonedas.

En entrevista con Forbes México, Juan Franck, el director de Inversiones de la compañía, señala que desde 2019 han ejercido recursos por cerca de 3,500 millones de dólares en capital de riesgo en la región, en 48 empresas, pero el compromiso total alcanza los 8,000 millones de dólares.

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“La oportunidad en el 2019 la vimos porque sabíamos que había en emprendedores excelentes, ambiciosos y con mucha hambre de cambiar la región, ideas muy innovadoras tratando de satisfacer y resolver grandes problemas que teníamos en Latinoamérica respecto a la inclusión financiera, al acceso de servicio de salud o de educación, que a través de la tecnología se podrían capitalizar de otra manera”,

afirma.

Desde entonces, de los 25 unicornios de la región de América Latina, 15 han recibido financiamiento de SoftBank, entre ellos Kavak, Rappi, GBM, Bitso, Clip, Konfío y Merama; aunque también han invertido en firmas como Quinto Andar, BUK, Gaia, Ualá, Creditas y MadeiraMadeira.

Franck explica que la ausencia que observaron era el acceso a capital para este tipo de emprendimientos, a pesar de contar con buenos equipos y grandes oportunidades para resolver problemas que estaban ahí, por lo que empezaron a cerrar esa brecha hasta convertirse el fondo más grande de la región.

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“Las inversiones de capital de riesgo en China representan el 0.6% del PIB, en la India representan el 0.4% del PIB, cuando vemos esa misma cifra para Latinoamérica representa solamente el 0.1%, entonces todo eso combinado confirmaba la oportunidad que nosotros veíamos en la región de puentear esta derecha que había en cuanto a acceso a capital”,

precisa.

Para el directivo, el boom de unicornios reciente confirma su tesis de que, con más acceso a capital, estos emprendedores y sus equipos iban a poder capitalizar una oportunidad que hace muchos años ya estaba disponible, tendencia que va a seguir en los próximos años, con jugadores en nuevas categorías.

Y es que, considera, existe en la región un movimiento secular con la transición de offline a online, lo cual ha crecido los últimos 10 años, pero en particular en los últimos 24 meses, exacerbado por los efectos de la pandemia.

“Cuando uno ve lo que es la penetración del comercio electrónico versus otros países, en América Latina esa penetración es inferior al 10%. El tema de inclusión financiera, la población mayor a 15 años no tiene cuenta bancaria, entonces nosotros estamos invirtiendo en muchísimas plataformas que están llevando y creciendo a lo que es la inclusión financiera”,

detalla.

Juan Franck dice que seguirán haciendo apuestas con empresas de comercio electrónico, pero también en la parte de tecnología aplicada a la salud, a la educación y de manera instrumental en todo lo que es fintech: el sector de pagos, crédito, etcétera.

“En los últimos 2 años y medio hemos estado invirtiendo en la convergencia entre la innovación y la inclusión, en plataformas que empoderan a ciertos segmentos de la sociedad a por primera tener acceso al servicio financiero, en el caso de los individuos a una tarjeta de crédito o de débito por primera vez, en el caso de pymes es el primer acceso a crédito que antes no tenían o no tenía potencialmente a tasas razonable, acceso a mejores servicios de educación a través de la tecnología se son mejores servicios de salud también a través de la tecnología, a mejores servicios de conveniencia, todo lo que es entrega de comida, comercio electrónico a precio más razonable”,

menciona.

Tras los pasos de Nubank, más podrían entrar a bolsa

El director de Inversiones de Softbank opina que la salida bolsa de Nubank la semana pasada es un hito importante en el sector, ya que si bien otras empresas brasileñas dedicadas al sector Fintech o comercio electrónico salieron a la bolsa en Estados Unidos o en Brasil, el tamaño del neobanco lo hace un parteaguas.

“(Nubank) confirma un poco lo que es el ciclo completo de una inversión por parte de inversor privado, nosotros en general estamos participando en diferentes etapas de crecimiento de empresas privadas, eventualmente tenemos el capital y la paciencia para acompañar a estas empresas a lo que es la salida a bolsa y también seguir siendo accionistas, una vez que la empresa esté listada”,

refiere.

De hecho, Franck considera que el 2022 será un año donde se empezara a ver a más empresas de este tipo salir al mercado bursátil, ya que luego de 24 meses de mucho capital privado que las han llevado a valuaciones muy altas, las pone dentro del rango potencial para salir a la bolsa.

“El 2022 y el 2023 van a ser años récords en todo lo que salida de bolsa para empresas de tecnología y en particular en México”,

afirma.

De hecho, estima que para 2022, el mercado total de inversiones llegará a los 20,000 millones de dólares en la región, en la parte total de capital de riesgo, tendencia alcista que va a seguir y de la cual Softbank quiere seguir siendo aportando una parte preponderante de esas  inversiones.

“Vamos a seguir invirtiendo en lo que es fintech o inclusión financiera, tanto para la parte de individuo como la parte de pymes, comercio electrónico es una tendencia que vamos a seguir viendo al alza en toda la región, todo lo que es software para empresas es otra tendencia la cual necesitamos invirtiendo fuertemente y los espacios de salud educación y cripto”,

menciona.

No solo inversiones, también acompañamiento

A su vez, Karla Berman, recientemente nombrada directora de Operaciones de Softbank para México, asegura que una vez que las startups ya tienen el capital, hay otros problemas, por lo que están armando un equipo con gente de primer nivel que ha pasado por los zapatos de los emprendedores, en los en las áreas más comunes que sortean.

Asesorarán, por ejemplo, desde cómo gestionar el producto de la mejor manera posible, cuáles son las necesidades marketing y branding, así como la adquisición de talento, que quizás uno de los temas más importantes.

Todo esto, destaca, para lograr sus objetivos que van desde una mayor  expansión geográfica, mejorar la parte tecnológica de su negocio y la adquisición de clientes para llegar a más gente.

“Nuestros emprendedores no están pensando en llegar a ser un unicornio, están pensando en que su solución llegue a la mayor cantidad de personas y que realmente se vuelvan un agente de cambio”,

expresa la directiva.

Fuente: Forbes.

La entrada Softbank, el creador de unicornios, va por más empresas en México y Latam se publicó primero en México 24 siete.

La activista indígena me’phaa tiene 44 años y a partir de 2021 ya no recorre ese trayecto sólo para hacer compras o trámites en Ayutla; ahora lo hace para llegar a un refugio que ella misma ayudó a construir: La “Casa de los Saberes” (Gúwa Kúma, en lengua me’phaa), un lugar que se inauguró a finales de septiembre para atender a mujeres víctimas de violencia, incluida sexual, como la que sufrió Inés.

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El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos de efectivos del Ejército mexicano. Al denunciar, asegura, se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. El tiempo pasó y al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés buscó otras alternativas, lo mismo que se ven obligadas a hacer muchas otras mexicanas, cuyas denuncias por violencia sexual no derivan en una sentencia contra su agresor. Algunas llevan su caso a instancias internacionales o denuncian públicamente, otras se acompañan entre sí durante el proceso de denuncia y algunas más simplemente intentan resignificar lo que vivieron. En la “Casa de los Saberes”, éstas y más opciones están al alcance de quien las necesite.

“Este centro representa una parte de la justicia que he estado esperando por casi 20 años. He tenido que recorrer un camino muy difícil para llegar aquí. En estos años de lucha, viví amenazas y hostigamientos, mi esposo fue amenazado y perdí a mi hermano Lorenzo, lo mataron porque yo exigí justicia”, dice Inés.

Esta historia fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

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De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, organismo que ha dado seguimiento al caso de Inés, al acudir al Ministerio Público municipal, un día después de la violación que refiere Inés, las autoridades se negaron a tomar su declaración e iniciar su denuncia. Argumentaron que estaba mintiendo y tuvo que solicitar acompañamiento a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para poder acudir a la fiscalía estatal. Sin embargo, añade el CDHM, en algún punto del proceso esa comisión perdió las pruebas ginecológicas que se realizan obligatoriamente en este tipo de casos para probar los hechos.

Eventualmente las autoridades civiles transfirieron el caso al fuero militar de la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero. El ejército dice que investigó, pero concluyó que no se había cometido ningún delito y que los nueve militares acusados eran inocentes. El caso fue cerrado.

En 2005, cuando se agotaron los recursos internos en México tras haber apelado en diversas instancias, Inés llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con apoyo del CDHM. De ahí pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el 30 de agosto de 2010 emitió una sentencia en la que declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra.

La CoIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas, que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, es decir, que sean juzgados como cualquier otra persona y no en un tribunal militar. A raíz de esto, el gobierno restableció el proceso y en 2013 se arrestó a dos de los presuntos agresores de Inés. Años más tarde, según informaron las autoridades, uno de ellos falleció en la prisión del Campo Militar, en las afueras de Ciudad de México, y otro permanece ahí mismo sin ser sentenciado.

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El proceso continúa abierto e Inés sigue esperando a que el Estado castigue a quienes hace 19 años la agredieron. “Lo que estoy viviendo hoy es sólo una parte de la justicia que busco. Yo quiero que esta persona pague y sigo esperando a que el gobierno se haga cargo”, dice Inés.

Otra de las medidas de reparación que estableció la CoIDH en su resolución fue la construcción de un centro comunitario para promover los derechos humanos y los de la mujer. Once años después de la sentencia y casi veinte después de la agresión, el Estado concretó la reparación del daño a Inés y así nació la “Casa de los Saberes”.

“La creación de este centro es un poco de la justicia que he buscado para mí y para quienes viven situaciones de violencia en nuestras comunidades para que no vivan lo que yo viví, que no tuve un espacio en el que fuera escuchada y en el que encontrara justicia”, expresa Inés. “Esta parte de justicia la encontré yo con la sentencia de la Corte Interamericana porque no se dio por voluntad del gobierno mexicano sino que (el Estado) fue sentenciado a reparar los daños que me ocasionó”.

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LOS IMPACTOS DE LA DENUNCIA EN LAS VÍCTIMAS

La CoIDH ayudó a visibilizar internacionalmente la violencia que Inés sufrió por parte de los militares y de las autoridades mexicanas, pero también evidenció la impunidad que se vive en el fuero civil al momento de denunciar violencia sexual. Testimonios de víctimas de ese tipo de agresiones recopilados por The Associated Press de marzo a octubre de 2021 muestran que la justicia penal en estos casos es revictimizante, es decir, que cuando las mujeres acuden a las dependencias a denunciar, son tratadas como si hubieran provocado el abuso en su contra y las autoridades no actúan para atender adecuadamente sus reclamos.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de todas las causas para no denunciar, el 61% lo atribuye a la autoridad. Y del total de este porcentaje, un 34% lo considera una pérdida de tiempo, 14% desconfía de la autoridad, 7% cree que los trámites son largos y difíciles, 4% no lo hace por la actitud hostil de los funcionarios y un 1% teme ser extorsionado.

En México, las denuncias que se hacen por violencia sexual son muy pocas. De acuerdo con datos publicados por el INEGI a finales de 2020, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

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Según los datos de los censos nacionales de procuración e impartición de justicia realizados por el INEGI de 2014 a 2018, casi 145.000 víctimas de presuntas violaciones y abusos sexuales presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. No obstante, sólo cinco de cada 100 de esos casos derivaron en una sentencia. Del resto, una gran parte se quedó en las agencias del MP como indagatorias que “siguen en curso” o fueron archivadas por distintas causas.

Ana Katiria Suárez, penalista defensora de género que en 2013 representó a una joven acusada de homicidio calificado por matar a su violador en defensa propia, considera que lo anterior responde a los estándares de misoginia en los que se basan las investigaciones y a la falta de estructura que existe en México para atender este tipo de casos.

En México las denuncias por violencia sexual se presentan en la agencia del Ministerio Público más cercana al lugar de los hechos o al domicilio de la persona denunciante y de ahí se le remite a la oficina de la Fiscalía del estado que corresponda. Alrededor del 90% de éstas cuentan con un área especializada en Delitos Sexuales.

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Ya sea ahí o en la oficina general, la víctima relata lo sucedido y luego acude con un médico legista para que se le realice una revisión ginecológica. Después un perito debe realizarle una entrevista y pruebas psicológicas, y la persona afectada se entrevista con un miembro de la policía de investigación para que se recopilen datos sobre el tiempo y espacio en el que ocurrió el hecho y sobre el presunto agresor que cometió el delito. Con esa información se integra una carpeta de investigación que la víctima podrá consultar aproximadamente 15 días después. Entonces se le designará a un MP que dará seguimiento a su caso.

Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece.

“En este país, el primer obstáculo de las víctimas de delitos sexuales es que se enfrentan a la criminalización por parte de quien tendría que brindarles protección. La idiosincrasia de las autoridades gira en torno a cómo la víctima provocó lo que sucedió y a cómo lo pudo haber evitado, cuando en realidad nada justifica la conducta del agresor”, explica Ana Katiria Suárez, que también se especializa en derechos humanos.

La litigante detalla que las personas que vivieron este tipo de violencia muchas veces no denuncian o no concluyen el proceso porque creen que tienen que protegerse incluso de las autoridades ante las que denuncian. “El proceso es muy lascivo. La mayoría de las veces, desde que llegan a la barandilla, ya hay prejuicios culturales en su contra y por lo general se encuentran con la minimización de estas conductas (abusos sexuales)”, destaca la abogada. “‘No fue tan grave’. ‘Hay asuntos más delicados’. ‘Toma tu turno y regresa en seis horas’. ‘No tenemos médico legista’. Es entonces cuando volteamos a ver al aparato organizacional y operativo de las autoridades y nos damos cuenta de que no se tiene la infraestructura para atenderlas”.

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Por otro lado, el impacto psicoemocional que provoca en las personas reconocerse como víctimas de violencia sexual es devastador y el presentar una denuncia, en ocasiones, llega a intensificarlo. “En cuanto una persona abre temas como éstos, inmediatamente vienen las preguntas y cuestionamientos hacía la víctima y no necesariamente de personas distantes o de publicaciones de las redes sociales. A veces de parte de personas cercanas”, expresa Valeria Moscoso, psicóloga especialista en atención y trabajo psicosocial.

“Son como distintas rupturas de corazón una tras otra, distintos duelos uno tras otro. Se dan cuenta de que no hay una capacidad de conectar con las personas en las que confiaban y de que entiendan lo que implica un hecho de violencia sexual”, comenta la experta. “Si eso es difícil, imagínate estar siendo cuestionada constantemente por distintas autoridades y revisitar la situación violenta una y otra vez. Implica un desgaste emocional muy fuerte”.

La especialista explica que estas experiencias llegan a provocar ansiedad, problemas psicosomáticos, depresión, desconexión y momentos de despersonalización que afectan en sus relaciones interpersonales y laborales. “Por eso hay quienes deciden parar o bien compaginar su proceso con otras alternativas que les permitan acceder a la justicia que el estado de cierta forma les niega”, añade la psicóloga.

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MÁS ALLÁ DE LA JUSTICIA PENAL

Han pasado más de 15 años desde que Claudia Hernández, licenciada en Ciencias Políticas de 39 años, fue arrestada durante una manifestación en el centro de México mientras, como parte de su tesis profesional, documentaba la protesta.

El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien sería presidente del país entre 2012 y 2018, se realizó un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, que rodea la capital del país. El objetivo era acabar con una protesta enarbolada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), movimiento que se oponía a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. El saldo del operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales del país fue de dos muertos, más de 200 detenidos y decenas de denuncias por detenciones arbitrarias, abusos, tortura y tortura sexual.

Tras su detención, al igual que a otras 50 mujeres, Claudia relata que se le trasladó a un penal para procesarla por los delitos de ataques a las vías de comunicación, terrorismo y asociación delictuosa. Los cargos por los últimos dos delitos se retiraron, pero el primero se mantuvo y aunque se le permitió salir un mes después del arresto, se le sometió a un proceso penal que duró cinco años. En 2011 se determinó que era inocente. La entonces estudiante cuenta que, mientras se defendía de dichas acusaciones, ella y otras 21 mujeres denunciaron formalmente que en su traslado al penal sufrieron abusos y violaciones sexuales por parte de la policía cuando fueron trasladadas.

Al igual que Inés, al agotar todas las instancias judiciales en el país, en 2008 Claudia y otras diez mujeres llevaron su caso a la CIDH. En 2018, la CoIDH condenó a México por no investigar, juzgar ni sancionar a todos los responsables del operativo policial tanto a nivel material como intelectual. Es decir, no sólo a los policías, sino también a la cadena de mando y a los funcionarios públicos que participaron en la planeación del operativo. Sin embargo, a tres años de esa determinación de la CoIDH, la investigación continúa estancada. Se han procesado a decenas de policías y médicos legistas, pero ningún funcionario público ha sido vinculado a proceso y hasta la fecha no hay sentencias condenatorias.

Melissa Zamora es co-coordinadora del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organismo que representa a Claudia y a sus compañeras. Ella explica que elevar las denuncias de las mujeres a instancias internacionales o de derechos humanos porque el Estado no les responde es un tipo de justicia que se deriva del agotamiento de recursos. “Se busca cuando ya no hubo ninguna otra alternativa o cuando si bien seguían encaminados o seguían abiertos ciertos procesos ya se habían vencido los plazos razonables para que determinada investigación se llevara a cabo”, asegura la abogada.

Sobre la sentencia que emitió la CoIDH por su caso, Claudia asegura haberse sentido liberada aunque al paso del tiempo se dio cuenta de que la condena seguiría pendiente. “Dije: ‘Ya acabó, vamos a obtener justicia. Lo logramos, avanzamos, pero no. Es increíble ver la falta de coordinación administrativa e interinstitucional (del gobierno), la falta de compromiso por cumplir sus competencias y sus atribuciones”, expresa. “Ha sido difícil, pero tenemos la sentencia de la Corte que nos avala y aunque va a ser una lucha muy larga, no vamos a dejar de insistir hasta que se cumpla”.

En paralelo al proceso penal, en 2014 las mujeres de Atenco lanzaron una campaña llamada “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” que busca visibilizar esta práctica, promover la denuncia y generar solidaridad con otras sobrevivientes. Desde el punto de vista de Claudia, crear lazos como éste con otras sobrevivientes ayuda a los procesos de sanación de cada una y muchas veces el apoyo y acompañamiento que se gesta es clave para poder acceder a la justicia.

“Cuando a mí me pasó, tuve que enfrentar a mi familia y explicarles que había sido violada y que no había sido mi culpa. Te tienes que enfrentar a ellos, al Estado y demostrar que fuiste víctima de violación”, explica. “Quien me empujó a salir adelante fueron en un principio mis amigas y después ahí estuvieron los colectivos y las organizaciones, esperándonos con los brazos abiertos. Tener la compañía de esa gente que te hace entender que tú no eres culpable de nada te permite seguir luchando”.

Edith Escareño, psicóloga especializada en violencia de género y violaciones a derechos humanos, opina que este tipo acompañamientos se han convertido en otra alternativa a la justicia penal para las víctimas de violencia sexual. “El sistema, así como está, a las mujeres no nos están sirviendo. Por eso se crean estas otras formas de justicia que buscan resignificar sus experiencias con quien sí escucha y entiende y acompañar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Es apabullante porque cuando el sistema falla y no se castiga la violencia como tal, hay un contrapunteo de resistencia”, explica la experta. “La colectividad les ayuda a no vivir el proceso solas y a tomar fuerza para exigir que se respeten sus derechos”.

Para las 11 mujeres de Atenco, la justicia se alcanzará cuando el Estado sancione a todos los implicados en el operativo de 2006, cuando se concrete la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de la entonces Policía Federal (PF) —hoy Guardia Nacional— y cuando se garantice la no repetición de este tipo de crímenes. “No queremos que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras pasamos porque te rompe la vida definitivamente y ninguna mujer tiene que ser violentada a tal extremo”, recalca Claudia.

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JUSTICIA INSTITUCIONAL Y DENUNCIA PÚBLICA

Amy Lira, de 29 años, lo tiene claro: “Ninguna mujer que haya sido víctima de violencia sexual tendría que vivir un proceso de denuncia tan revictimizante como el que se vive en México”. Y lo dice por experiencia propia.

En junio de 2016, la actriz y activista decidió denunciar penalmente por abuso sexual a un director de teatro y profesor mexicano que laboraba en distintas universidades del país. Amy relata que nunca imaginó que además de asimilar la agresión que vivió tendría que enfrentar la “ineptitud” y “la nula perspectiva de género” del sistema de justicia mexicano.

“Desde el momento en el que llegas (al Ministerio Público) te enfrentas a los juicios de todos los funcionarios que te atienden. Desde el MP, hasta los médicos legistas, los auxiliares, los peritos y hasta de los propios abogados”, relata Amy. “Las evaluaciones médicas son terribles y para realizarlas llegas a esperar horas. Redactan las denuncias como quieren, entonces además de estar reviviendo tu experiencia a cada momento, tienes que cerciorarte de que en realidad están escribiendo lo que tú estás diciendo”.

Amy se enfrentó a ese sistema durante tres años. Se presentaba en el MP constantemente para revisar la carpeta de su investigación, pero nada cambiaba. A veces le llegaban a su casa citatorios para acudir al MP aunque ya habían vencido y acudía ante las autoridades a reportar la situación, pero meses más tarde volvía a suceder. Eventualmente optó por no darle continuidad a la denuncia. “Decidí no seguir después de la última queja de inconformidad que metí en junio del 2019 por la revictimización que viví”, afirma.

No obstante, dejar de lado la vía penal no evitó que Amy continuara buscando justicia. Desde finales de 2017, comenzó a colaborar con Casa Mandarina, organización no gubernamental creada hace 21 años para erradicar la violencia sexual y con su ayuda realizó denuncias públicas e institucionales contra el profesor agresor, quien además acumulaba denuncias por parte de otras estudiantes y actrices. “Abarcamos todos los lugares en donde este señor estaba relacionado institucionalmente. Le habían ofrecido un puesto en Tlalnepantla (Estado de México) con el gobierno de ese entonces. Casa Mandarina presentó un escrito como denuncia institucional informando de la situación y ya no le dieron ese trabajo”, cuenta Amy.

“Lo denunciamos frente a la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Nos pusieron muchísimos peros, pero logramos que no le renovaran el contrato de arrendamiento del Teatro Coyoacán. Y pues enviamos la denuncia a las universidades en las que había trabajado pero ahí sólo nos comunicaron que ya no laboraba ahí”, añade. Paralelamente, la activista realizó una denuncia pública que propició que su agresor ya no hiciera producciones teatrales, pues siempre convocaba a personas jóvenes. “Yo lo que creo es que la denuncia penal ayudó a dar un sustento, absurdo, pero había una denuncia en trámite y eso presionó muchísimo a las instituciones porque siempre preguntaban si ésta existía”, detalla.

Amy también optó por acompañar a otras sobrevivientes de violencia sexual. En 2019 se convirtió en la directora de acompañamiento de Casa Mandarina, pues está convencida de que los procesos de sanación no deben transitarse en soledad y de que la vía penal no es la única opción para obtener justicia. “Nuestra recomendación siempre es denunciar para generar un antecedente (penal) y porque tiene mucho que ver con el recuperar la voz, pero no todas quieren eso y hay que respetarlo”, explica. “Hay alternativas como las denuncias institucionales, académicas o las denuncias públicas o masivas que circulan sobre todo en redes sociales”.

Movimientos como el #MeToo y #Yosítecreo que surgieron en 2017 y 2018 para denunciar agresiones y acosos sexuales son para Amy ejemplos de que la denuncia pública funciona. “Lo que pudimos observar es que hay muchísimas sobrevivientes que quieren denunciar a sus agresores y lo hacen buscando justicia social, pero también para generar una advertencia y un antecedente, pues en muchas ocasiones a través del sistema judicial eso no sucede y es importante prevenir a la sociedad de un delito que puede repetirse”, asegura.

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UN PANORAMA DIFUSO EN MÉXICO

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a julio de 2021, en México se han denunciado 151.264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual.

La AP buscó en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Delitos Sexuales y a la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) solicitando su opinión sobre la alta incidencia de estos delitos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el gobierno ha admitido anteriormente que en denuncias de violencia sexual predomina la impunidad.

En su diagnóstico sobre la atención por violencia sexual de 2016, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) señala que “existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas (…) la desconfianza de las víctimas hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los(as) operadores(as) del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco jurídico local —con frecuencia carente de enfoques psicosocial, de género, diferencial y especializado, así como de derechos humanos—”.

La ENVIPE de 2020 realizada por INEGI reveló que en 2019, la cifra de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación ascendió a 92.4% a nivel nacional. Considerando que, según la ENVIPE, en promedio sólo el 2% de los casos de violencia sexual se denuncian, es difícil saber exactamente cuántas mujeres han experimentado este tipo de agresiones, cuántas requieren apoyo y cuántas siguen en búsqueda de justicia, aunque ésta no sea penal.

Inés es firme: para todas las mujeres que viven situaciones de violencia sexual denunciar y no quedarse calladas es primordial. “Se necesita de mucha fuerza para exigir justicia pero hay que hacerlo, de la manera que sea. (Las sobrevivientes de violencia sexual) vivimos situaciones muy difíciles todos los días, por eso la justicia que busco no es sólo para mí, es para ellas, es para todas”.

Claudia, por su parte, cree que el proceso de cada sobreviviente es distinto y que las formas de sanar y obtener justicia también lo son. “Algunas están en procesos de sanación, otras de lucha y otras no quieren salir del cascarón y las entiendo. No están solas. Hablar de lo que pasó ayuda mucho porque demuestras que esto existe y que el Estado mexicano no está haciendo nada para solucionarlo”. Tras una breve pausa, Claudia respira y sonríe: “Nunca vuelves a ser la misma, pero te reconstruyes a partir de lo que tienes”.

Fuente: Los Angeles Times.

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Taiwán busca una relación más pragmática con México ya que existe complementariedad y oportunidades para generar más cooperación en diferentes ámbitos que van desde el intercambio comercial, cultura, turismo y más.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Alexander Tah-Ray Yui, destacó que su país es una democracia vibrante, una economía abierta y una sociedad responsable por lo que quiere extender una mano amiga para que florezca la relación con México y con el mundo.

“A pesar de que los países no tienen relaciones diplomáticas formales no significa que no pueda haber relaciones pragmáticas y sustanciosas como en el tema de comercio e inversiones, así como a nivel cultural, deportivo y en todos los aspectos. No tener relaciones diplomáticas no debe ser un impedimento para que la relación pueda florecer aún más entre México y Taiwán”,

aseguró el viceministro en conferencia virtual.

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Consideró que luego del levantamiento de restricciones de viajes por la pandemia de COVID-19, debe considerar el acceso libre a viajeros taiwaneses para que no tengan que solicitar una visa previa para llegar a México, una medida que facilita el intercambio de viajeros y que contribuiría a la recuperación del turismo post pandemia.

Actualmente los taiwaneses tienen que solicitar una visa que cuesta alrededor de 1,000 pesos para transitar por nuestro país.

“Es un tema que se está hablando continuamente con el gobierno federal mexicano. Si un taiwanés tiene una visa física americana no necesita visa para entrar a México, pero como tenemos visa de acceso libre a Estados Unidos no tenemos visa física lo cual se requiere en México”,

dijo el alto funcionario.

La isla desarrolla su propia vacuna anticovid y está dispuesta en compartirla a los países que lo requieran.

En busca de un acuerdo comercial

Taiwán solicitó el apoyo mexicano para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (TIPAT, por su sigla en inglés), ya que la nación asiática está lista para detonar el desarrollo del comercio regional Asia-Pacífico, además de que contribuiría a multiplicar el flujo comercial de inversión. La asociación con los 11 miembros representaría el 25% del comercio de la nación asiática.

Recalcó que Taiwán al ser miembro del CPTPP sería benéfico de beneficio mutuo ya que aumentaría las inversiones entre ambos países y se fomentaría la exportación de productos mexicanos hacia Taiwán, como el aguacate, entre otros. “Taiwán es un socio estratégico que sirve de puente para América Latina y Estados Unidos”.

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Pese a que los países mantienen una fuerte relación comercial no existe certidumbre o protección para los inversionistas, ni incentivos comerciales ni preferencias arancelarias.

En nuestro país hay alrededor de 300 empresas taiwanesas, las cuales generan 60,000 empleos.

“Con México no hay acuerdos comerciales, con la carencia de acuerdos no tenemos protección de inversiones, existe doble tributación, si lo tuviéramos sería más atractivo para que los inversionistas vinieran a México”, dijo.

Fuente: El Economista.

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