“Absolutamente no tendrá impactos negativos la reforma judicial. Primero, se trata de una decisión soberana de México y los países estarán respetuosos con esa decisión”, dijo la canciller a pregunta expresa de El Sol de México.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que la reforma judicial que busca impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su sexenio podría tener un efecto en la revisión del T-MEC que se hará en 2026.

La canciller mexicana además detalló que ningún gobierno extranjero los ha consultado para saber sobre los alcances que tendría la reforma judicial, incluso puso como ejemplo otras naciones que han modificado su sistema judicial.

“Lo que hemos visto es que hay países que también han aplicado una reforma al Poder Judicial: en el caso de Japón en donde sus jueces son elegidos o el caso de Estados Unidos en donde la mitad de los jueces son elegidos y la otra mitad es por concurso”, dijo Bárcena al subrayar que México no es el único país que está analizando este tema.

Esta mañana se llevó a cabo la cuarta reunión para la Cooperación y Desarrollo Global organizado por MIKTA, una organización internacional que busca soluciones a la desigualdad y la pobreza.

“Lo que queremos en esta reunión es identificar en qué áreas podemos colaborar y compartir buenas prácticas y compartir nuestras capacidades”, dijo Alicia Bárcena durante el foro realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

MIKTA está integrado por cinco países: Indonesia, República de Corea, Turquía, Australia y México, realiza foros informales de diálogo, entre sus integrantes, con base en sus coincidencias y su pertenencia a otros foros internacionales como G20 y Naciones Unidas.

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Bárcena visitará en Texas las urbes de El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo para tratar temas de migración, infraestructura fronteriza, comercio y reuniones con aliados estratégicos sobre las acciones que México realiza ante la Ley SB4 y otras iniciativas legales antimigrantes, según una nota informativa de la Cancillería.

La canciller tendrá una agenda intensa. Hoy miércoles inicia con un recorrido por uno de los centros integradores para migrantes de Ciudad Juárez para después seguir con diversas reuniones de trabajo en El Paso, Texas.SRE

Durante la gira, que durará hasta el 20 de abril, Bárcena visitará El Paso Healing Garden, un memorial dedicado a las más de 20 personas, la mayoría de origen mexicano, que murieron por el tiroteo del 3 de agosto de 2019 en esa ciudad, donde se reunirá con familiares de las víctimas.

Entre los funcionarios que acompañarán a la secretaria están Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte de la SRE; Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, y Cristina Plantea Riebeling, directora general de Asuntos Políticos para América del Norte.

La visita ocurre en medio de la creciente presión para abordar el flujo migratorio en la frontera este 2024, cuando coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos.

La tensión aumentó desde el año pasado, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó una cerca de púas en la frontera y ahora busca implementar la Ley SB4 para que las autoridades estatales puedan realizar tareas migratorias, una facultad del Gobierno federal.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos bloqueó la medida el 18 de marzo y ahora analiza su validez.

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México es una de las economías de Latinoamérica con menores políticas públicas implementadas para proteger el empleo durante la pandemia por la COVID-19, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Nuestro país adoptó sólo dos de ocho medidas observadas en la región para sostener la ocupación ante el impacto de la emergencia sanitaria.

Si la adopción de estas políticas públicas fueran un maratón, México sólo le ganaría a Barbados y Granada, ambos países con una sólo medida implementada, pero estaría por debajo de naciones como Belice, Guyana y Surinam, donde se registran tres acciones y muy alejado de economías como Argentina, Brasil, Chile o Panamá.

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Durante la pandemia, México sólo adoptó el trabajo remoto y la «prohibición de despidos» como políticas para proteger el empleo, según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19 de la Cepal.

Estas medidas observadas en nuestro país se quedan cortas en comparación con las ocho acciones observadas entre los países de la región, entre las que se encuentran los mecanismos para la suspensión temporal de contratos de trabajo, programas especiales de capacitación, uso de vacaciones vencidas o adelantadas, cambios en las jornadas laborales, acciones para la creación de empleos y licencias para personas trabajadoras que se encuentran en grupos vulnerables.

En el comparativo regional, Argentina y Colombia son los únicos países donde se reportaron las ocho políticas de protección al empleo. Brasil implementó siete, sólo dejando fuera las licencias para personas en grupos vulnerables, y Chile adoptó seis medidas.

En términos generales, el trabajo remoto fue la medida más adoptada en la región, esta modalidad ha sido impulsada como política laboral en 23 de los 33 países que integran la Cepal. Los cambios en las jornadas de trabajo, acción observada en 20 naciones, fue la segunda estrategia más recurrente, seguida de la suspensión temporal de los contratos de trabajo y los programas especiales de capacitación, ambos con presencia en 13 economías.

Aunque el teletrabajo fue una medida que minimizó el impacto de las restricciones de movilidad en el empleo, “este tipo de alternativas sin duda se ven limitadas por la propia naturaleza de la actividad que se desarrolla, así como por el acceso a servicios de Internet y la disponibilidad de equipos apropiados, por lo que suele ser más factible en los sectores formales y entre las personas de nivel educativo más elevado”, subrayó el organismo internacional en el estudio.

De acuerdo con la Cepal, la pandemia desencadenó la crisis más severa en los mercados laborales de la región desde 1950. En Latinoamérica y el Caribe la población ocupada se redujo 9% en 2020. El organismo proyecta que la recuperación del empleo en 2021 no será suficiente para que la región retorne a sus niveles pre pandemia.

Mayor impacto en jóvenes y mujeres

La pandemia no discrimina como tal, pero los problemas estructurales de la región sí llevaron a que el impacto de la crisis por la COVID-19 fuese desigual. De esta manera, las mujeres y los jóvenes conforman los grupos más castigados en materia laboral durante la emergencia sanitaria.

En el caso de las mujeres, la participación laboral femenina se redujo a 46.9%, nivel que implica un retroceso de una década. El organismo internacional estima que en 2021 esta cifra incrementará a 49.1%, una proporción que apenas se acercará a lo reportado en 2008.

Por otra parte, los jóvenes en una ocupación disminuyeron de 38.1 a 32.7% en 2020; la recuperación del empleo para este grupo ha sido lento.

En políticas públicas para apoyar el empleo femenino y el juvenil, México también destaca en la región entre los países con menores medidas implementadas. Aunque a nivel regional, este tipo de acciones fueron menos adoptadas en comparación con las que estaban vinculadas a la protección del empleo.

En nuestro país sólo se aplicaron dos políticas de 10 medidas complementarias observadas en la región. México implementó apoyos en las actividades en las que se concentra el empleo femenino y juvenil, principalmente por el impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro, y licencias por embarazo.

Sin embargo, el nivel de respuesta de nuestro país en esta materia se equipara al de economías como Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Granada o Dominica, donde también se adoptaron sólo dos medidas complementarias para apoyar el empleo de las mujeres y los jóvenes.

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En contraste, naciones como Argentina adoptaron ocho políticas complementarias para apoyar la ocupación femenina y juvenil; y Chile implementó seis acciones.

“Impulsar el empleo demandará políticas productivas y laborales para promover la inserción laboral, en especial de mujeres y jóvenes”,

resaltó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

En ese sentido, la alta funcionaria de las Naciones Unidas puntualizó que deben ampliarse los programas para fomentar el empleo, principalmente el de estos dos grupos.

Fuente: El Economista.

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