En un acto de organización colectiva, trabajadores de la Ciudad de México se concentraron frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje para acompañar el proceso de toma de nota de su dirigente, Hugo Alonso Ortiz. La movilización reunió a integrantes de múltiples secciones, quienes acudieron de manera coordinada para expresar su respaldo al liderazgo sindical.

Desde temprana hora, los trabajadores comenzaron a instalarse en las inmediaciones del tribunal, generando una presencia significativa que destacó por su orden y disciplina. Los participantes portaban identificaciones de sus respectivas secciones, lo que permitió visualizar la diversidad de representación al interior del gremio y, al mismo tiempo, su cohesión.

Durante la jornada, los asistentes manifestaron su respaldo mediante consignas dirigidas a reconocer la gestión de Ortiz, a quien señalaron como un actor clave en la defensa de los derechos laborales. De acuerdo con testimonios recabados, la movilización responde a la importancia de asegurar la continuidad en la dirigencia, así como de garantizar certeza jurídica a través del reconocimiento formal de la autoridad laboral.

Asimismo, los trabajadores coincidieron en que este proceso resulta fundamental para preservar la estabilidad interna del sindicato, evitando escenarios de incertidumbre que puedan afectar la operación y representación del gremio. La toma de nota fue señalada como un elemento central para mantener la estructura organizativa vigente.

La movilización se llevó a cabo de manera pacífica, con la presencia de elementos de seguridad que supervisaron el desarrollo de la concentración sin intervenir, al no registrarse incidentes.

Finalmente, los trabajadores reiteraron su compromiso con la unidad sindical y su respaldo a Hugo Alonso Ortiz, a la espera de la resolución del tribunal, que consideran determinante para el futuro inmediato de su organización.

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Mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se enfrenta a señalamientos por usar sus investigaciones como herramienta de presión, su titular, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, vuelve a exhibir la selectividad y el oportunismo que marcan su gestión.

La investigación que huele a consigna

El nombre de Abelardo Valenzuela volvió a los titulares tras anunciar que su Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la renuncia de la jueza María Cristina Berjes Cardoso, quien dejó su cargo para asumir una secretaría de sala. Aunque el hecho, en apariencia administrativo, fue presentado como un acto de transparencia, detrás del anuncio muchos vieron una jugada política: un expediente abierto en el momento exacto en que el poder judicial chihuahuense se encuentra dividido por pugnas internas.

Valenzuela aprovechó el eco mediático para posicionarse como “defensor de la legalidad”. Pero más que combatir la corrupción, su fiscalía parece estar librando batallas mediáticas por encargo. El discurso anticorrupción volvió a ser su escudo: frases solemnes, declaraciones grandilocuentes y cero resultados verificables.

Fiscalía selectiva: castiga a unos, protege a otros

Desde su llegada, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua actúa con una doble vara: investiga con estridencia a figuras que incomodan al poder político, mientras guarda silencio en casos donde los nombres involucrados son aliados o cercanos al gobierno estatal.

En el caso de la jueza Berjes, el mensaje fue claro: la fiscalía está lista para castigar… siempre que convenga al guion político del momento.

Bajo el mando de Valenzuela, la justicia se volvió un instrumento narrativo. Cada investigación o declaración pública está calibrada para reforzar la imagen del “fiscal que no teme”, aunque en realidad solo se atreva con quienes ya fueron señalados desde arriba.

La justicia como espectáculo

Valenzuela se ha convertido en un maestro del timing mediático. Su oficina lanza comunicados justo cuando algún escándalo político amenaza con salpicar al gobierno o a sus aliados.

Así, los titulares sobre su supuesta “implacabilidad” funcionan como cortina de humo: distraen la atención mientras los verdaderos casos de corrupción permanecen bajo llave.

En lugar de fortalecer la confianza institucional, esta estrategia convierte a la fiscalía en un show de control político donde el público ya conoce el final: mucho ruido, poca justicia y un fiscal siempre dispuesto a encender los reflectores cuando le conviene.

La credibilidad perdida

Abelardo Valenzuela presume autonomía, pero cada acción de su oficina desmiente su discurso. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no goza de independencia, sino de obediencia.

Y mientras el fiscal siga utilizando el combate a la corrupción como un eslogan personal, la ciudadanía seguirá viendo lo que es evidente: un funcionario que habla de legalidad, pero actúa con cálculo.

En Chihuahua, el combate a la corrupción se volvió un performance, y su protagonista, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, el actor principal de una obra en la que la justicia siempre queda fuera de escena.

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El prolongado litigio entre Evangelina López Guzmán y el magnate gasero Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del emporio Grupo Zeta Gas, se ha convertido en un símbolo de cómo el dinero, la influencia política y las redes de corrupción pueden someter a la justicia durante más de una década. Lo que inició como un divorcio en 2014 en Texas se transformó en una compleja trama internacional de desacatos, ocultamiento de bienes, maniobras legales dilatorias y presunta colusión de abogados y funcionarios en México y Centroamérica.

Sentencias ignoradas y desacatos en Estados Unidos

Registros judiciales en Texas documentan que López Guzmán obtuvo resoluciones favorables, incluida la división de bienes. Sin embargo, Zaragoza Fuentes incumplió citatorios, provocó la emisión de órdenes de aprehensión por desacato y utilizó apelaciones y recursos jurisdiccionales para evadir la ejecución de las sentencias. La impunidad operó a través de un entramado jurídico que dejó sin efecto el mandato de jueces estadounidenses.

México y Costa Rica: la sombra del poder corporativo

Mientras en Houston se libraba la batalla legal, en México y Costa Rica el conflicto escaló hasta afectar la operación de Gas Zeta, con movilizaciones de trabajadores y riesgo de desabasto. Recursos de inconstitucionalidad, bloqueos judiciales y litigios en cortes locales reflejaron la capacidad de influencia del empresario para frenar resoluciones y mantener el control operativo, a pesar de las sentencias.

Red de ocultamiento patrimonial y prestanombres

Investigaciones periodísticas y registros públicos exponen transferencias de activos, uso de fideicomisos y sociedades en múltiples jurisdicciones para impedir el embargo y la recuperación de bienes. Incluso aparece la figura de una exempleada doméstica vinculada a controversias sobre la propiedad de empresas, un patrón común en operaciones para encubrir el verdadero control patrimonial.

Colusión política y tráfico de influencias

Entre las denuncias más graves, Evangelina López Guzmán ha señalado a reconocidos abogados de trayectoria política panista —Eduardo Romero Ramos, Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont Urueta, Marco Antonio del Toro Carazo y Luis Alfonso Cervantes Muñiz— de favorecer intereses de Zaragoza Fuentes. Estos personajes, con historial en casos de alto perfil, han sido relacionados con estrategias para proteger a empresarios poderosos frente a la ley.

El rostro humano de una lucha desigual

A sus años avanzados, López Guzmán continúa presentándose en tribunales, exigiendo la restitución de lo que considera legítimamente suyo. Su caso revela una verdad incómoda: en México y América Latina, una sentencia no garantiza justicia cuando el adversario es un multimillonario con conexiones políticas y capacidad para manipular el sistema judicial.

Un caso que exhibe la debilidad del Estado de derecho

El expediente de Evangelina López Guzmán contra Miguel Zaragoza Fuentes es una radiografía de cómo el poder económico puede distorsionar la justicia, utilizando vacíos legales, amparos, nulidades y la intervención de cortes internacionales para alargar indefinidamente un litigio. Mientras tanto, la confianza ciudadana en la imparcialidad judicial se erosiona frente a casos donde la ley se doblega ante el dinero y la influencia.

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Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de
fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos
mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C.
ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23
tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios
prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.

En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios
hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y
evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política
alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.

“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de
López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra
Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era
funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha
impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma
de poder político.

Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida
por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención
urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al
debido proceso.

Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del
derecho penal con fines políticos.

Fuente: Redacción

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En el proceso de renovación del Tribunal de Justicia del Estado de México, uno de los perfiles con mayor solidez jurídica y sensibilidad social es el del Magistrado Hernán Mejía López. Su experiencia, que abarca todas las materias del derecho, lo posiciona como un candidato con capacidad para atender los retos de un Poder Judicial moderno y plural.

Mejía López es uno de los principales impulsores de la justicia con enfoque intercultural. Fue precursor y primer presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, órgano que promovió sentencias respetuosas de los sistemas normativos propios de los pueblos originarios, reconociendo su derecho a ser juzgados bajo sus propios marcos culturales.

Además, su trabajo ha estado fuertemente vinculado a la promoción de los derechos de las mujeres. Ha sido defensor activo de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los niveles del proceso judicial. En un país donde las desigualdades estructurales son una constante, su labor ha significado un avance hacia una justicia más igualitaria.

Desde el punto de vista técnico, su paso por juzgados de distintas materias le ha permitido construir una visión integral del derecho. Esta trayectoria, sumada a su vocación de servicio, lo hace una opción firme para fortalecer la independencia judicial y ampliar el acceso a la justicia en el Estado de México.

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Edgar Hernán Mejía López, magistrado con una de las trayectorias más completas dentro del Poder Judicial del Estado de México, se presenta como candidato al Tribunal de Disciplina Judicial, en una elección que ha captado la atención por el llamado ciudadano a renovar las instituciones de justicia con perfiles imparciales y con verdadera vocación de servicio.

Con más de dos décadas de servicio, Mejía López ha juzgado en todas las ramas del Derecho: penal, familiar, civil, mercantil, constitucional y asuntos indígenas. Esta versatilidad no solo refleja una formación jurídica integral, sino también un entendimiento profundo de las distintas realidades sociales que enfrentan los ciudadanos al acceder al sistema judicial.

Uno de sus sellos distintivos ha sido su labor desde la Sala de Asuntos Indígenas, donde ha impulsado resoluciones con enfoque intercultural, garantizando el acceso efectivo a la justicia de comunidades históricamente vulneradas, como los pueblos nahuas y afromexiquenses del sur mexiquense.

Ahora, como candidato al Tribunal de Disciplina Judicial —boleta azul, número 31—, propone la transformación de este órgano en una instancia con autonomía real, sin compromisos políticos ni lealtades corporativas.

“No se trata de colocar amigos o conocidos, sino de construir un verdadero órgano de control que fortalezca la confianza ciudadana en la justicia”, ha declarado Mejía en diversos foros.

Durante su campaña ha sostenido encuentros con colectivos ciudadanos, colegios de abogados, académicos y comunidades indígenas, a quienes ha presentado una propuesta clara: un tribunal que sancione con imparcialidad a quienes incumplan la ética judicial, incluso si se trata de jueces, magistrados o integrantes del propio Consejo.

La elección del Tribunal de Disciplina Judicial se realizará el próximo 1 de junio. Edgar Hernán Mejía López ha llamado a ejercer el voto informado, respaldando trayectorias probadas en lugar de intereses políticos. “La justicia debe empezar por la casa”, ha enfatizado.

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«Estamos abiertos, podemos conversar y podemos trabajar juntos siempre y cuando la condición no sea liberar gente sentenciada por la ley ecuatoriana», dijo Noboa en una entrevista exclusiva con AFP en París, en referencia al entonces vicepresidente del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), a quien México otorgó un asilo que Ecuador desconoce.

El quiebre entre México y Ecuador se dio después de que Noboa ordenó una incursión policial en la embajada mexicana para capturar a Jorge Glas, quien se encontraba allí asilado.

El asalto de la embajada para arrestar a Glas por un caso de peculado fue condenado por decenas de países y le valió a Quito una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.

«Quieren que liberemos a Glas y que se lo mandemos. Y para nosotros eso no es posible», reiteró el mandatario ecuatoriano. «Es más, no puedo yo meter mano en la función judicial tampoco. Yo soy el Ejecutivo», apuntó.

Noboa, empresario de 37 años que se autoproclama de centroizquierda, fue reelecto presidente de Ecuador en abril y hasta 2029 tras vencer en el balotaje a la izquierdista Luisa González.

El gobierno de Claudia Sheinbaum en México aún se abstiene de reconocer el triunfo de Noboa luego de las acusaciones de fraude de González, descartadas por observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

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Ciudad de México.– En un contexto donde el acceso a la justicia en México sigue siendo un desafío para millones de personas, el perfil de Manuel Correa Dip destaca por su apuesta decidida a favor de una justicia penal más humana y cercana a la realidad social. Con casi dos décadas de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, el jurista se ha consolidado como una voz crítica de los excesos del tecnicismo judicial.

Correa Dip, actual aspirante a Magistrado de Circuito por las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, ha construido una carrera centrada en la defensa de los derechos humanos y la interpretación constitucional con perspectiva social. Su trayectoria en tribunales federales y su formación en derecho constitucional y amparo lo colocan como una figura clave en el debate sobre la transformación del sistema judicial en México.

“Detrás de cada expediente hay una vida. La justicia no puede reducirse a cumplir con requisitos de forma si eso significa negar el fondo de los derechos de las personas”, ha declarado Correa en diversos espacios públicos. En sus resoluciones, ha privilegiado la aplicación del principio pro persona y la interpretación conforme con tratados internacionales, herramientas jurídicas que fortalecen la garantía efectiva de derechos en nuestro país.

Uno de los ejes principales de su propuesta es superar la cultura del expediente frío y del lenguaje inaccesible, para avanzar hacia una justicia que escuche, atienda y comprenda las realidades de los sectores más vulnerables. Este enfoque resulta fundamental en un país donde la desigualdad y la violencia han generado profundas brechas en el acceso a la justicia penal.

La visión de Correa Dip está alineada con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, y con las exigencias actuales de una ciudadanía que demanda un sistema judicial imparcial, transparente y con vocación social. Su candidatura representa una oportunidad para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial de la Federación y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

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Con AMLO las mañaneras eran un medio propagandístico por excelencia. No se trataba de informar, eran el instrumento ideal para el cobro de facturas, venganzas, ataques dirigidos y, por supuesto, para posicionar la imagen presidencial.

Esas conferencias mañaneras eran también el modus vivendi de buena parte de los reporteros que se presentaban, muchos aprovechaban su espacio y oportunidad para vender su pregunta al mejor postor, la mayoría de las veces vinculados a grupos de poder. Se habían vuelto como una especie de Gestapo donde sin fundamento alguno, cuando se trataba de fastidiar a un enemigo, competidor u opositor, hacían una pregunta sin fundamento, pero “a modo” para que el presidente respondiera.

Como “La Carabina de Ambrosio”, el instrumento supuestamente diseñado para informar a los mexicanos se fue convirtiendo en un show cómico y poco serio de propaganda y descalificación, donde los “adversarios” se juzgaban y sentenciaban.

Se percibe un cambio

Con Claudia Sheinbaum la mañanera se mantiene bajo un esquema similar, pero el fondo cambió radicalmente, lo que es algo de aplaudirse. Ahora llama la atención porque es informativa y se dan a conocer las acciones del gobierno, políticas y sobre la situación que guarda la administración pública federal.

Un claro ejemplo del cambio y de que al parecer la presidenta no se presta a preguntas pagadas o cargadas de intencionalidad perversa, es el cuestionamiento que realizó la reportera de W Radio, Rocío Jardines, quien es conocida por hacer preguntas mandadas por grupos muy oscuros con la intención de desprestigiar o chantajear.

La reportera preguntó en referencia a unas explosiones registradas en Tamaulipas y de entrada juzgó, sentenció y embarró a los gobiernos federal y del estado, de corrupción, lo que pretendía era que la presidenta explotara en favor de quienes “sembraron” su pregunta, asegurando que “hay denuncias en este estado, de que al parecer existe complicidad entre el gobierno estatal con esta empresa porque no se ha atendido a las personas afectadas. Fue un caso que incluso tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezaba a darse un acercamiento con las familias; sin embargo, se detuvo, presidenta. Las familias siguen gastando en su tratamiento físico. Tenemos el caso del que le estamos dando mucho seguimiento, es Thalía Martínez y su familia que, bueno, ya lleva muchísimas operaciones debido, precisamente, a las consecuencias de estas explosiones.”

Y termina ordenando a la presidenta actuar fuera de la ley, por consigna y de manera amenazante: “¿Y qué hará su gobierno, para evitar este tipo de corrupción?”.

La mandataria respondió de forma muy diferente a su antecesor, con calidad, respeto y apegada a su investidura: “Bueno, no, no lo catalogo como corrupción, habría que ver exactamente qué pasó. Es muy sensible Américo Villarreal. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Icela y la Comisión de Víctimas que pueda ver exactamente qué pasó y siempre atender a las familias.”

El asunto es que el hermano de la afectada es un reportero, un influencer llamado, Salvador Martí conocido en redes sociales como “wikichava” y labora en diferentes medios como Radio Fórmula, con Fernanda Familiar, Teleradio y el Programa Hoy, donde han hecho eco sin presentar prueba alguna, de algo que al parecer se ha convertido en su modus vivendi.

La respuesta que dio la presidenta de investigar a fondo e instruir a la secretaria de gobernación Rosa Icela para conocer el origen de la explosión, parece que no le gustó al wikichava ni a su jefa Fernanda Familiar, quien en su programa radiofónico se fue ahora contra la secretaria de medio ambiente, Alicia Bárcena.

Apoyándose en una periodista amiga suya del diario Le Monde, Anne Vigna, no importó que la presidenta pidió que se investigue a fondo, no le gustó que interviniera la secretaria de gobernación, quien sabe de periodismo y de cómo los chacales se comportan, entonces decidió desviar la atención: “Exhorto a través de este micrófono, doy un llamado directo a Alicia Bárcenas de Semarnat. Alicia, conoce este caso y dale el seguimiento adecuado que las víctimas necesitan. Yo te agradezco, Ann, y sigamos en contacto para la información que yo tengo por acá y la información que tú puedas publicar por allá, porque en la fuerza del periodismo estará la justicia para estas víctimas.”

Firmeza

Realmente es un alivio que la presidenta con firmeza cierre el paso a vividores del periodismo que solo desvirtúan, confunden y confrontan a la sociedad, y nos alejan de un verdadero Estado de derecho y justicia.

Durante los dos meses que van de su gestión, Sheinbaum ha tratado asuntos delicados y de trascendencia nacional, como el conflicto entre los líderes de la cámara, el Infonavit, la estrategia de seguridad y los operativos que se han ejecutado, sin embargo, no paran reporteros como la representante de W Radio, que tratan de sorprender y sacar raja.

[Cortesia de SDP Noticias]

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En un comunicado, y tras la primera reunión con el dirigente Alejandro Moreno, los legisladores priístas manifestaron que el senador Beltrones Rivera ha atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido.

Además, el sonorense queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido.

Recordaron que Beltrones actualmente enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión, conforme a los estatutos y normativas internas del PRI.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se encuentra conformado por 15 senadoras y senadores, quienes «continúan trabajando con el compromiso y la dedicación que caracteriza a nuestra bancada».

La dirigencia determinó que Manuel Añorve será también el próximo coordinador en la Cámara Alta.

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