En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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«Hemos visto las amenazas que se han hecho contra periodistas en México, es un hecho»,

dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada al respecto por Efe en su rueda de prensa diaria.

La portavoz reaccionaba así al comentario de López Obrador de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, debía estar «mal informado» cuando denunció, en un tuit, que hay un «alto número» de periodistas asesinados en México este año.

«El secretario Blinken estaba expresando su preocupación de parte de Estados Unidos sobre esos abusos (contra periodistas en México). Estaba hablando sobre los hechos que hemos visto sobre el terreno»,

subrayó Psaki.

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Este martes, Blinken escribió en su cuenta de Twitter que el «alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes».

«Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad»,

añadió.

López Obrador aseguró este miércoles que creía que Blinken «está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe».

«Lo que él está sosteniendo no es cierto», dijo el presidente mexicano en su conferencia de prensa matutina, en la que agregó que «no hay impunidad, no son crímenes de Estado».

Añadió que su Gobierno está «atendiendo» esos crímenes y opinó que al secretario de Estado estadounidense sus asesores «lo están engañando o lo están utilizando».

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El presidente aseguró que dio instrucciones al canciller, Marcelo Ebrard, para que envíe a Blinken una relación de todos los casos de periodistas asesinados en México.

La semana pasada, el Gobierno mexicano presentó un informe sobre las investigaciones de asesinatos a periodistas y manifestó su respeto a quienes ejercen el oficio. De forma paralela, lamentó que se utilicen los asesinatos de periodistas para fomentar una campaña mediática contra su Administración.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo del mundo y suma ya cinco reporteros asesinados en lo que va de 2022, una cifra elevada que ha conmocionado a la nación.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024). EFE

Fuente: Swiss Info.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la petición del periódico The Washington Post, medio que hizo un llamado a Joe Biden a condenar “los ataques a los periodistas mexicanos y hacer un llamado a nuestros aliados democráticos para que apoyen a la prensa libre”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano se mofó de la solicitud del diario estadounidense y aseguró que su gobierno no reprime ni vulnera los Derechos Humanos del gremio periodístico.

“Estaba yo leyendo que el Washington Post está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México, qué no sabe cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentía el dueño de México, cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país, ¿no lo sabe el Washington Post?”,

preguntó el titular del Ejecutivo entre risas.

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Este martes, el periódico The Washington Post publicó una editorial en su sitio web en el que acusó a AMLO de atacar a “una de las figuras mediáticas más destacadas del país”, en lugar de abordar temas como la violencia contra el gremio periodístico.

“México está experimentando uno de los períodos más letales para los periodistas, con cinco asesinatos en lo que va del año. Pero en lugar de abordar estos peligros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó gran parte de su conferencia matutina habitual del viernes 11 a atacar a una de las figuras mediáticas más destacadas del país”,

afirma la editorial.

AMLO pide que periodistas ‘famosos’ transparenten sus ingresos

En este contexto, hizo un llamado a comunicadores “famosos” a no aparentar que están representando al pueblo de México, cuando en realidad lo que están haciendo es un “periodismo al servicio de privilegiados y corruptos”. Así como a transparentar sus ingresos por ser un tema de interés público.

“Todos tenemos que informar, todos debemos estar sujetos al escrutinio público por eso es importante ahora el debate en el caso de periodistas famosos porque representan grupos de intereses creados”,

manifestó.

Fuente: El Financiero.

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México se encuentra a un escalón de caer a un régimen autoritario, señaló la revista The Economist en su análisis sobre el Índice de Democracia 2021. Las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus reformas en temas de democracia son factores que disminuyeron la calificación del país.

De acuerdo con la revista de Londres, México obtuvo 6.07 puntos de calificación en 2020; sin embargo, en 2021 su evaluación retrocedió a 5.54 puntos, lo que lo coloca en un régimen “híbrido” provocado por algunas de las acciones que el mandatario mexicano ha realizado.

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“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó sus esfuerzos por concentrar poder en la rama ejecutiva. En agosto, López Obrador dijo que buscaría una reforma total de las autoridades electorales del país, al considerar que están parcializadas contra su gobierno, y dijo que están ‘al servicio de la antidemocracia”, señaló The Economist en su análisis sobre la situación en México.

El medio británico señaló que AMLO “incrementó sus ataques contra los medios y se ha vuelto cada vez más intolerante con sus críticos, incluyendo aliados. Los elevados niveles de la violencia de los cárteles tuvieron un impacto en las elecciones de medio término en junio y representaron riesgos crecientes para la democracia mexicana”.

A nivel global, la democracia cayó de 5.37 por ciento en 2020, a 5.28 por ciento en 2021 y destacó que más de un tercio de la población mundial vive bajo un régimen autoritario y que solamente el 6.4 por ciento disfruta de una democracia plena, señaló la revista.

El análisis de The Economist se realiza tomando en cuenta cinco categorías que incluyen proceso electoral y pluralismo; funcionamiento del gobierno; participación política; cultura política y democrática; y libertades civiles, y la calificación de un país estriba en ser considerado una democracia plena, democracia deficiente, un régimen híbrido o una autocracia.

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Entre los países que mostraron una calificación mayor con una democracia plena se encuentran Nueva Zelanda, Alemania, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Japón.

Fuente: El Financiero.

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Si bien aclaró minutos después que ello no suponía un fin de las relaciones diplomáticas entre ambos países sino «un comentario, una plática» más bien informal, sus palabras fueron un paso más allá en su ya tensa relación con España, a cuyo Rey pidió hace tres años -sin éxito- que pidiera disculpas por los excesos cometidos durante la Conquista.

Tras la polémica causada por sus ambiguas declaraciones, AMLO se vio obligado este jueves a matizarlas. «No se habla de ruptura sino de una protesta fraterna», dijo, dirigiendo sus críticas en específico hacia las empresas españolas presentes en el país azteca.

«Tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista», 

aseguró.

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Madrid respondió este jueves que «rechaza tajantemente las descalificaciones» de AMLO contra España y sus empresas.

«El gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones»,

dijo en un comunicado el gobierno español.

Aunque ninguna ha sido denunciada ante la Justicia por el gobierno mexicano, las empresas españolas han sido señaladas en multitud de ocasiones por AMLO desde que accedió al poder. Las acusa de haber firmado contratos en condiciones ventajosas y bajo conflictos de intereses con gobiernos pasados de México.

Pese a lo habitual del mensaje, expertos alertan que no se debe pasar por alto el impacto que esta postura del mandatario podría tener para ambos países y sobre la confianza de las compañías españolas, teniendo en cuenta su importante rol inversor en México.

¿Cuál es la presencia en México de empresas españolas?

España es, de hecho, el segundo país que más invierte en México -solo por detrás de Estados Unidos- a través de 7.000 empresas dedicadas a sectores que van desde el eléctrico hasta el bancario.

Durante los primeros nueve meses de 2021, la inversión española fue de US$76.000 millones, lo que representa el 12% de la Inversión Extranjera Directa (IED) de México.

Un claro ejemplo son BBVA y Santander, distinguidos como los dos mayores bancos en el país. CriteriaCaixa tiene una participación del 9,1% en Inbursa, el grupo financiero del multimillonario Carlos Slim. Banco Sabadell, por su parte, opera en México desde 2014.

En el sector de telecomunicaciones, Telefónica Movistar es el segundo operador de México con algo más del 20% de líneas móviles de acceso a internet, solo por detrás de la firma Telcel de Slim.

Iberdrola, por su parte, es el mayor productor privado de electricidad en México. Da servicio a más de 20 millones de personas y en 2019 generó el 16% de la energía de país. También Gas Natural Fenosa está presente en el país azteca.

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En hidrocarburos, Repsol contaba a finales de 2020 con unas 250 estaciones de servicio en México. Cepsa opera a través de su red de estaciones Red Energy.

Además, la inversión española es la segunda más importante para la industria turística mexicana, especialmente en la zona de Cancún y Riviera Maya. En 2018, ascendió a los US$213 millones.

«Todas estas empresas son importantísimas y muestran que uno de cada diez dólares que llegan a México en términos de inversión extranjera provienen de España, lo cual es muchísimo»,

destaca Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La experta alerta del peligro de desestimar la importancia de España como peso fuerte para la economía de México, «especialmente cuando sabemos que desde 2019 la inversión en el país va en declive».

«Esta inversión genera nuevas empresas y nuevos empleos, que son condiciones fundamentales para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Definitivamente, ambos países tienen beneficios de esta relación»,

añade en entrevista con BBC Mundo.

En España, séptimo país al que más se exporta desde México, existe además una inversión mexicana que supera los US$25.000 millones, destacó el gobierno español en su comunicado en el que calificó a ambos países como «socios estratégicos».

¿Cuáles son las críticas de AMLO?

AMLO ha señalado en innumerables ocasiones las condiciones abusivas en las que supuestamente operan en el país algunas empresas españolas gracias al apoyo de gobiernos anteriores. «En cada sexenio había una empresa favorita de España», dijo este jueves.

«Estamos hablando de subsidios, dinero de todos los mexicanos que, en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo, se usaba para favorecer a estas empresas», aseguró en conferencia de prensa. «Ya no se acepta la corrupción»,

remarcó.

Así, criticó por ejemplo que Iberdrola se convirtiera «en una especie de monopolio en México y recibiera un trato privilegiado» durante el gobierno de Felipe Calderón, de quien recordó que entró a trabajar al Consejo de Administración de la compañía eléctrica tras su mandato junto a quien fuera su secretaria de Energía.

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Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica española que ya ha recurrido legalmente varias medidas adoptadas por el gobierno de AMLO, aseguró a finales de 2020 que Iberdrola había completado la inversión prevista en el país latinoamericano y que no iniciaría nuevas acciones si el gobierno mexicano no lo deseaba.

AMLO hizo estas declaraciones mientras su reforma eléctrica, uno de sus proyectos estrella que pretende fortalecer a la empresa estatal en detrimento de las privadas, está siendo debatido en el Congreso.

De la constructora OHL, el mandatario dijo que «era la empresa favorita en el sexenio pasado (del expresidente Enrique Peña Nieto)». La compañía estuvo envuelta en polémicas durante el pasado gobierno por la filtración de conversaciones que apuntaban a a una presunta corrupción por parte de funcionarios del gobierno y directivos que acabaron saliendo de la empresa.

De Repsol aseguró que «solo el análisis de cuánto se llevaron de México en el gobierno de Calderón, solo de cuánto dinero del presupuesto público obtuvieron, ayudaría a comprender que fue un abuso».

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También dirigió sus dardos a BBVA. «El presidente del consejo de Bancomer, que ahora pertenece a empresarios españoles, se pronunció en contra mía diciendo que era un populista (…). Pues ¿cómo se sentían? Los dueños del país».

Desde el IMCO, Gutiérrez no descarta que puedan haberse cometido abusos en algunos casos de empresas españolas, pero recuerda la importancia de que las acusaciones estén respaldadas por investigaciones que lo demuestren.

«No se pueden hacer simplemente declaraciones al aire si no van acompañadas de acción jurídica y acción legal»,

señala.

Para la experta, «es un error generalizar los posibles casos que pueda haber y ‘contagiárselo’ a todas las demás inversiones españolas en el país. Es un error verlas a todas como la misma cosa y, definitivamente, es un error verlas como algo nocivo para México».

¿Cómo podría afectar a la inversión española en México?

Así, aunque las críticas de AMLO hacia el empresariado español son ya habituales en su retórica, Gutiérrez pide no minimizar su posible impacto.

«Estos eventos atacan a la certeza de las inversiones en el país (…). Si el presidente está poniendo en duda las inversiones provenientes de países específicos, indudablemente va a tener efecto sobre las decisiones de esos inversionistas de a dónde dirigir sus recursos»,

opina la analista del IMCO.

«Y es mala noticia si vemos que otros países como China, Singapur o India están teniendo un impulso para verse como destinos más atractivos de inversión, mientras que en México es lamentable que no esté ocurriendo lo mismo».

Al menos hasta pocos días antes de estas polémicas declaraciones de AMLO, España aseguraba seguir decidida a apostar por su inversión estratégica en México.

Como ejemplo, la Cámara Española de Comercio en México (Camescom) destacó el pasado 4 de febrero cómo la inversión extranjera global recibida por México en 2020 cayó un 19%. Sin embargo, la procedente de España solamente disminuyó un 1%.

«Se demuestra así, de nuevo, el compromiso y vocación de permanencia de la inversión española en el país»,

subrayó el organismo en un comunicado.

Aún está por ver si habrá cambios en su estrategia tras esta nueva escalada en la tensión de la relación de AMLO con el empresariado español.

Fuente: BBC.

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El asesinato de un periodista en el estado de Michoacán conmocionó nuevamente a México y al mundo. El reportero Roberto Toledo fue baleado el último lunes (31.01.) por tres sujetos en el estacionamiento del edificio de la redacción del portal Monitor Michoacán donde trabajaba. Con él, ya son cuatro los comunicadores asesinados en el país en las primeras cuatro semanas de 2022.

Días antes, la organización Artículo 19, que defiende la libertad periodística en el mundo, contabilizaba 148 periodistas mexicanos asesinados desde el 2000 hasta la fecha. 28 de esos crímenes ocurrieron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018. DW habló con Paula Saucedo, oficial del programa Protección y Defensa de la oficina mexicana de Artículo 19, que, además del reciente asesinato, ha seguido los casos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

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DW: Señora Saucedo, el director del portal Monitor de Michoacán ha declarado que su medio ya venía recibiendo amenazas. ¿Por qué exactamente y quién se podría haber incomodado con el trabajo de Toledo?

Paula Salcedo: Lo que sabemos hasta el momento es que, por lo menos, desde el 27 de enero el equipo recibía amenazas. Fue justo tras publicar un video en la página de Monitor de Michoacán, que cubría principalmente algunos casos de detenciones arbitrarias y extorsión que habría realizado la Policía Municipal en Zitácuaro. Roberto Toledo colaboraba de distintas formas en el medio, saliendo a reportear o tomando fotografías. Pero es muy importante mencionar que las amenazas iban contra todo el medio. Por eso es esencial que en las investigaciones se incluya la labor informativa del medio, no importando de qué manera colaboraba Roberto Toledo.

Ante las amenazas, ¿sabe usted si el periodista o sus colegas estaban tomando algunas medidas de seguridad?

Al parecer había entre ellos un cierto tipo de monitoreo y el mismo 27 de enero querían contactar al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación. Pero, desafortunadamente, no lo hicieron antes del lunes, cuando asesinaron al periodista. Ahora ya están en contacto con las autoridades. Sin embargo, justo en este punto, hay un problema del Mecanismo, al que le falta un enfoque más preventivo, porque muchas veces para recibir protección se tiene que haber recibido una agresión.

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¿Qué significa para México el asesinato del periodista Toledo, el cuarto en apenas un mes?

Hoy en día ser periodista en México significa muchos riesgos y se ejerce en un contexto bastante hostil. En Artículo 19 registramos que cada 14 horas un periodista es atacado por ejercer su labor. Existe una estigmatización contra el periodismo, principalmente llevada a cabo por el presidente y otros servidores públicos, además de la precarización en la que se ejerce la labor. Por todo esto, el periodismo en México está bajo asedio y amenaza constante. Y cuando la prensa de un país está en esa situación, la democracia de ese país también está en juego o es una democracia simulada. No se puede hablar de democracia sin una prensa libre.

La Fiscalía de Michoacán informó que ya realiza investigaciones para determinar si el homicidio de Toledo está relacionado con su actividad periodística o con el despacho de abogados en el que también colaboraba. ¿Cree usted que, de cierto modo, se minimiza el caso emitiendo pronunciamientos prematuros?

Una de las principales cosas que establece el protocolo homologado para investigar crímenes contra la libertad de expresión es que se tiene que respetar la línea de investigación. Para eso es muy importante que las autoridades se abstengan de emitir juicios sobre los casos hasta que las líneas de investigación no estén agotadas. Porque si desde un comienzo se está delimitando, restringiendo o ignorando la labor informativa del medio, difícilmente van a llegar a conclusiones robustas.

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Precisamente algo parecido ocurrió tras el asesinato del periodista Margarito Martínez, el 17 de enero en Tijuana, sobre el cual las autoridades comunicaron que, según los primeros datos, podría tratarse de problemas personales entre vecinos…

Estas declaraciones pueden estigmatizar al periodista y desvirtúan la investigación. De esta forma re victimizan y sacan conclusiones sin siquiera haber pasado muchas veces 24 horas de los crímenes. Siendo honestos, ojalá así de rápido avanzaran las investigaciones en México, pero eso no ocurre.

Teniendo en cuenta experiencias parecidas en los últimos meses, ¿por qué las autoridades mexicanas no ofrecen ayuda rápida cuando un periodista alerta que está siendo amenazado?

Como dije, las autoridades no tienen un enfoque preventivo. Además, hay una gran burocratización dentro de los Mecanismos, como de otras instancias estatales, para brindar protección. Muchas veces, cuando se conjuga la necesidad de los medios de sacar varias notas y más fuentes de ingresos, debido a la precarización de los medios, es difícil para muchos periodistas cumplir con los requisitos que solicitan las autoridades para que se les brinde protección. El Estado está obligado a proteger no solo a la prensa, sino a cualquier persona en territorio mexicano.

Precisamente, el actor que más agrede a la prensa en México es el Estado y sus funcionarios públicos. Entre un 40 y 45 por ciento, en promedio anual, de las agresiones a comunicadores están directamente vinculadas a servidores públicos. Y la mayoría de los periodistas que son atacados cubren temas de corrupción y política, como en el caso de Toledo, Maldonado, Martínez y Gamboa.

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¿Qué seguridad da estar inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas, como lo estaba Lourdes Maldonado? Ella, incluso, le llegó a decir cara a cara al presidente López Obrador «Temo por mi vida”.

El Mecanismo de por sí es necesario, pero es insuficiente. Por ejemplo, este no tiene las facultades que tienen las fiscalías. Y la impunidad, justamente, permite la reproducción de esta violencia. Atacar a un periodista en México es muy barato. No hay garantías de que no vuelva a ocurrir, no hay reparación al daño y no hay acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, difícilmente los mecanismos van a poder implementar todas las cuestiones necesarias para prevenir la violencia, cuando hay otras autoridades de los tres niveles de gobierno que no están actuando.

Además de abstenerse de estigmatizar a la prensa y rechazar públicamente estos crímenes, las autoridades tienen que fortalecer los mecanismos de forma financiera y técnica. Sin olvidarse de las fiscalías, donde, por ejemplo, no hay capacidades forenses porque están saturados.

Fuente: DW.

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