México ha superado la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde 1964, según el contador oficial donde el Gobierno va registrado una de las listas más ignominiosas que enfrenta el país. Un conteo que experimentó un incremento a partir de las políticas de militarización de Felipe Calderón en 2006. La cifra, sin embargo no ha tenido más eco que el del silencio en la conferencia matutina del presidente, donde se han tratado temas de seguridad nacional. Los organismos internacionales, sin embargo, han recordado este martes la necesidad de que México “redoble los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición”. Así se ha expresado en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”,

dice la declaración que llega de la ONU.

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En dicho comunicado se reconocen los “pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones y la creación de comisiones de búsqueda en todos los Estados”, que México viene dando en los últimos tiempos. Pero también es cierto que los cientos de activistas y familiares que luchan cada día por sacar a la luz a estos desaparecidos, vivos o muertos, tienen que comprarse en ocasiones sus propias palas para poder escarbar en la tierra en busca de huesos. Por no hablar de la inseguridad en la que desempeñan esta labor.

Bachelet ha rendido homenaje en su comunicado a todas estas buscadoras “que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias”.

En México se han creado comisiones para revisar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Pero nada parece suficiente ante un goteo que se incrementa cada día. Agentes públicos de las tres administraciones siguen siendo responsables directos de las desapariciones forzadas, pero también la delincuencia organizada, que cuentan con la “aquiescencia, participación u omisión de los servidores públicos”. Difícil desenvolver una madeja en la que los perseguidos por el delito se confunden con los perseguidores del delito.

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Es reconocido que en esta Administración se ha ganado en transparencia respecto a estos casos. Entre 2020 y 2021 el país ha tomado algunas decisiones relevantes, como reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar estos asuntos. El pasado noviembre, México “se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 Estados y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, según detalla el comunicado de Bachelet.

La Alta comisionada sigue de cerca este enorme problema que enfrenta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “una tragedia humana de enormes proporciones”, ha dicho.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”,

señala en su comunicado.

Por eso, desde la ONU se recomienda apoyar con todos los recursos necesarios a estas familias que remueven la tierra en busca de sus desaparecidos, una tragedia, que a decir de ellos mismos tiene efectos más perniciosos que la asunción de una muerte. Las Naciones Unidas hacen un llamamiento “a mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas”.

Fuente: El País.

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