En un comunicado, la Fiscalía del céntrico estado de Puebla dijo que tras las investigaciones que ha desarrollado, la institución solicitó, obtuvo y “cumplió órdenes de aprehensión en contra de personal del Centro de Reinserción Social (Cereso, penitenciaría) de San Miguel -en la ciudad de Puebla capital-, incluyendo niveles directivos”.

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Además, la institución precisó que los delitos por los que se investiga a las 19 personas son abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y encubrimiento.

La Fiscalía indicó que continuará con la investigación hasta esclarecer en su totalidad los hechos por los que inició diligencias el pasado 10 de enero.

El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre de 2021, estremece a México desde hace dos semanas, cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable.

El bebé, que había sido enterrado en un cementerio de la zona de Iztapalapa, en el suroriente de la Ciudad de México, presentaba una herida en el abdomen por lo que una de las hipótesis iniciales era que su cuerpo se había utilizado para transportar droga.

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Después se aclaró que la herida correspondía a una operación que se le practicó al menor de edad, quien murió el 5 de enero por problemas intestinales en la Ciudad de México.

Sus padres se enteraron del hecho por los reportes de la prensa, que señalaron que el bebé portaba un brazalete en su muñeca izquierda con sus apellidos.

El caso ha despertado un escrutinio contra el Gobierno federal porque los gobernantes de Puebla, Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa pertenecen todos al oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por la prensa sobre el asunto, respondió que el caso es un “fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente”, en referencia a los “gobiernos neoliberales”.

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El hecho también ha levantado polémica porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a investigar el caso, mientras que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, advirtió a periodistas y activistas de que “tengan cuidado” al indagar la historia.

Fuente: Los Angeles Times.

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La caravana migrante había partido de la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, el pasado 18 de noviembre con alrededor de 2.000 integrantes.

Los migrantes se habían cansado de las largas demoras para la emisión de visas en Tapachula, donde muchos aseguran que no pueden encontrar trabajo.

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El Instituto Nacional de Inmigración señaló que los migrantes habían accedido a detener su macha el martes en la localidad de Mapastepec, cerca de Tapachula. La dependencia difundió un video en el que se ve a muchos de los migrantes abordando autobuses hacia otras ciudades en el centro y el occidente del país.

Una caravana migrante que partió en octubre se encuentra actualmente en el estado de Veracruz, pero su número se ha reducido en varios cientos en relación a los alrededor de 4.000 que iniciaron el trayecto.

Las autoridades mexicanas habían dicho que los intentos por recorrer el sur de México representaban un riesgo a la salud y la seguridad de los migrantes, muchos de los cuales van acompañados de menores de edad.

El gobierno mexicano había dependido de una estrategia para contener a los migrantes al extremo sur del país a fin de aligerar la presión en la frontera con Estados Unidos.

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Pero dichas entidades son algunas de las más pobres y existen muchas más oportunidades de encontrar trabajo en los estados del norte y el occidente de México.

Los activistas aseguran que incluso aquellos migrantes que han recibido visas humanitarias que supuestamente les permiten trasladarse por México han sido detenidos por agentes de inmigración, quienes los envían de regreso a Tapachula.

Las caravanas migrantes comenzaron hace varios años como una manera para que los migrantes que no tienen dinero para pagarles a traficantes se sintieran más seguros viajando en grupo hacia la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, Guatemala y México han implementado medidas más agresivas recientemente para dispersar los contingentes con fuerzas de seguridad.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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