Justicia selectiva y persecución política en Chihuahua

Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro
caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de
Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por
peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado
impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo
represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela.

Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de
fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos
mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C.
ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23
tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios
prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.

En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios
hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y
evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política
alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.

“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de
López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra
Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era
funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha
impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma
de poder político.

Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida
por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención
urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al
debido proceso.

Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del
derecho penal con fines políticos.

Fuente: Redacción